Uccaep rechaza acuerdo ambiental de Escazú porque ‘va contra la reactivación económica’

La Unión de Cámaras (Uccaep) anunció su rechazo al Acuerdo de Escazú, primer tratado regional que promueve la democracia ambiental y ofrece protección específica a los defensores ambientales.

La Unión de Cámaras (Uccaep) anunció su rechazo al Acuerdo de Escazú, primer tratado regional que promueve la democracia ambiental y ofrece protección específica a los defensores ambientales.

A través de un comunicado de prensa, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) manifestó su oposición al Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) puesto que ‘va en contra de la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica’, además que afecta la producción, atentando contra la dinamización de las empresas y la generación de empleo.

“El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países, pero nadie del Gobierno lo consultó de previo a la firma. El proyecto de ley nunca fue puesto en consulta por la Asamblea Legislativa al sector productivo, ni a nivel de Comisión, ni en el Plenario. Hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, precisó José Álvaro Jenkins, presidente de la cámara.

De acuerdo con Uccaep, el Acuerdo ambiental crea mecanismos inadecuados de participación del público en los procesos de toma de decisiones, se compromete al Estado a darle al acusador medidas cautelares para detener cualquier supuesto daño ambiental, deteniendo la producción de una empresa o proyecto en construcción y afectando la inversión, además que excede la base normativa y no incorpora innovación a lo ya establecido en Costa Rica para brindar participación a las personas, el acceso a la información pública y el acceso efectivo a la justicia en materia ambiental.

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‘El Acuerdo se basa en la protección del derecho a la información, sin considerar ni ponderar el derecho a la protección de la información confidencial, garantizado en nuestra Constitución’, aseguran .

Finalmente, la Uccaep hizo un llamado al Gobierno y a los diputados de la República que no tramiten el proyecto de ley que trata sobre el Acuerdo de Escazú.

‘La Uccaep insta a las señoras y señores diputados, así como al Poder Ejecutivo a impulsar medidas que reactiven nuestra economía, permitan generar empleo, atraer inversiones e impulsar nuestra producción para salir de la penumbra económica. Todo lo anterior se logra con proyectos claros, consecuentes con la realidad económica nacional y que vayan de la mano con el sector productivo. En aras de tramitar los temas de reactivación y priorizar lo que realmente requiere el país, se solicita el retiro del conocimiento del periodo de sesiones extraordinarias de esta iniciativa. En caso contrario, se solicita firmemente a las diferentes fracciones parlamentarias votar en contra de este proyecto’, recomiendan.

El acuerdo

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.

¿Cuál es su principal objetivo?

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

¿De qué manera beneficia?

El Acuerdo tiene como pilares principales:

  • Garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental.
  • Propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones.
  • Favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.

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