Tribunal Ambiental tardó ocho años en elaborar borrador de sentencia contra botadero en Santo Domingo

El caso lleva ocho años en gavetas judiciales y más de 20 de incapacidad de resolución por parte del Ministerio de Salud, Municipalidad de Santo Domingo e involucrados en el tema ambiental en el cantón herediano.

Luego de ocho años y una persona muerta, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) ‘logró’ redactar un borrador contra la empresa Z-Creativo por tirar desechos sólidos en el cañón del río Virilla.

En declaraciones a PulsoCR, las autoridades del TAA detallaron que, respecto al caso del botadero de Santo Domingo de Heredia, ya cuentan con una resolución en borrador que se encuentra en conocimiento y revisión de las tres juezas, que fueron ratificadas en febrero.

El caso lleva ocho años en gavetas judiciales y más de 20 de incapacidad de resolución por parte del Ministerio de Salud, Municipalidad de Santo Domingo e involucrados en el tema ambiental en el cantón herediano.

El documento (o más bien, el pre-texto) se encuentra en manos de la jueza presidenta del TAA, Adriana Bejarano Alfaro,

LARGO HISTORIAL

El rector señala además, que en 2002, siendo corroborada la existencia e irregularidades del botadero, se inició con una orden sanitaria (N° 009-2002) en donde se ordenó a Rafael Ángel Zamora (representante del lugar) “la suspensión de la actividad y que debía ponerse a Derecho”, sin embargo, “(se) ha hecho caso omiso y al corroborarse que continuaba con la actividad se procede a denunciar por desobediencia a la autoridad y se trasladó el caso a los Tribunales Penales de Heredia“.

En los años 2014 y 2015 se emitieron y notificaron diferentes órdenes sanitarias Zamora continuó recibiendo materiales y realizando trabajos de compactación del terreno sin ningún tipo de autorización, por lo que nuevamente se realiza el acto de clausura del lugar y su respectiva colocación de sellos, los cuales fueron violentados para ingresar al lugar y continuar con la actividad, presentándose ante Tribunal Penal de Heredia, denuncia por desobediencia a la autoridad y rompimiento de sellos por parte de Zamora.

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En noviembre del 2015, se convoca a Audiencia preliminar en el proceso de desobediencia a la autoridad, participando las partes involucradas, acordándose otorgar un plazo de dos años a fin que Zamora realizara los trabajos de estabilización y compactación del terreno y así mitigar el riesgo hacia la propiedad vecina, teniendo que presentar un plan remedial ante el Área Rectora de Salud de Santo Domingo a fin de aprobar las obras a realizar y darle seguimiento.

En respuesta a lo ordenado por los tribunales, en abril del 2016 se otorgó el permiso sanitario (CN-ARSSD-189-2016), dentro del cual se les tiene prohibido la actividad de escombrera recibo y compactación de tierra.

Dicho permiso se otorgó bajo la calidad de provisional por un periodo de un año, tiempo en el cual debería ejecutar las medidas de mitigación ordenadas. En seguimiento al caso, en inspección realizada en el lugar en diciembre del 2016, se detectó que en la propiedad de Zamora continuaba recibiendo tierra y escombros violentando las órdenes sanitarias. Debido a lo anterior, se procede a la cancelación del permiso provisional N° CN-ARSSD-189-2016 y a la clausura del inmueble mediante Acta de Clausura CN-ARS-SD-1968-2016.

Zamora interpuso recurso solicitando la anulación del acto y en enero del 2017, se recibe una notificación de la Procuraduría General de la República (PGR) mediante la cual se remite resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre la medida cautelar ante causam, suspendiendo la orden de cierre del lugar, permitiéndole continuar con la actividad de taller y venta de maquinaria, no así continuar con actividades distintas a las que legalmente le estén permitidas.

En visita de inspección realizada en febrero del 2017, se evidencia el incumplimiento por parte del Zamora en lo dispuesto en la medida cautelar sobre la realización de actividades distintas a las permitidas, siendo éstas únicamente las actividades de alquiler y venta de maquinaria, por lo que se procedió a informar a la Procuraduría sobre la situación encontrada, lo que provoca que el Tribunal Contencioso Administrativo levante la medida cautelar, ejecutándose nuevamente el 9 de marzo del 2017, la clausura del inmueble.

Zamora interpuso recurso de revocatoria contra la resolución antes señalada y fue rechazado por parte de la Procuraduría.

De igual manera en el año 2018 y siguientes, se han recibido denuncias en las que se indica que en el sitio se sigue recibiendo materiales, esto a pensar de la clausura realizada, lo que ha sido verificado en inspecciones realizadas, por lo que se ha informado al Tribunal Penal de Heredia, Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Ambiental Administrativo, Fiscalía Auxiliar de Heredia y Procuraduría General de la República.

MUERTO

A pesar de las múltiples denuncias y constantes cierres, el lugar continuaba operando, hasta que elEl 21 de junio de 2019, tras un deslizamiento de 50 mil metros cúbicos de tierra, fallece un trabajador de sesenta de años de edad que acomodaba tierra y preparaba el terreno para recibir mayor cantidad de residuos.

Pese a acontecer el lamentable hecho, el lugar se mantuvo abierto y más bien, Zamora solicitó en el 2019 se le otorgara el permiso de funcionamiento con base en la resolución de sobreseimiento del caso emitida por el Juzgado Penal de Heredia. Sin embargo, se le había solicitado presentar un plan de obras de mitigación y corrección, el cual no fue presentado, por lo que los actos administrativos girados siguen vigentes, ya que la vía penal es independiente de la administrativa.

MÁS DEMANDAS

Adicionalmente, Departamento de prensa del Ministerio de Salud, “en cuanto al incumplimiento de las ordenes sanitarias y de clausura” por parte de Zamora, con base en el artículo 307 del código Penal se procedió a interponer denuncia por desobediencia a la autoridad y rompimiento de sellos ante el Tribunal Penal de Heredia.

Del mismo modo, Salud interpuesto una denuncia ante otras instancias vinculantes con el tema, como lo es el Tribunal Ambiental Administrativo y además, se le canceló el permiso de funcionamiento provisional.

Adicionalmente, se trasladó la denuncia al Tribunal Penal de Heredia y desde entonces no se ha otorgado ningún otro permiso.

Sin embargo, a pesar de los procesos, el botadero continúa operando.

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