Proyecto busca el fomento del libro con impuesto a la importación de ropa usada

El proyecto, convocado por el Gobierno para estas sesiones extraordinarias y presentado por el diputado Mario Castillo, busca impulsar la lectura y escritura, así como la producción y la circulación del libro en todos sus formatos.

El proyecto, convocado por el Gobierno para estas sesiones extraordinarias y presentado por el diputado Mario Castillo, busca impulsar la lectura y escritura, así como la producción y la circulación del libro en todos sus formatos.

En breve, el proyecto ordena un impuesto a la importación de ropa usada, que será administrado por un consejo nacional creado para esos efectos, con base en una política definida en ese sentido.

¿Fomento a la lectura?

El proyecto ordena la creación de un Plan Nacional de Lectura, que será administrado y ejecutado en conjunto por el Ministerio de Educación (MEP) y el de Cultura y Juventud (MCJ). La creación de ese plan es parte, además, del programa de Gobierno del presidente Alvarado y luego fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el 2018.

Sin embargo, el plan no parece instrumentalizado en la ley, cuyo énfasis se siente más en el tema del libro, su producción y distribución.

Al MEP le tocará velar “para que la educación en todos sus niveles, modalidades y ámbitos, desarrolle las competencias de lectura y escritura, promueva la formación de lectores y escritores para la recreación, la información y la formación personal, y estimule la capacidad de lectura crítica y compleja”.

No obstante, la ley no establece una estrategia metodológica ni curricular para la promoción de la lectura en las aulas costarricenses.

El Estado está obligado a…

El proyecto obliga al Estado, en general, a impulsar “la creación y producción de obras que enriquezcan la oferta disponible de libros” con la participación editoriales y organizaciones interesadas.

También lo obliga a cumplir con sus deberes respecto al libro, mediante funciones que ya realiza aunque parcialmente o de modo incompleto. Entre esas obligaciones la de comprar libros de manera permanente para dotar al sistema de bibliotecas del país y mantenerlo actualizado, en este caso al Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinabi) y la red de bibliotecas de los centros educativos.

Exenciones. La ley establece que las materias primas, insumos y servicios para la edición y producción de libros estarán exentas de impuestos y derechos de aduana, así como del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, la importación y exportación de libros no tendrán ningún impuesto, tasa o gravamen tributario. También serán exonerados del IVA y cualquier otra carga tributaria las ganancias que generen autores e ilustradores, traductores y servicios profesionales entorno a la producción del libro.

Por otra parte, usando el Consejo se “gestionarán acuerdos para obtener tarifas postales y fletes de transporte preferenciales para el libro”.

El Consejo y el fondo para el fomento

La Ley crea el “Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas” como organismo asesor del Estado en la aplicación de una Política Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, así como del fondo recogido por el impuesto a la ropa usada.

Para realizar el plan de fomento se creará también un “Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas”, el que será financiado mediante un impuesto único de un dólar americano por cada kilogramo a la venta masiva de ropa usada, “con exclusión de las ventas realizadas de ropa usada en la forma de prendas individuales”. El impuesto recae en el importador, no es para el comprador.

El Consejo estará adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud y será conformado por 2 miembros de la Cámara Costarricense del Libro (CCL), uno del MCJ, uno del MEP, uno de ACODERE, uno del Sinabi y un representante de los autores que será nombrado por el mismo Consejo.

El proyecto se basa en un modelo formulado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe CERLALC, de la Unesco, por eso se basa en principios rectores sobre la lectura como “un derecho cultural esencial para mejorar los niveles educativos,   científicos y tecnológicos de la población, apoyar la creación y transmisión de conocimientos, el desarrollo cultural de la nación y la circulación de información en el marco de una sociedad democrática, diversa, equitativa y próspera”.

También se basa en el principio que considera al libro como portador de la diversidad lingüística y cultural, como herramienta para la conservación y transmisión del patrimonio cultural de una nación.

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