Tribunal Penal condena a Juan Diego Castro a pagar costas de juicio que perdió contra periodistas de la UCR

Castro fue abandonado por sus abogados en el proceso. El Tribunal le previno que “de ocurrir una situación semejante a futuro, se le estaría separando del ejercicio de dicho cargo.

“Se condena a JUAN DIEGO CASTRO FERNÁNDEZ al pago de los siguientes rubros:
(i) A las costas procesales derivadas de la querella y de la acción civil, ambas en abstracto; por lo que, si así lo desean, los querellados y demandados civiles las liquidarán en la vía de ejecución de sentencia.

(ii) A las costas personales de la querella, fijadas en la suma de ciento ocho y un mil quinientos colones (₡181,500.00), reconocida a cada parte querellada.

(iii) A las costas personales de la demanda civil, cuantificadas en el monto de cuatro millones novecientos doce mil quinientos colones (₡ 4,912,500.00), que será distribuido equitativamente entre las partes demandadas civiles, correspondiéndole a cada una el monto de un millón seiscientos treinta y siete mil quinientos colones (₡ 1,637,500.00)”.

Así reza la sentencia N° 106-2021 del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial, que condena al abogado y excandidato presidencial Juan Diego Castro, quien deberá pagar la suma de ¢6.731.500 tras el fracaso en su demanda por difamación contra el equipo periodístico del programa político de canal 15 “Suave un toque” de la UCR.

Castro formuló una querella privada contra la joven Claudia Campos Rodríguez y el periodista Marlon Mora Jiménez, a quienes les imputó “manifestaciones ofensivas a su honor expresadas por la primera en un espacio del Canal 15 y de la Universidad de Costa Rica, incoando también demanda civil resarcitoria contra ambos y la citada casa de enseñanza universitaria”.

Tampoco logró amedrentar al Tribunal, pese a sus intentos de señalar parcialidad de cara al juicio en las mismas redes sociales desde las cuales apunta y opina sobre cómo se debe proceder en la vida pública del país.

Sin embargo, una vez iniciado el proceso, Castro Fernández pidió representarse a sí mismo, pues uno de los abogados defensores de la comunicadora Claudia Campos, resultó ser el abogado Federico Campos, con quien el excandidato presidencial tiene cuentas pendientes del pasado.

Pero el hígado le ganó a Castro ese 12 de noviembre, según relata la sentencia del Tribunal que ahora lo condena y que señala en el sobreseimiento con el que se liberó a los periodistas:

En la tarde del 12 de noviembre, al concederle audiencia sobre la queja presentada por el máster Federico Campos Calderón, el señor Castro Fernández se exaltó y comportó violentamente, pese a los reiterados llamados al orden ante tal exabrupto, ameritando la presencia de la seguridad del edificio en la sala de debates y que se decretara un receso”.

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Estos desmanes y berrinches del abogado y político impidieron el avance del proceso, al punto que de acuerdo con la sentencia “se resolvió, en resumen, que velando este órgano jurisdiccional por la garantía de acceso a la justicia y dado que el licenciado Castro Fernández aparentaba no tener la capacidad para separar sus intereses personales del ejercicio profesional como abogado que se representa a sí mismo”.

El Tribunal le previno que “de ocurrir una situación semejante a futuro, se le estaría separando del ejercicio de dicho cargo. La anterior situación, sumada a las manifestaciones del abogado Campos Calderón sobre su estado de salud, justificó la suspensión del debate ese día; programándose su continuación para los días 16, 17 y 18 de noviembre”.

Pero el juicio no se pudo reanudar en fechas posteriores. Al menos no la segunda audiencia. Aquí reseñamos el abandono que se dio por el lado de Castro, quien pasó de flamante acusador al del hombre que abandona la pelea, y citamos:

“Abandono de la apoderada Castellón Shible
El 1° de diciembre de 2020, este órgano jurisdiccional se constituyó en la sala de debates número 4 del edificio de los tribunales de ese Circuito Judicial, presto a escuchar a las partes sobre la prueba ofrecida para mejor resolver y emitir pronunciamiento sobre este tópico, para luego pasar a la fase conclusiva. Sin embargo, se verificó la incomparecencia del señor Castro Fernández, así como de sus mandatarios Rodríguez Bonilla y Castellón Shible. En el acto se hizo del conocimiento de las partes los escritos incorporados al escritorio virtual, en los cuales presentaban la renuncia de la segunda, aduciendo que ostentaba compromisos previos, junto a la aceptación de esta por parte de Castro Fernández; así como alegándose problemas de salud respecto de Castro Fernández y Rodríguez Bonilla, quienes anexaron dos certificados médicos privados”.

Y no solo renunció Castellón Shible a la defensa de Castro, sino que tanto él, como su abogado Rodríguez, no se presentaron a la segunda audiencia del debate programada para el 1 de diciembre. Presentaron dictámenes médicos. Se enfermaron ambos, según reseña la sentencia. Tampoco aparecieron el día 2.

Cabe resaltar que el Tribunal ordenó que los dictámenes privados de Castro y su abogado fuesen validados por el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial mediante un examen.

Esto dejó aún peor a Castro, pues Medicina Legal no avaló el dictamen médico privado y se exigió que se realizaran exámenes a los abogados.

Castro evitó el procedimiento y exigió por el contrario, léase en cámara lenta, que lo revisaran en su propia casa, siempre y cuando le garantizaran que la visita de los médicos no generaría ningún riesgo de enfermedad (otras enfermedades) para él o su familia.

En tres palabras: Castro se negó. Se negó a ser evaluado por medicina forense. Quien sí procedió de acuerdo a lo establecido por el Tribunal fue su abogado, Rodríguez, y esta verificación médica dejó en evidencia que sí podía asistir al juicio.

En fácil, el Tribunal consideró que los tales dictámenes privados no eran justificante para ausentarse del juicio que promovió el mismo excandidato presidencial que ahora se negaba a ir al debate.

“(…) la inexistencia de una causa justa que ameritase la interrupción y nulidad del debate. Con base en ese criterio médico científico, objetivo y ajeno a esta cámara, se desprende que, sin contar con la debida justificación, el mandatario Rodríguez Villalobos omitió comparecer a la audiencia del día 1° de diciembre, a efecto de dar continuidad y culminar el juicio. Asimismo, el querellante Castro Fernández obstruyó la verificación de su presunta dolencia médica al no concurrir, sin mediar impedimento alguno, a la Sección Clínica Médico Forense”.

Ante el ausentismo de Castro y sus abogados al juicio con el que pretendió silenciar la sátira política que salía del canal de la UCR, los abogados de la parte defensora de los periodistas solicitaron el sobreseimiento tácito, ante la evidente falta de interés de seguir con el proceso (por eso a Juan Diego Castro le toca pagar las costas).

Tal situación acabó porque el Tribunal diera por terminado el juicio de manera anticipada, esto pese a los señalamientos públicos de Castro, quien a fin de cuentas prefirió dejar botado el proceso, según lo reseñaron los jueces. Por haberse retirado antes del final, solo le cobraron la mitad de las costas.

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