PAC presentó nuevo proyecto para regular cannabis medicinal y recreativa

Incluye autorización para producir cannabis medicinal y recreativa, así como sus derivados, pero como negocio para pequeños agricultores y encadenamientos que reactiven la economía…

La bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó un proyecto de ley para regular la producción, el consumo y venta del cannabis y sus derivados en Costa Rica.

La iniciativa, bajo expediente 22.482, pretende la ‘formalización del mercado y se generen oportunidades de negocio y trabajo en todo el país, a través del cannabis’.

Para ello, se autorizaría y regularía el uso del cannabis y sus derivados en todas las etapas desde su producción hasta llegar al consumo final, incluyendo la plantación, cultivo, cosecha, producción, transformación, industrialización, adquisición por cualquier título, almacenamiento, comercialización, transporte, distribución, importación y exportación conforme con lo dispuesto en la ley.

“Hay diversas razones relacionadas con el empleo, economía, salud y seguridad, que justifican nuestro impulso a este proyecto. Por ejemplo, permitirá diversificar la producción, y generar nuevos empleos en toda la cadena de valor y oportunidades económicas para enfrentar los efectos de la pandemia, además de proteger a la población de los riesgos asociados al comercio ilegal y fortalecer la investigación sobre sus efectos en la salud”, afirmó el diputado jefe del PAC, Enrique Sánchez.

Se calcula que, solo en el mercado interno las ventas podrían alcanzar los 100 mil millones de colones anuales, lo que representa un 0,32% del PIB. Comparativamente, en el mercado interno, el banano representa un 0.05% del PIB, la piña un 0.04%, el café molido un 0.25%, el azúcar de caña un 0.30%, y los productos de tabaco un 0.03%.

Así lo presenta el diputado Enrique Sánchez:

¿Qué dice el proyecto?

La iniciativa oficialista pretende ‘promover el desarrollo económico- social y reparto de la riqueza’, mediante la regulación de la producción, la industrialización y la comercialización del cannabis y sus productos derivados; así como el fomento de encadenamientos productivos que beneficien prioritariamente a los pequeños productores agropecuarios.

Se permitiría, según el texto, la producción, incluyendo la plantación, cultivo, cosecha, almacenamiento, transporte, el suministro, la compra como insumo para la producción y la venta como materia prima.

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Además, se facultaría la industrialización y el comercio, incluyendo la preparación, elaboración, procesamiento, fabricación, refinamiento, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, importación y la exportación.

En el caso de la exportación o importación, podrá realizarla cualquier persona física o jurídica que cuente con una licencia para producción o una licencia para industrialización y comercio debidamente otorgada y vigente, únicamente desde y hacia países donde se permite el comercio lícito de estos productos.

Dicha ley aplicaría a la actividad empresarial lícita previamente autorizada y relacionada con la plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición por cualquier título, almacenamiento, comercialización, distribución, importación y exportación del cannabis y sus derivados, así como a los sujetos intervinientes en dicho proceso.

Regulación

La iniciativa plantea que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y el Ministerio de Salud, cada uno en el ámbito de sus competencias, asumirán el control y la regulación de las actividades de producción, transformación, la industrialización y la comercialización del cannabis y sus productos derivados.

Además, el Poder Ejecutivo tendrá potestades para regular y limitar el número de licencias a otorgar sobre los usos autorizados en esta ley, así como establecer limitaciones temporales a la producción, a las áreas totales de siembra, a los sectores del territorio nacional donde se permiten estas actividades, al cultivo para consumo personal (autocultivo), a la industrialización, a la comercialización, a la importación y exportación, cuando lo exijan razones de interés público debidamente motivadas.

Cultivo doméstico y autoconsumo

La propuesta autoriza, sin necesidad de licencia, la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de plantas de cannabis de efecto psicoactivo destinados para consumo personal o compartido en el hogar, siempre y cuando se cumplan las demás obligaciones que al efecto se establecen.

Se entienden destinados al consumo personal o compartido en el hogar, la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo en total, siempre y cuando el producto de la recolección de toda la plantación precedente no supere un máximo de 480 gramos anuales.

La marihuana resultante de la cosecha y el cultivo de las plantaciones referidas en este artículo no podrá estar prensada ni ser comercializada de ninguna forma.

El incumplimiento de lo dispuesto conllevará las responsabilidades penales, administrativas y civiles previstas por el ordenamiento jurídico aplicable.

Además, todo particular que plante, cultive o coseche plantas de cannabis de efecto psicoactivo destinadas para consumo personal o compartido en el hogar, de acuerdo con el uso autorizado en la ley, tendrá la obligación de declararlo e inscribirse en el registro respectivo según la reglamentación. De no hacerlo, dicho cultivo doméstico será considerado ilegal con todas las consecuencias jurídicas que prevé el ordenamiento aplicable.

Las personas con cultivos domésticos de cannabis tendrán la obligación de abstenerse de vender o trasladar por cualquier título oneroso el producto de su cosecha a terceros.

Impuestos

El proyecto crea un impuesto específico de 30% al consumo de productos finales con cannabis y sus derivados, de producción nacional o importado.

El cannabis y sus derivados que constituya materia prima, sea este importado o de producción nacional, no estará afecto a este impuesto específico, dado que este se aplicará sobre el consumo del producto final.

Asimismo, los usos autorizados del cannabis y sus derivados quedan sometidos al régimen tributario de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Prohibiciones

El proyecto oficialista prohíbe la venta de productos con cannabis psicoactivo a personas menores de edad. Asimismo, no podrán dedicarse a la plantación, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, comercialización, distribución, importación o exportación de cannabis o sus derivados, ni ser empleados por otras personas para tales fines

Los vendedores de productos con cannabis psicoactivo tendrán la obligación de colocar a su costo, carteles visibles, claros y destacados en el interior de los lugares de venta que indiquen que se prohíbe la venta de productos con cannabis psicoactivo a personas menores de edad.

Los comerciantes permanentes u ocasionales que vendan productos con cannabis psicoactivo estarán obligados a exigir la presentación de la cédula de identidad u otro documento de identificación válido, en el momento de la venta. La violación de lo dispuesto aparejará las responsabilidades penales previstas por el ordenamiento jurídico aplicable.

Igualmente, se prohíbe cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de cannabis y sus derivados por cualquier medio.

Además, sería prohibido conducir cualquier vehículo por la vía pública bajo la influencia del cannabis psicoactivo, cuando la concentración de tetrahidrocannabinol (THC) en el organismo sea superior a 50 nanogramos por mililitro de sangre (50 ng/ml).

Se impondrá una multa categoría A, conforme con lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Tránsito a quien conduzca irrespetando dicha prohibición.

En caso de violación de la ley, el Ministerio de Salud, el MAG y el MEIC, en el ámbito de sus competencias, sancionarán a las personas físicas o jurídicas responsables de las infracciones indicadas en el artículo anterior, con la imposición de una multa de entre diez (10) y cien (100) salarios base.

Además de las sanciones de multa indicadas, las autoridades competentes podrán clausurar los locales que reincidan en el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente ley. Todo lo anterior, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por eventuales ilícitos de índole penal.

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