Según Johnny Araya se le debe juzgar solo en “la sede judicial y no en un foro político”

“No he cometido ningún hecho delictivo ni forma parte de ninguna banda de crimen organizado”, fue de lo poco que dijo el alcalde suspendido de San José, Johnny Araya.

Argumentó que como está “sometido a un proceso en sede judicial y considera que esa es la instancia y no un foro político a la que le corresponde examinar y comprobar la veracidad de mis afirmaciones”, y por esa razón no daría declaraciones ante la comisión especial que investiga el caso del Conavi y las operaciones “Cochinilla” y “Diamante”.

Además dijo que por incompatibilidad con ese proceso judicial también le impide declara en esa comisión legislativa.

El presidente de esa comisión, Pablo Heriberto Abarca, reaccionó indicando “no nos ha movido un tema que pretenda competir con el proceso judicial, sino por el contrario, que esta comisión identifique oportunidades de mejora en las diferentes instituciones”.

“No nos ha interesado politizar lo judicial”, indicó Abarca.

El legislador Enrique Sánchez, también defendió el trabajo al decir que no se basan en show políticos, ni en juicios políticos o rumores sino en un informe de investigación a partir de lo que se refleja en los medios de comunicación.

José María Villalta resaltó que en total se gastaron ¢20,000 millones en las contrataciones con la empresa MECO en la Municipalidad de San José durante el período del 2010 hasta el 2021. Además agregó que desde 2016 esas contrataciones se dispararon aún más.

Villalta defendió que el alcalde debería explicar cuáles decisiones tomó él en esos procesos de contratación.

Aún están pendientes por declarar en esta comisión los alcaldes de Cartago, Escazú, Alajuela, Siquirres y San Carlos, así como los auditores y jefes de proveeduría de esas municipalidades.