Tribunal Penal Internacional emite orden de arresto contra Putin: siga reacciones y detalles

Europa Press – En esta entre le informamos ampliamente de la orden de arresto contra Putin, el presidente ruso, que emitió el Tribunal Penal Internacional. Siga el índice:

Orden de arresto contra Putin

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha añadido este viernes el nombre del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su lista negra de prófugos. Ha dictado contra él una orden de arresto que, en términos prácticos, requiere de la connivencia de aquellos países por los que pueda moverse el mandatario ruso, que ya ha reducido en el último año sus viajes al extranjero.

Así, el paso dado por la corte de La Haya es un primer envite judicial contra Putin, pero dista mucho de ser definitivo. Antes de dictar la orden de arresto sobre el presidente ruso, el TPI ya tenía pendiente la detención de otras 15 personas que suman entre todas ellas más de 200 cargos -116 por crímenes de guerra, 87 por crímenes contra la humanidad y tres de genocidio- relativos a crisis en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Libia, Costa de Marfil y la región sudanesa de Darfur.

El Estatuto de Roma, piedra angular del TPI, establece que la corte no puede juzgar a ningún acusado ‘in absentia’, es decir, que necesita que el individuo en cuestión se siente en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se le imputan. Sin embargo, no dispone de una institución capaz de ejecutar el arresto, por lo que depende de los Estados miembro.

Actualmente, 123 países han suscrito el Estatuto de Roma, pero entre ellos no están Rusia ni tampoco otros aliados del propio Putin, como podrían ser China o Bielorrusia. El TPI tampoco tiene potestad sobre India, anfitrión de la cumbre de líderes del G20 prevista para septiembre y para la que el Kremlin no ha confirmado ni desmentido ni confirmado aún que pueda acudir el presidente ruso.

El papel de los países

El TPI reconoce por tanto que, cuando dicta una orden de arresto y tiene indicios “razonables” para pensar que un determinado individuo ha cometido delitos que caen dentro de su jurisdicción, requiere de la colaboración de los países. En este sentido, recuerda en sus documentos que para arrestar a un prófugo no es necesario haber firmado el Estatuto de Roma y que en el pasado ya pidió la colaboración de países externos.

Además, y aunque los países firmantes del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar las órdenes de detención que haya pendientes, aunque no sería la primera vez que un país esquiva esta orden. En 2015, Sudáfrica evitó detener al entonces presidente de Sudán, Omar al Bashir, alegando que tenía inmunidad por acudir a una cumbre de la Unión Africana.

Una vez detenido, el sospechoso sigue un proceso que depende en un primer momento de las instituciones del país donde se haya procedido al arresto. Debe comparecer ante la autoridad judicial competente, que examinará si se han cumplido o no las leyes y si cabe la entrega al TPI, dentro de un proceso que difiere del de extradición.

Rusia se desentiende porque es “legalmente nula”

El Gobierno ruso ha anunciado que se desentiende por completo de la orden de arresto emitida este viernes por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente del país, Vladimir Putin, al entender que se trata de una instrucción “legalmente nula” dado que el país no reconoce a la corte.

“Rusia no es parte del Estatuto de Roma y no tiene obligaciones en virtud del mismo”, ha recordado la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, en declaraciones publicadas en el canal de Telegram de la cartera.

Dado que el país se retiró del mencionado estatuto en 2016 -sobre un texto que firmó, pero nunca ratificó-, “Rusia no coopera con este organismo y cualquier posible ‘orden’ de arresto que proceda de esa corte es legalmente nula y carece de valor”, ha sentenciado la portavoz.

El TPI ha emitido la orden contra Putin bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

La corte entiende “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.

Ucrania aplaude la orden

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha celebrado la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

Así, el encargado de la diplomacia ucraniana ha señalado que “las ruedas de la Justicia están girando”, y ha aseverado en su perfil de Twitter que “los delincuentes internacionales rendirán cuentas por robar niños y otros delitos internacionales”.

Junto al presidente Putin, el TPI también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, según ha hecho saber la corte este viernes en un comunicado.

El tribunal entiende “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.

Organización de derechos humanos celebra

La organización Human Rights Watch (HRW) ha aplaudido la orden de arresto dictada por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la medida en que “es un gran día para las muchas víctimas de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania desde 2014”.

Una de las responsables de la oficina de justicia internacional de HRW, Balkees Jarrah, ha subrayado en un comunicado que desde este viernes Putin es “un hombre buscado” y ha visto en la orden “un primer paso para terminar con la impunidad” que durante años ha rodeado el conflicto ucraniano.

Las órdenes de arresto, que también se extienden a la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, y que guardan relación con el traslado forzado de niños ucranianos, “envían el claro mensaje de que dar órdenes para cometer o tolerar crímenes contra civiles pueden llevar a una celda”, según Jarrah.

En este sentido, considera que son “una llamada de atención” para otras personas que también cometen abusos y que serán perseguidos tarde o temprano, “independientemente de su rango o su posición”.