Contraloría da el visto bueno para comprar tobilleras que fueron cuestionadas

El Gobierno anunció hoy que la Contraloría General de la República dio el visto bueno para comprar tobilleras que fueron anteriormente cuestionadas por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

El ente contralor informó que el contrato será a un plazo de 48 meses y un precio unitario de $5,989.

El aval contralor declaró sin lugar 3 recursos de apelación de interesados sobre esta compra del Ministerio de Justicia y Paz, a favor del Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR (Servicios de Gestión en Seguridad Vial SGSV Sociedad Anónima-Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima-Synergye Tecnología Da Informaçao LTDA), por un plazo de 48 meses y cuyo precio ofertado es de $ 5.99 por tobillera.

Según la Contraloría, los recursos admitidos para estudio fueron declarados sin lugar, por las siguientes razones:

• “Recurso interpuesto por el Consorcio BEP: por incumplimiento con la certificación IP68 que acredita que el funcionamiento del dispositivo y sus componentes no se verá interrumpido por la exposición al polvo y al agua.
• Recurso interpuesto por el Consorcio SOIN-TRACK: por incumplimiento relacionado con el sistema de posicionamiento GPS, al no acreditar que el dispositivo de vigilancia electrónica puede trabajar con redes Wifi de forma complementaria.
• Recurso interpuesto por la empresa Consorcio SPC-ATTENTI: por incumplimiento relacionado con el consumo de los aires acondicionados de la solución”.

El Ejecutivo resaltó de manera insistente que con esta compra existe un ahora del 50% en la compra de esos aparatos para privados de libertad con el beneficio de libertad condicional o con movilidad condicionada.

“Desde el Ministerio de Justicia y Paz, garantizamos una migración al nuevo sistema, en completo orden, seguridad y transparencia”, expresó el ministro Gerald Campos.

“Corresponde a la Administración proceder con la suscripción del contrato con el Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR e iniciar la ejecución contractual con la etapa de implementación de la solución”, informó Presidencia.

El pasado 15 de febrero, el Ministerio de Justicia y Paz firmó una contratación de urgencia con la empresa del Estado, Radiográfica Costarricense (RACSA) para dar continuidad al servicio, pues a la media noche de este 08 de marzo vence el contrato actual. Esa contratación de urgencia continuará mientras se logra confirmar el nuevo contrato que ya queda avalado.