Sala detecta inconstitucionalidad de proyecto para oreros de Abangares; Gobierno insistirá

Las inconstitucionalidades se dan principalmente con dos artículos de la Constitución de la República, el artículo 21 (“la vida humana es inviolable”) y el artículo 50 (“toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”).

La Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en el expediente legislativo 21.229, Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Mejoramiento Ambiental de la Minería Artesanal de la Minería de Abangares, por medio de la modificación de la Ley N° 8904 de 10 de febrero de 2011 y del Código de Minería Ley N° 6797 de 04 de octubre de 1982.

El proyecto es impulsado por el Gobierno para dar apoyo a los coligalleros de Abangares, que han enfrentado durante décadas una situación irregular.

“Somos respetuosos de la Sala y esperamos el texto íntegro de la resolución para analizar lo resuelto y determinar las posibles rutas de acción desde el Ejecutivo para acompañar a los oreros y oreras en su proceso de obtención de concesiones”, manifestó Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía.

La consulta a la Sala Constitucional fue remitida por 11 legisladores.

Las inconstitucionalidades se dan principalmente con dos artículos de la Constitución de la República, el artículo 21 (“la vida humana es inviolable”) y el artículo 50 (“toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”).

El tribunal constitucional determinó que hay una “violación al principio de conexidad en el Transitorio I, pues se modifica el objeto general del proyecto de ley: se pasa de regular plazos de cumplimiento a la liberalización de ellos”, explicó la Sala Constitucional.

“Además, esto resulta incompatible con los compromisos adoptados en la Convención de Minamata de reducir y eliminar el uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala”, agregó.

Además, la entidad encontró que el Transitorio X del proyecto de ley es contrario a los artículos 21 y 50 Constitucionales, y a la Convención de Minamata, “en cuanto al establecimiento de controles estatales y ambientales laxos que no permitirían resguardar la explotación y comercialización del oro, de conformidad con la salud humana y la protección del medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio y compuestos de mercurio”.

La ministra Meza indicó que “esperaremos el fondo para analizar qué aspectos podemos rescatar del proyecto. Esto nos evidencia la necesidad de seguir con la mesa de trabajo para dar acompañamiento al proceso de obtención de concesiones, terminar los estudios ambientales, los planes de explotación y entrar en los temas estructurales de apoyo a todas las distintas cooperativas para su formalización”.

La Sala Constitucional no había encontrado las mismas inconstitucionalidades en el proyecto de minería a cielo abierto para la explotación del oro en Crucitas de San Carlos, principalmente en el artículo 50, que parece uno bastante flexible según los casos.

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