Tierras indígenas: mientras Gobierno dice cumplir, organizaciones externas insisten en lo contrario
Se trata de dos discursos contrapuestos que podrían estar, ambos, politizados.
El pasado 23 de marzo el presidente Carlos Alvarado se reunió con 9 representantes de comunidades indígenas, a través de la intermediación del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con el propósito de informar sobre los avances sobre el plan de recuperación de territorios indígenas que promueve el Ejecutivo con esa institución.
El comunicado oficial dice “Gobierno cumple promesa de avanzar en asuntos territoriales para población indígena”; sin embargo, organizaciones como la Coordinadora de Lucha Sur Sur, de extracción indigenista de izquierda, envía comunicados regulares donde culpan al Gobierno de inacción, a la Fuerza Pública de agresiones e inclinarse a favor de los no indígenas, al Poder Judicial de favorecer intereses de los finqueros usurpadores de esas tierras y normalmente denuncian riesgos de una nueva muerte indígena: el caso de Pablo Sibar en este momento.
Se trata de dos discursos contrapuestos que podrían estar, ambos, politizados. La Coordinadora y otras organizaciones tienden a culpar al Ejecutivo, pero cuando se les indica que se trata de decisiones del Poder Judicial, no responden.
Evadir la respuesta
Culturacr.net preguntó al respecto a Nery Chaves, quien envía comunicados que se suponen provienen de la Coordinadora y otras organizaciones como Voces Nuestras, Ditsö, Cootraosa y todos los recuperadores de tierras en diferentes localidades.
“Normalmente estos comunicados plantean esa situación, tratando de culpar al Gobierno de inacción, pero no indican qué acciones esperan, tampoco en qué no actúa el Gobierno (dentro de lo que puede hacer según le permita la Ley). En función de lo anterior, ¿se comprende que el Ejecutivo no tiene la representatividad única del Estado costarricense ni puede actuar por encima de los demás poderes de la República?”, consultamos a Chaves sobre el tema desde el 21 de febrero pasado.
También preguntamos “¿qué quieren concretamente que haga el Ejecutivo en estos casos?” No obstante, nunca obtuvimos respuesta. El 24 de febrero enviamos un recordatorio y nos dijeron “estamos trabajando en su respuesta”. Luego recibimos dos comunicados más hasta el 6 de marzo y, desde esa fecha, ningún otro comunicado hasta hoy: evidentemente este medio fue excluido de la lista de envíos.
Las preguntas nacieron de las reiteradas afirmaciones de equiparar al estado costarricense con el Gobierno de turno y, de esa manera, embargarle al Ejecutivo todas las culpas de los actos del Judicial u otras entidades del estado.
Los comunicados eran, supuestamente, firmados por:
- Mauricio Alvarez Mora, cédula 1 0877 0217proyecto ED-3526 Educación Popular y Geografía, Kioscos Ambientales UCR.
- Marvin Amador Guzmán cédula 1 0673 0592, docente, investigador, UCR.
- Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 3 0220 0485, docente e investigador UCR.
- Denia Román Solano, cédula: 3 0305 0908. Docente Escuela de Antropología. UCR.
- Xinia Zúñiga Muñoz 104880642 investigadora UNED.
La Corte Interamericana de Justicia declaró medidas cautelares al estado costarricense que no se han estado siguiendo correctamente, prueba de ello son las constantes acciones que vulneran el derecho indígena y la seguridad de sus líderes, ante la violencia de los finqueros que no quieren perder sus tierras, aunque fueron adquiridas en territorios protegidos.
Las organizaciones pro indígenas insisten en la vulnerabilidad de las comunidades originarias ante la violencia de los finqueros afectados y sus constantes actos de violencia, como las quemas de los terrenos para desalojar las ocupaciones o incluso la violencia física contra líderes. Dos muertes por estos conflictos dan fe de esa situación, la de los recuperadores Sergio Rojas (Cabécar) y Jerhy Rivera (Bröran).
Ejecutivo dice “cumplir su promesa”
La acción ofrecida por este Gobierno en esta problemática fue crear en 2016 un “Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI)”, que consiste en “la recopilación de información, el amojonamiento, la realización de un censo inmobiliario, el levantamiento topográfico, la conformación de expediente, el procedimiento ordinario de resolución, la resolución final de junta directiva y la ejecución del acuerdo”, explicó Harys Regidor, presidente ejecutivo del INDER.
En reunión con los líderes indígenas, tanto el presidente como las autoridades institucionales del Ejecutivo informaron los avances y la ruta de ese plan.
Según ellos, se han revisado “todos los decretos de los territorios, los registros de planos catastrados y no catastrados, para generar un primer mapa sobre la situación de los territorios. A partir de allí, se han colocado 190 mojones para delimitar los territorios y, posteriormente, 1.381 levantamientos topográficos para ofrecer la seguridad jurídica del perímetro de la propiedad. Es con fundamento en esto que se toma la decisión de indemnizar o no a la persona que se encuentra en dichas tierras”.
Regidor planteó que buscan ampliar el número de abogados que trabajen en estos casos y el mandatario Alvarado solicitó realizar sesiones entre el INDER y cada territorio indígena para mantener un canal que informe sobre el avance “en temas de levantamiento y aprobación de expedientes, y fijar prioridades particulares”.
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Las organizaciones pro indígenas han reclamado que este plan no es prioridad del INDER y el avance ha sido lento, por intereses creados a favor de los agricultores no indígenas.
Además, el presidente “mostró anuencia para republicar los decretos que necesiten ser actualizados ante el hallazgo del INDER de algunas fe de erratas sobre delimitación de territorios indígenas”.
“Es de gran relevancia para el Gobierno generar acciones que articulen este plan que pretende devolver territorios a la población indígena. Tenemos claro que esta es una deuda histórica de 40 años que la presente administración está comprometida en resolver con estas comunidades”, manifestó Randall Otárola, viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.
Los líderes indígenas presentes en esa reunión: Emigdio Cruz Elizondo y Josué Blanco Sossa, del territorio maleku; Elides Rivera Navas y Manuel Villanueva Villanueva, de Térraba; Doris Ríos Ríos, de la ADI de China Kichá; Donald Rojas Maroto, del territorio boruca; y Levi Sucre Romero, de Talamanca-Bribri.
