Sala IV da visto bueno a proyecto contra usura bancaria: “Urge votarlo para dar alivio financiero”, dice Ramos
Sin embargo, el proyecto aún permite tasas de interés muy altas para los electrodomésticos en almacenes como Gollo, Importadora Monge y otros, en casos de créditos inferiores a ¢675.000.
La Sala Constitucional informó que no encontró inconstitucionalidad alguna en el proyecto contra la usura bancaria y eso le permitirá ser votado en segundo debate en las próximas sesiones legislativas.
“Ahora la Asamblea Legislativa tiene el camino libre para darle la votación en segundo debate, necesario para que este proyecto se convierta en ley y finalmente traer alivio a las maltrechas finanzas de las y los costarricenses“, indicó el diputado Welmer Ramos, uno de sus impulsores.
“Con gran regocijo podemos decir que Costa Rica ha dado un gran paso hacia la justicia financiera para bajar el costo de la vida, más ahora en medio de esta pandemia”, expresó Ramos.
El proyecto baja las tasas de interés a un 39% máximo, excepto en el caso de créditos pequeños menores de ¢675.000 (donde será de un 55% máximo), lo que permite a las personas renegociar sus deudas y adquirir nuevos planes que les permitan ahorrar, principalmente en el caso de préstamos con tasas de usura muy altas. En dólares será de máximo un 31,35% para todo tipo de créditos (préstamos, tarjetas, línea blanca y otros), así como del 45,66% para los microcréditos (de hasta ¢675.000).
Sin embargo, el proyecto aún permite tasas de interés muy altas para los electrodomésticos en almacenes como Gollo, Importadora Monge y otros, en casos de créditos inferiores a ¢675.000, es decir, la mayoría de los créditos de usura que dan esos almacenes con tasas de interés altísimas y que dañan precisamente a quienes menos tienen, las personas que deben acudir al crédito para poder comprar su menaje de casa.
Esa situación ha decepcionado mucho a quienes han brindado apoyo a la ley, porque consideran que lo logrado es insuficiente para que sea significativo.
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Ramos ha defendido que se tuvo que negociar el monto más alto para créditos inferiores con el propósito de lograr apoyo legislativo, dado que el proyecto generó un lobby muy fuerte en contra desde la Asociación Bancaria Costarricense (los banqueros), el Banco Central y la Sugef.
Esta ley fue sometida a la Sala Constitucional mediante la firma de varios enemigos de la idea, entre ellos Erick Rodríguez Steller, Jonathan Prendas, Otto Roberto Vargas, Pedro Muñoz, María Inés Solís, Ivonene Acuña, Dragos Dolanescu y otros.
La sentencia 2020-10160 fue votada por los magistrados propietarios de la Sala: Fernando Castillo Víquez (presidente del Tribunal), Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López (magistrada instructora), Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García y Anamari Garro Vargas; y el suplente José Paulino Hernández Gutiérrez, en sustitución de Fernando Cruz Castro.
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