Documento: Universidades públicas ofrecen datos y hechos para desmentir a detractores en redes sociales

#Quenolemientan Las universidades públicas envían un rotundo mensaje de rechazo a las declaraciones de la ministra Müller y los troles que defienden mentiras en redes.

Las organizaciones en defensa de las universidades públicas publican un documento, que coincide con los datos aportados por las mismas universidades, para desmentir mitos y falsedades que se divulgan en redes sociales.

Los datos oficiales confirman los números de este documento que le compartimos con propósito informativo. También los rectores y vicerrectores de la UNA y la UCR salieron en video a desmentir lo que se dice en redes.

Cuando la muerte no alcanza segunda edicion

Datos sobre universidades públicas

Las universidades públicas cumplen en todos sus extremos con las necesidades del país indicadas en el comunicado emitido por el Gobierno, a saber:

1. Durante el año 2021 más de 140 mil estudiantes cursaron estudios en nuestras universidades y de ellos, el 63% contaron con algún tipo de becas, porcentaje superior al 80% en las regiones periféricas del país.

2. Todas las universidades públicas desarrollan carreras en Ciencias, Tecnología,Ingenierías y Matemáticas lo que ha permitido que Costa Rica genere más y mejores empleos, de calidad, pero también formamos estudiantes en Ciencias Sociales, de la Salud, Arte, Educación, Administración, imprescindibles en la construcción de una sociedad heterogénea, que respeta las capacidades, habilidades y oportunidades para todas y todos los habitantes.

3. Las universidades públicas han cumplido con la Ley 9635 en materia de empleo público y Regla Fiscal, y en los últimos años han generado acciones contundentes de control del gasto, así mismo se tiene en marcha la construcción de un Régimen de Empleo Universitario con fundamento en los principios de la Ley Marco de Empleo Público, que entrará en vigencia en el 2023.

4. Desde antes de la emergencia nacional provocada por la COVID-19, venimos desarrollando modalidades de carreras con plataformas tecnológicas, que facilitaron la continuidad del servicio y el aumento de la matrícula estudiantil, en un periodo de alta complejidad.

5. Compartimos la oportunidad de que la UTN sea parte del FEES, con el traslado de los recursos asegurados desde el MEP.

6. Todos los programas de investigación y extensión que desarrollamos están vinculados al Plan Nacional de la Educación Superior y al Plan Nacional de Desarrollo, información que está a disposición de todo el país. Y muchos de ellos tienen vinculación directa con el mejoramiento de la educación costarricense. Más del 90% de la investigación desarrollada en el país se realiza en las universidades públicas.

7. Trabajamos en el fortalecimiento del bilingüismo en nuestras universidades, pero también fuera de ellas, ya que poseemos programas para la enseñanza de idiomas en distintas zonas de Costa Rica, dirigidos a toda la sociedad costarricense.

8. El 67% de los estudiantes son, en sus familias, los primeros en ingresar a la educación superior y más del 80% provienen de colegios públicos.

9. El 94% de las personas graduadas de las universidades públicas cuenta con empleo.

10. La Universidad Pública ostenta los primeros lugares en el Índice de Transparencia del Sector Público, publicado por la Defensoría de los Habitantes, por lo que no admitimos falta de transparencia o actuar mediante engaño.

Las universidades públicas lograron un acuerdo en 2019.
En 2019 hubo un acuerdo entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa y CONARE para el FEES.

11. Desde hace más de 80 años, posibilita a miles y miles de costarricenses un lugar para aprender, para formarse como profesionales y personas, en las más variadas carreras y disciplinas.

12. Impulsamos la creación de conocimientos y la transferencia a los sectores sociales y productivos sin afán de lucro, para beneficio espiritual y material de la Nación.

13. La Sala IV declaró con lugar el reclamo de constitucionalidad por los recortes hechos por el Congreso en las partidas N° 60103 001 1310 3440 222 y N° 60103 280 1310 3440 222 del artículo 2º, de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019. La Asamblea Legislativa no tenía competencia para ejercer tal conducta, al no existir el diferendo previsto en el artículo 85 de la Constitución Política.

14. Un rebajo del 23% (129.000 millones) al FEES, paraliza el sistema de educación superior pública.

15. Se paralizan alrededor de 2.100 proyectos de investigación y extensión realizados por U Pública anualmente y que impactan el sector productivo.

Defensa de la educación pública 

1. El sistema educativo costarricense es la fuerza motora del desarrollo de Costa Rica. El acceso, la obligatoriedad y gratuidad de la educación pública ha impulsado la economía atrayendo inversión extranjera, precisamente por la cualificación de la fuerza laboral del país, que cuenta con preparación técnica, profesional y especializada en distintas áreas del conocimiento.

2. El proceso inicia con la estimulación temprana, pasando a los niveles primario, secundario y universitario, todos amparados por la Constitución, con la clara intención de que dicho proceso se concretara en la práctica, con incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo.

3. La educación pública pasa por una etapa de desafíos tecnológicos y nuevos paradigmas socioculturales a los que debe ajustarse, por lo que, lo último que necesita son recortes presupuestarios o debilitamiento financiero.

4. Los rezagos multifactoriales y efectos de la pandemia de la COVID-19, situación a la que denominan “apagón educativo”, requiere más inversión para mejorar el desempeño de los docentes, aumentar la calidad. El sector educación necesita ayuda para fortalecer competencias digitales y emocionales de los docentes.

5. En cuanto a la actual estrategia del MEP, según el Estado de la Educación, no conocemos más que declaraciones, no del diseño de una estrategia. El Estado de la Educación ha señalado una ruta clara que tiene que ver con planes de nivelación y de aceleración de aprendizajes. “Este país no puede darse el lujo de un año más durante el cual no sepamos qué saben y qué no saben los estudiantes”.

6. La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, que data de 1960 y ha sido ratificada hasta la fecha por 107 Estados, entre ellos CR, es el primer instrumento internacional que aborda ampliamente el derecho a la educación y tiene una fuerza vinculante con el derecho internacional.

7. La Convención es también un pilar de la Agenda Mundial de Educación 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en materia de educación, adoptados por la comunidad internacional. El ODS 4 se basa en los derechos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación que es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.

Defensa de la UNA

1. En la UNA no existe descontrol en el gasto ni en los salarios. En los últimos años se han implementado acciones contundentes para reducir el peso de las remuneraciones en el presupuesto. Como resultado, en 2021 la planilla se redujo en más de mil millones de colones.

2. La UNA cumple con todas las disposiciones de la Ley 9635 en materia salarial (certificado por Contraloría General de la República mediante oficio N°07463-2022 DFOE-SEM-0626).

3. El salario bruto promedio mensual de los 3.527 funcionarios activos en la UNA ronda el millón de colones (sin descontar las cargas sociales e impuesto sobre la renta), evidenciando que está muy lejos de las cifras que han circulado en medios de comunicación y redes sociales.

4. Únicamente 8 personas en la UNA tienen salarios superiores a los ₵5 millones mensuales (académicas, con amplia carrera profesional y con muchos años de trabajar para la institución).

5. La actual administración ha asumido con mucha responsabilidad la importancia de hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos, por lo que, con los cambios realizados en la UNA, salarios de estos niveles no se volverán a presentar.

6. Becas Luis Felipe y Omar Dengo, a partir del mes de agosto recibirán un aporte complementario a su beca, el monto que será informado por medio del correo estudiantil, verificable de 30 de agosto de 2022.

8. El Beneficio para la equidad se asigna al grupo de estudiantes que, mediante la aplicación de indicadores socioeconómicos establecidos a nivel nacional e institucional, califican con las condiciones que demuestran una mayor necesidad de apoyo económico.

9. El Beneficio conectividad también es otorgado a quienes tienen más cursos en modalidad de presencialidad remota y carecen de recursos.

10. Históricamente la UNA a becado a más del 50% del estudiantado. El 74% de esta población proviene de hogares con los menores ingresos del país. Si se considera solo la población becada de las Sedes Regionales, este porcentaje supera el 80%.

11. Nuestro modelo de admisión diferenciado del resto de las U Públicas, promueve la movilidad social de los sectores más vulnerables de Costa Rica. Los colegios de origen de la población becada son principalmente públicos.

12. El único rubro que aumentó en la UNA durante los últimos 2 años, es el de las becas estudiantiles.

13. Proyectos de impacto nacional e internacional como Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot), el Centro de Investigacines Apícolas Tropicales (Cinat), Programas de educación rural y carreras itinerantes en zonas como Lepanto, Guatuso, Los Chiles; proyectos como el cultivo de ostras para apoyar el sector pesquero de la Peninsula de Nicoya, entre muchos otros, quedarían desfinanciados.

Defensa en la Constitución Política 

1. El Estado de Derecho significa proteger la propiedad, la libertad y demás derechos fundamentales y actuar sujeto al principio de legalidad.

2. Estado Social (o solidario) significa, en términos del artículo 50 de nuestra Constitución, un Estado que “procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.

3. ARTÍCULO 78.- La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.

En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.

4. El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.

5. ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.

Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación

6. ARTÍCULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, o pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.

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