Venta del Banco de Costa Rica, desarrollo territorial y la señora de Purral ◘ Voz Propia

Desarrollo territorial no comercial

OPINIÓN. Por Omar Jiménez Cambronero*. Alguno economistas y políticos neoliberales suelen medir  la rentabilidad de las empresas públicas como si estuvieran midiendo la rentabilidad de una empresa privada, considerando únicamente costos y utilidades, sin darle prácticamente ningún valor al servicio social, a la contribución al desarrollo económico y el aporte indirecto que brindan las instituciones y empresas públicas en la generación de empleo, en virtud del servicio que prestan.

En una de las declaraciones del Presidente Rodrigo Chaves en torno a su proyecto de vender el Banco de Costa Rica dijo, palabras más, palabras menos, que a la “señora de Purral” le daba lo mismo si el Banco de Costa Rica pasa a manos privadas, como lo que le puede significar que el BAC San José sea un banco privado, porque para la “señora de Purral” el hecho de que el BCR sea del Estado no le representa ningún beneficio.

No pretendo en este comentario, profundizar en el análisis respecto del aporte económico que el BCR da a algunas instituciones o programas sociales como contribución por medio de las cargas parafiscales, como por ejemplo a CONAPE, a la Comisión Nacional de Emergencia y al Fondo de Pensiones del IVM, ese tema ya ha sido abordado por algunos economistas.

Por ahora baste decir que, si un desastre natural afectara la comunidad y/o la vivienda de la “señora de Purral”, la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) para atender ese desastre natural va a tener que emplear recursos económicos que se obtienen en parte con aportes por pago de obligaciones parafiscales del BCR; o que si un hijo o nieto de la “señora de Purral”, ingresa a estudiar en una institución de Educación Superior, posiblemente le permitiría estudiar con mejores condiciones si cuenta con un préstamo que le brinde CONAPE, gracias a recursos económicos que se obtienen en parte con el aporte del BCR; lo mismo si algún familiar cercano de la “señora de Purral” se jubila con una pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social en el Régimen de Pensiones del IVM.

Pero, reitero profundizar en esos aspectos no es el propósito del presente comentario, se trata del desarrollo territorial.

Lo que me interesa analizar acá es la importancia que reviste para los pobladores de las zonas rurales, especialmente los pueblitos más alejados y pequeños del país, la existencia de una sucursal bancaria en la cual realizar sus transacciones financieras, tramitar créditos para sus actividades productivas y en general para el desarrollo de la actividad económica y la generación de empleo en esos poblados.

El BCR, cuenta actualmente con 226 oficinas y 592 cajeros automáticos distribuidos a lo largo y ancho del territorio Nacional. Algunas de estas sucursales las encontramos en: San Vito, Upala, Pital, Puerto Viejo de Sarapiquí, Cahuita, Pacayas, Batán de Matina, Guayabo de Bagaces, Paso Canoas, Sabalito, Puerto Jiménez de Golfito, La Cruz, Peñas Blancas (frontera con Nicaragua), Venecia de Carrandi en Matina, Playa Sáhara y Playa Nosara en Nicoya, Palmar Norte y Uvita, Mal País en la Península de Nicoya, Montevideanos,  Muelle y Santa Rosa de Pocosol en San Carlos, Puerto Viejo en Talamanca y San Marcos de Tarrazú.

Un banco privado no va a abrir ninguna sucursal en ningún pueblo en el que la existencia de esa sucursal no le resulte financieramente rentable.

Para el Bac San José, para el Banco Metropolitano, o para cualquier otro banco privado, el beneficio social, la contribución al desarrollo económico y/o la generación de empleo en esas comunidades, los tiene sin cuidado, ese no es su negocio, su negocio son las ganancias económicas que puedan obtener al captar dinero de todos nosotros y colocarlo con una taza de intermediación que les genere la mayor cantidad de ganancias al menor costo posible.

Uno de los principales problemas del país, es la desigualdad en el  desarrollo económico y de oportunidades educativas, culturales y laborales que existe entre el área metropolitana y el resto del país, especialmente en las zonas costeras y comunidades más pobres del territorio nacional.

De ahí que, una de las tares impostergables en la construcción de una sociedad con equidad en las oportunidades para sus habitantes es el impulso de políticas públicas dirigidas a promover un mayor desarrollo económico y social en esas poblaciones, que han sufrido el abandono durante prácticamente toda su historia.

La venta del BCR, significaría, sin duda, un nuevo golpe a nuestras comunidades rurales, porque no hay que tener un Doctorado en economía, ni mucho menos, para saber que un Banco Privado va a cerrar, sino todas, la mayoría de las sucursales en esos pueblos, con las consecuencias negativas que ello implica para  la “señora de Purral”; para el señor de La Fresca en Lepanto, para la joven de La Francia en Limón; para el joven de Katira en Guatuso; para el señor de La Cecilia en La Cruz y para todos  los habitantes de las zonas más alejada del país.

Dicho sea de paso, el posible cierre de la gran mayoría de sucursales del BCR en esas comunidades, en caso de que se convierta en un banco privado, es un aspecto que debe valorarse también para entender que evidentemente no es cierto que no se vayan a producir despidos de personal.

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*Omar Jiménez C. Abogado y profesor universitario, especialista en derecho aduanero. Docente en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Tecnica Nacional, La Universidad para la Cooperación Internacional, La Universidad de San José. Ha publicado diversos artículos de opinión en temas políticos y de realidad nacional, así como poesía.

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