8 de febrero de 2023

¿Por qué el método Bukele contra la delincuencia es un gran riesgo?

El método Bukele contra la delincuencia asume grandes riesgos que van, incluso, más allá de los derechos humanos.

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Mientras el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vacacionaba en Costa Rica, donde reside su hermano empresario, en el municipio de Soyapango -el más poblado de El Salvador- las calles estaban copadas por policías y militares en un cerco donde los derechos no existen por un estado de excepción. Es el método Bukele contra la delincuencia.

Bioluminiscencia tour Costa Rica

“Nunca en la historia de nuestro país, se había logrado concentrar una cantidad así de tropas. La movilización de una división completa del ejército sólo estaba en manuales, pero jamás se había hecho en El Salvador. Este también es un logro logístico sin precedentes”, escribió Bukele en su Twitter.

Luego reportó que cerca de 140 pandilleros fueron apresados en el cerco que aplicó en Soyapango y presume los bajos índices de homicidios que ostenta su país, como evidencia que su plan funciona.

El orgullo del presidente salvadoreño es lograr una militarización tan amplia como nunca antes la tuvo su país. Su gran popularidad lo respalda: más de un 75 por ciento de los salvadoreños apoya la medida y 9 de cada 10 dice que la delincuencia se ha reducido. Asimismo, otro sondeo arroja un 70 por ciento de apoyo para la reelección del mandatario, aunque es prohibida por la Constitución.

Los demás presidente de Latinoamérica miran hacia el pequeño país de América Central, porque encuentran, más que un método, una fórmula para lograr popularidad. Xiomara Castro, también bastante popular en su país, ya está implementando un estado de excepción similar al que Bukele tiene en su país desde hace 8 meses. La presidenta hondureña piensa hacerlo por un mes, como plan piloto, para “promover la seguridad en los espacios públicos e incentivar la economía”.

No sería extraño que otros, faltos de originalidad y de conocer las realidades de sus países, pronto estén aplicando medidas así.

José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, dijo a DW que “la adopción de esta medida en Honduras sugiere una convergencia regional incentivada por los evidentes réditos políticos que esta medida represiva ha tenido para Bukele en El Salvador. No creo que Honduras vaya a ser el único país que intente algo similar”.

El método Bukele contra la delincuencia

El gran riesgo de una propuesta como esta es que depende fundamentalmente de dos aspectos: darle gran poder a los militares y aplicar la violencia sin derechos humanos.

Ensanchar el poderío militar es entregarle una patente de corso para que dispongan como quieran, fuera de toda legalidad, Constitución Política o derechos fundamentales de las personas. Es darle poder a gente cuyo mejor habilidad es la aplicación de la violencia.

“Los Gobiernos latinoamericanos no deberían enceguecerse con la actual popularidad de Bukele, porque la historia muestra que las políticas de mano dura, a la larga no sirven para mejorar la inseguridad”, agregó Tamara Taraciuk, subdirectora de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

La historia de Latinoamérica y el mundo está plagada de golpes de estado y grupos militares que ponen y derrocan presidentes y grupos de poder a su antojo, con resultados desastrosos para el desarrollo de estos país que, todavía hoy, tratan de salir de ese legado castrense tan nefasto.

El tema de los derechos humanos no es menor, porque no se trata de darle derechos humanos a los delincuentes como dicen los fanáticos de Bukele, sino de cómo se pierden los derechos humanos de personas inocentes que están siendo encerradas y juzgadas solamente por la decisión de un militar, sin un juicio y sin una demostración de culpabilidad. Es la ley del salvajismo, donde posiblemente una marca (unos tatuajes) son la única evidencia.

Tamara Taraciuk afirmó a DW que esta forma para frenar a las maras “dista mucho de un modelo a seguir, ni para Honduras, ni para ningún otro Gobierno de la región”.

El estado de excepción “ha llevado a gravísimos abusos, incluyendo miles de detenciones arbitrarias de individuos solo por su apariencia física, desapariciones forzadas y decenas de muertes en custodia en circunstancias muy cuestionables”, criticó Taraciuk, de HRW.

Los datos son impresionantes: más de 58.800 presuntos pandilleros han sido arrestados desde que la medida entró en vigor. 

Algunas detenciones fueron cuestionadas por diferentes organizaciones de derechos humanos, que denuncian “casos de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como decenas de casos de tortura y malos tratos, e incluso casos de personas que han muerto bajo tutela del Estado”, en palabras de Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

¿Entonces?

¿Entonces dejamos al crimen andar libre dañando los derechos humanos de las personas inocentes, buenas y trabajadoras? Por supuesto que no.

Marinero, entrevistado por DW, afirma que la lucha contra el crimen “no tiene respuestas fáciles y rápidas. Supone planificar e invertir en educación, en servicios públicos de calidad, en fortalecimiento de las capacidades de investigación policial, en programas de reinserción social, en generación de oportunidades formativas y laborales para la juventud, entre otras cosas”.

Taraciuk cree que deben abordarse “las causas estructurales que llevan a miles de jóvenes a unirse a ellas (las pandillas) como, por ejemplo, la marginación social y la falta de programas que ofrezcan oportunidades laborales y educativas a expandilleros, sobre todo en un contexto de desigualdad socioeconómica”.

Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, subrayó que “una política robusta de seguridad pública solo se logra si se tiene en la mesa una visión integral y un proceso participativo, donde las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas tienen una larga trayectoria y experiencia, lo que les permitirá hacer propuestas integrales”.

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