Una violación impune y flagrante a la Constitución, ¿y la Sala Constitucional? ◘ Voz propia

No se trata de defender al presidente Alvarado frente a los diputados en el Congreso, él podrá hacerlo solo bastante bien, se trata de una afrenta a nuestra Constitución Política y a nuestro sistema político democrático con una clara independencia de poderes.

OPINIÓN. Este asunto no se trata del presidente Carlos Alvarado, ni mucho menos de la supuesta investigación por la UPAD, este asunto es una afrenta a la Constitución Política de Costa Rica, algo mucho más grave.

Hay personas en este país para quienes todo es una carita de sonrisa (burla) en Facebook, porque poco comprenden de lo delicado que resulta ser para un país y su sistema político y social, una violación in fraganti e impune como la que están acuerpando en la Asamblea Legislativa para este miércoles 10 de febrero.

La orquestación de este asunto tiene otra motivación: el afán electorero en un año pre-electoral. Cualquiera sabe, lo acepte o no, que se trata de un montaje o espectáculo para interpelar al presidente y atacarlo con todo las armas posibles en medio de la amplia cobertura mediática que habrá.

Sin embargo, no se trata de defender al presidente Alvarado frente a los diputados en el Congreso, él podrá hacerlo solo bastante bien, se trata de una afrenta a nuestra Carta Magna. Porque, incluso, el presidente aceptó estar presente y para muchos analistas este montaje podría ser beneficioso incluso para el mandatario, al desnudar mediáticamente las verdaderas intenciones detrás del asunto.

Se trata de que están flagrantemente pasando por encima de principios constitucionales que son fundamentales para la conformación política de esta nación, como la independencia y la autonomía de poderes, además de que la decisión de interpelar al presidente en el plenario -ante todos los diputados- no lo permite la Constitución. La autonomía de poderes es vital para que un sistema democrático funcione bien y no genere conflictos más graves entre las diferentes fuerzas políticas.

Por otra parte, como bien lo aclaró el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el Congreso se está extralimitando en sus potestades constitucionales para interpelar veladamente a un presidente, lo que afectaría directamente la voluntad del Constituyente, cuando definió un sistema semi-presidencialista para el país.

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Finalmente, este procedimiento excede la lógica parlamentaria y posiciona al Congreso en un papel que no le corresponde desde la legalidad.

En la Ley de Jurisdicción Constitucional dice que…

“Una vez requerida legalmente su intervención, la Sala Constitucional deberá actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento”.

Según entiendo, la Sala Constitucional no puede emitir una sentencia sobre un tema por voluntad propia, es decir, requiere una acción de inconstitucionalidad o un recurso de amparo. Si el presidente no tiene interés en pedir un amparo o bien nadie presenta una acción de inconstitucionalidad, la Sala no podrá ejercer su poder constitucional.

El jueves pasado consulté al periodista de la Sala Constitucional, Alonso Matablanco, si es posible que este tribunal constitucional emitiera un criterio al respecto, pero no he tenido respuesta.

La preocupación es grande para los demócratas y constitucionalistas serios de este país, porque se está sentando un precedente inconveniente y con una inusitada violencia legislativa (que no se olvide a Silvia Hernández amenazando furibunda con usar a la misma policía para llevar al presidente al plenario, aunque eso no sea posible).

Cuando un país pasa del poder de la legalidad y del respeto a amenazas de un poder de facto y agresor, estamos ante un portillo peligroso para la paz social y el resguardo de la institucionalidad que favorece el equilibrio democrático de una república. Se trata de abrir espacios de violencia política entre los poderes del Estado y, además, que marca un precedente que permitirá a futuros parlamentos hacer lo mismo, de manera que en lugar de realizar su función natural y lógica que es legislar, convierta al Congreso en un órgano que se dedicaría a perseguir al presidente en ejercicio por cualquier tema. Es decir, en una cámara de control presidencial para la politiquería electoral y el bochorno improductivo que ya hemos visto en algunos comportamientos de nuestra Asamblea.

Tengamos claro que estamos de frente a un juicio político velado para este miércoles, aunque la Constitución no permite que eso suceda. Y eso sucederá porque el presidente quiere presentarse y explicar su punto de vista sobre el tema de la Upad, pero nunca porque esté obligado a respetar esta resolución del Congreso.

Y todos sabemos que al presidente no le harán preguntas sobre el caso UPAD, se dedicarán a acusarlo y culparlo reiteradamente de cuanta cosa pueda salir de la imaginación revanchista de algunos opositores coléricos que ya conocemos bien.

Permitir que el presidente Alvarado vaya a comparecer es algo que los costarricenses no podemos permitir dentro del marco del Estado Social de Derecho, que no debemos tolerar de una camarilla de diputados que más bien quieren ser jueces antes que legisladores, trabajo para el que no fueron elegidos por los costarricenses.

Pero si la Sala Constitucional no actúa o no puede actuar como parece ser su deber natural, para el que fue creada, pues entonces estaremos viendo el miércoles otro lamentable circo de nuestra centenaria democracia, uno que no estaba previsto en el libreto constitucional.

*Los artículos de opinión publicados en la sección Voz Propia son responsabilidad total del firmante y no de este medio de comunicación ni sus representantes legales.

1 thought on “Una violación impune y flagrante a la Constitución, ¿y la Sala Constitucional? ◘ Voz propia

  1. De acuerdo con el artículo, aunque si falta una versión jurídica, lamentablemente el informe de servicios técnicos le falto resaltar que la comparecencia es inconstitucional y anti reglamentaria; no simplemente decir que “excede la lógica legislativa” , lo que excede son las facultades legales que le otorgan la Constitución y su Reglamento de trámite orgánico de la Asamblea Legislativa. Esto es así, porque la Constitución en el capítulo de creación de leyes, que es facultad de la Asamblea, 1- establece en su artículo 129 que “nadie puede alegar ignorancia de la Ley”, 2- Los legisladores cometen falta conforme articulo: ARTÍCULO 194.- El Juramento de funcionarios públicos, “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República…” conforme el artículo 11: “-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella..”. 3- luego el Reglamento Interno de la Asamblea: La facultades y potestades que conocen el plenario y las comisiones, tienen un estricto control de atribuciones debidamente establecido, al grado que se indica que no pueden interferir las audiencias de comisión con las del plenario, y que solo deben remitir su informe en tiempo y forma para ser conocido en plenario. La comisión especial investigadora puede recibir al Presidente con sus diputados asignados; en este caso, la decisión de mayoría de diputados para que se realice ante plenario, es ilegal; además es un conflicto de competencias, que obvio nadie va reclamar, de ahí que el chivo expiatorio (el Presidente) queda entre esta decisión, que se asemeja sin duda a un juicio político, o interpelación que es solo para ministros de gobierno; 4-JURISDICCION CONSTITUCIONAL, Artículo 1. …”garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.” Artículo 2. a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica. b) …control de la constitucionalidad de las normas….actos….de Derecho Público,… mediante la acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad.” c) ….conflictos de competencia entre los Poderes del Estado…” Artículo 3. Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales. OBSERVACIONES: 1-El Presidente asiste por propia voluntad, aunque bajo protesta, a sabiendas que algunos legisladores y medios de comunicación realizarán actos y manifestaciones de ataque y en perjuicio de su envestidura; y a sabiendas que, una vez en el plenario una mayoría de diputados lanzarán afirmaciones incoherentes, negativas e infames en su contra, porque no interesan las preguntas inteligentes, sino la verborrea y el show mediático. 2-Aunque asista el Presidente, bien se puede interponer un RECURSO DE AMPARO, por el mismo o sus ministros o bien, personas interesadas y los diputados que le apoyan, para invalidar esta comparecencia por ser contraria a aquellas normas constitucionales y reglamentarias. 3- Bien aplica el Recurso de inconstitucionalidad contra el acto que aprueba esta comparecencia al plenario, que conforme el Artículo 3 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, es inconstitucional, debido que el Plenario asume funciones de una comisión especial, que riñe abiertamente con el procedimiento que establece el Reglamento Legislativo. 4- admitidos y resueltos favorablemente uno u otro recursos o ambos (amparo e inconstitucionalidad) que se condene los actos realizados por ser contrarios a las normas, pero sancionando a los responsables por violar las normas constitucionales, leyes y reglamentos.

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