Secreto bancario evita pronta acción judicial frente a estafas, evasión fiscal y otros delitos
Las autoridades judiciales pueden revisar movimientos bancarios para detectar los delitos, pero no pueden usarlos como prueba en los tribunales.
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Delitos como estafas bancarias cometidos a personas inocentes desde las cárceles, se demoran hasta 5 y 6 meses para ser resueltos y muchas veces puede ser muy tarde, porque el secreto bancario impide al Organismo de Investigación Judicial y Ministerio Público actuar con prontitud.
El pishing es muy común en la actualidad y se trata de un tipo de estafa donde mediante diferentes mecanismos de engaño y electrónicos, ladrones se apoderan de los recursos económicos de personas trabajadoras. No solamente desde la cárcel en Costa Rica, sino desde otros países esa actividad es asunto de todos los días.
El secreto bancario obstruye así la justicia, como se desprende de las declaraciones dadas al periódico La Nación por el director del OIJ Walter Espinoza, en setiembre de 2019:
“Cuando una persona pone una denuncia, nosotros compilamos todos los datos en un informe, los pasamos a la Fiscalía para que los revise y, si lo consideran pertinente, solicitan el levantamiento del secreto bancario a un juez, quien analiza el caso y si lo estima necesario emite una orden.
“Con esa orden en físico nosotros vamos a las entidades financieras y es de esa forma que rastreamos el destino del efectivo. En ese trajín duramos entre tres y cinco meses, aproximadamente”, indica el funcionario a ese diario.
Otros grandes delitos
Pero además, similar sucede cuando el Ministerio de Hacienda solicita, con base en la legislación actual, el levantamiento del secreto bancario, de manera que los capitales pueden ser movilizados de alguna manera mientras se realiza el trámite. Sin embargo, las solicitudes de Hacienda, aunque son muy pocas por todo el trámite administrativo y legal que requiere, normalmente son autorizadas por los tribunales.
Esta situación impide combatir los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y otros muy graves que enfrenta el país desde hace muchos años. Ese dinero que se mueve secretamente sin controles directos evita que el Estado recaude la cantidad correcta para la obra pública y ayudas sociales que se necesitan.
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El diputado liberacionista y presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, defiende que no es necesario levantar el secreto bancario porque el sistema judicial funciona bien cuando Hacienda lo solicita, pero sus detractores insisten en que el trámite es engorroso y requiere una comprobación por parte de Hacienda que lo demora hasta volverlo fácticamente inútil en algunos casos.
Otro criterio de quienes defienden levantar el secreto bancario es que la medida no perjudica a los pobres o clase media que no manejan capitales importantes, porque no son prioridad de la administración tributaria del país, además de que posiblemente encuentren más deudas que ahorro. A quienes claramente perjudica la medida es a los grandes capitales en manos de unas pocas personas, incluyendo la banca privada, así como instituciones religiosas o sociales que mueven fondos libremente sin fiscalización contable ni judicial.
Las sospechas de lavado de dinero con iglesias, así como sucede con negocios fantasmas, podrían descartarse o confirmarse con la medida del levantamiento bancario, como han realizado en otros países.
Una revelación impresionante sobre este asunto es que en los apartados 124 y 125 de la ley sobre estupefacientes permiten a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) utilizar los datos de cuentas bancarias para sus investigaciones y ser revelada a las autoridades judiciales, pero no sirve como prueba frente a un tribunal. Entonces las autoridades saben quiénes cometen los delitos, pero no pueden probarlos.
“La delincuencia va caminando a pasos agigantados, corriendo, con tenis nuevas y con una serie de mecanismos que uno se queda asustado por la tecnología que tienen, mientras que nosotros estamos desplazados (destacado nuestro)”, dijo Miguel Ramírez, fiscal de Fraudes de la Fiscalía en el reportaje de La Nación.
Gobierno pide levantar el secreto bancario
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, así como el presidente Carlos Alvarado, solicitaron recientemente a los diputados legislar para eliminar el secreto bancario, principalmente en los casos mencionados en este artículo, para combatir esos delitos.
Después se levantó la controversia con el tema de la oficina de análisis de datos del Gobierno (UPAD) y muchos sectores sospechan que eso sucedió por el interés de algún sector de la prensa y de los diputados por relegar, ocultar o evadir la discusión necesaria sobre este tema. La solicitud del ministro Chaves, así como la purga reciente de jerarcas que hizo en Hacienda, dejan en evidencia que el tema es caliente para un Estado ocupado, en algunos casos, por los intereses privados de algunos sectores, como la banca.
El otro tema en el que esos cuestionamientos se dan a nivel nacional tiene que ver también con la postura asumida por el Banco Central y la Superintendencias de Entidades Financieras (Sugef) con respecto al proyecto para bajar el tope a las tasas de interés, conocida como “Ley contra la usura bancaria”. Ese tema también fue relegado del trabajo que realiza la Asamblea Legislativa, donde algunos diputados claramente han deja ver su posición en contra del tope a favor de la banca nacional.
El ministro Chaves dijo claramente a la prensa en su momento: “O se ajustan ellos, o yo me voy”. Su lucha ha quedado claramente trazada y su acción enérgica en el tema fiscal ha sido evidente al lograr mejores indicadores al lograr una reducción de ¢157.082 millones en el déficit financiero (ingresos menos gastos) del Gobierno central.
