Juez cuestionado por favorecer apropiación de tierras indígenas

El juez había acogido una medida cautelar y ordenado el desalojo de las y los recuperadores Brörán de la Finca Crun Shurin, ubicada en el territorio indígena de Térraba.

El Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José revocó una sentencia del juez Jean Carlo Céspedes Mora de Buenos Aires de Puntarenas en la que ordenaba desalojar recuperadores indígenas de una propiedad.

El juez había acogido una medida cautelar y ordenado el desalojo de las y los recuperadores Brörán de la Finca Crun Shurin, ubicada en el territorio indígena de Térraba, al sur del país.

La nueva resolución rechazó la medida cautelar que ordenaba el desalojo, este último solicitado por las 5 sociedades anónimas que estaban usurpando el terreno y que son representadas por Eladio Ramirez Gonzales.

Céspedes Mora ha sido ampliamente cuestionado y denunciado por las organizaciones indígenas que buscan recuperar tierras ocupadas por finqueros de manera ilegal por mostrar parcialidad en sus decisiones.

Entre las denuncias, destaca que el Juez en cuestión es casado con una hija de Luis Chinchilla, persona no indígena que ocupa ilegalmente tierras en los territorios indígenas de Térraba y Boruca.

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Según la información emitida por varias organizaciones indígenas, “el juzgador  en cuestión es investigado tanto a nivel penal como administrativo y las irregularidades denunciadas ya fueron comunicadas a la Inspección Judicial, según lo dio a conocer la Fiscalía General de la República, mediante el oficio FGR 298-2018 del 5 de junio de 2019″.

Además, esas organizaciones piden que por causa del “evidente conflicto de intereses de que es parte Céspedes Mora, el mismo sea retirado del conocimiento de cualquier causa relacionada con los pueblos originarios; sin embargo hasta el momento no hay respuesta de parte del Poder Judicial sobre esta exigencia”.

En el caso de la última resolución, el Tribunal Agrario en San José revocó la resolución del juez en cuestión indicando que “carece de un elenco de hechos probados y no probados, debidamente razonados, con los cuales el a-quo podría adoptar la medida cautelar, lo que sería suficiente para anular la resolución apelada. Sin embargo, el Tribunal considera que el a-quo, lejos de resolver la medida cautelar, más bien emite pronunciamiento de fondo sobre el interdicto planteado”.

Según la revocatoria del juzgado en San José, el juez Céspedes “anticipa el criterio y resuelve dicha pretensión, sin haber evacuado la totalidad de los elementos probatorios“.

Además, la resolución indica que pareció ilógica la demora en la medida cautelar.

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