El exdiputado y exministro de Economía, Welmer Ramos González, explicó que los ministros y ministras enfrentan una gran responsabilidad que no puede pasarse por alto: los ministros son querellados muchas veces, afirmó.
El criterio de ilegalidad sobre el aumento de salario lo comporten los diputados del Frente Amplio, quienes además dejaron ver que existe una incongruencia política; también el exdiputado Welmer Ramos y varios abogados que conocen bien esa ley y su aplicación. Pero el merecimiento es otro asunto.
Sin respaldo del estado
Ramos González además agregó que no cuestiona el merecimiento o no de ese aumento, porque quienes han estado en una función pública como ministros (él fue ministro de Economía durante la administración Solís Rivera) deben enfrentar decenas de querellas legales en las que el estado no colabora.
Ramos agregó que las cámaras, sindicatos y grupos de interés se dedican a crear acusaciones incluso por cosas absurdas para desprestigiar a los funcionarios que no siguen sus intereses o imposiciones. Todos los gastos legales al respecto debe cubrirlos el jerarca, sin apoyo del estado.
“Una cosa es lo que se puede hacer, la regla fiscal es muy clara y no hace excepciones, y creo que el presidente se embarcó, lo otros es si es eso justo o no, ahí yo no estoy entrando a valorar; lo que te digo es que al aceptar un puesto ahí lo van a querellar muchas veces y el estado no le brinda absolutamente ningún respaldo de defensa”, explicó Ramos.
Es decir, la responsabilidad es muy fuerte y los blindajes son inexistentes, sobre todo cuando son jerarcas que quieren hacer cambios importantes que afectan intereses de grandes conglomerados o grupos empresariales y financieros, como le tocó a él cuando quiso liberar los precios del cemento que manejaban en duopolio dos empresas en Costa Rica. Cemex y Holcim.
Recuerda que en aquel momento la prensa que respondía a los intereses de esas empresas, como CRHoy, crearon el famoso caso del Cementazo, para traerse abajo los intentos por ampliar la competencia y bajar los precios del cemento. Al final, dominaron la opinión pública y se trajeron abajo las buenas intenciones que se gestaron.
Sin embargo, afirma que este no es el mejor momento para impulsar un aumento de este tipo, porque se enfrentaría a la ilegalidad a raíz de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La ley establece que la regla fiscal no tiene excepciones y está prohibido aumentar la base salarial de todos los servidores públicos mientras la deuda pública sea de entre 45 y 60% del PIB.