Sala aún no resuelve (casi 3 años después) acción contra voto secreto en nombramiento de magistrados

Se estarían infringiendo los principios constitucionales de transparencia y publicidad, así como los derechos fundamentales y humanos de acceso a la información de interés público, la libertad de información y la libertad de expresión.

Una acción de inconstitucionalidad contra el nombramiento secreto por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa de los magistrados, tiene casi tres años en curso sin resolverse, desde julio de 2019 en el expediente 19-011022-0007-CO.

La controversial norma establecida en el reglamento de la Asamblea ha sido fuertemente criticada porque permite arreglos y componendas que politizan esos nombramientos, cuando deberían ser técnicos y profesionales a partir de los atestados y capacidades de los candidatos y candidatas.

La acción busca que sean declarados “inconstitucionales los artículos 228 y 229 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y el acuerdo No. 6209-04-05, adoptado por el Plenario Legislativo en la sesión ordinaria No. 87 del 14 de octubre de 2004, por estimar que infringen los artículos 29, 30, 117, 121 inciso 3), 158, 163 y 164 de la Constitución Política, el numeral 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios y derechos constitucionales de transparencia, publicidad, acceso a la información de interés público, libertad de información en su aspecto activo y pasivo, de buscar y de recibir información, y libertad de expresión, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional desarrollada en los votos Nos. 1995-2621, 2014-4182, 2014-4894, 2015-2539 y 2018-4290”, se detalla en la resolución de admisibilidad.

En su momento se dieron audiencia al Procurador General de la República y al presidente del Congreso para manifestarse al respecto. Se conoce que tanto el Partido Liberación Nacional, como la Unidad Social Cristiana y partidos evangélicos se manifestaron a favor del secretismo en esos nombramientos. Fueron los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, así como fuerzas independientes, que se manifestaron en contra, por considerar que se establecen lazos eventualmente corruptos entre los poderes judiciales y políticos.

El diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, como presidente de la Asamblea en el momento, se manifestó en contra de la acción para evitar el voto secreto y pidió fuera rechazada.

Según los proponentes de la acción los artículos 201 (ahora 228) y 202 (ahora 229) del Reglamento de la Asamblea Legislativa “constituyen disposiciones aplicables únicamente al giro ordinario de las actuaciones del Congreso, esto es, respecto de todos aquellos actos para cuya aprobación la Constitución no exige una votación mayor (en otras palabras, simple mayoría); es decir, que tales numerales no son de aplicación para el procedimiento de nombramiento o no reelección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues en este supuesto la norma constitucional demanda una mayoría calificada (artículo 158 de la Constitución Política)”.

El accionante de la acción además se manifiesta en contra del voto secreto porque lesiona derechos en la comunicación de la decisión de los diputados, lo que “no permite a la ciudadanía, la opinión pública o a los medios de comunicación conocer cómo votó cada uno de los representantes populares en temas tan trascendentales como, por ejemplo, la designación del Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes y cualesquiera otros pasen por la decisión legislativa. Señala que esto infringe los mencionados principios constitucionales de transparencia y publicidad, así como los derechos fundamentales y humanos de acceso a la información de interés público, la libertad de información, en su aspecto activo y pasivo, de buscar y de recibir información, y la libertad de expresión”, según plantea la solicitud.

Una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Luis Manuel Madrigal fue rechazada de plano cuando se pidió una resolución pronta, conocida como “de pronto despacho”.

En julio de 2019 la acción fue admitida porque reúne “los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto se acciona en defensa de un interés difuso en resguardo de la transparencia y la publicidad del quehacer legislativo”.

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