Recrudece violencia en Bolivia: Varios cocaleros muertos en choques con militares

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó «el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Cochabamba».

Al menos siete productores de coca murieron en choques con las fuerzas del orden en el departamento boliviano de Cochabamba (centro), según informó la radio sindical cocalera, en la jornada más violenta de las protestas contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez instalado el 12 de noviembre.

«Acaban de confirmar el deceso de dos compañeros en el hospital Viedma, que se suman a los cinco muertos que fueron llevados al hospital de Sacaba», reportó la radio sindical Kausachun Coca citando reportes médicos.

El gobierno de facto lamentó los hechos, aunque solo confirmó cinco muertos, y llamó a un diálogo de pacificación sin precisar protagonistas, en tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó «el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Cochabamba».

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«Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales», sentenció la CIDH día Twitter.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia, a su vez, expresó su «alarma y preocupación» ante lo ocurrido e instó a investigar «si la actuación de ambas fuerzas (la Policía y las FFAA) se enmarcó dentro de lo que establece la Constitución Política del Estado y los protocolos internacionales de respeto de los derechos humanos».

Asimismo, exigió «una inmediata investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes y los heridos».

​»Recordar al actual Gobierno que anunció que su transición buscaría la pacificación del país y se enmarcaría en la convocatoria a un proceso electoral, sin embargo hoy el pueblo boliviano debe lamentar (…) muertes que se suman a las 13 contabilizadas por la institución durante este conflicto», puntualizó la entidad.

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La emisora de los sindicatos que lidera el presidente depuesto Evo Morales dijo que los dirigentes de la marcha, dispersada por fuerzas combinadas de la policía y el ejército antes de ingresar a la ciudad de Cochabamba, aseguraron que todas las muertes habían sido causadas por impactos de bala.

Los dirigentes cocaleros denunciaron en las redes sociales haber sido atacados también por aire, divulgando imágenes de vuelos rasantes de un avión de combate, al menos un helicóptero y hasta un dron.

La violencia en el municipio de Sacaba, punto de llegada a Cochabamba desde la región productora de coca de Chapare, coincidió con un anuncio de Áñez de que dictará «medidas constitucionales» para enfrentar a los que definió como «grupos subversivos armados» que estarían detrás de las persistentes protestas contra su asunción presidencial.

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Los choques ocurrieron al mismo tiempo que la presidenta de facto anunciaba que dictaría «medidas constitucionales» para enfrentar a los que definió como «grupos subversivos armados» que estarían detrás de la ola de protestas contra su asunción, tras la renuncia forzada de Morales.

En el primer reporte del saldo de la violencia, el médico de guardia del hospital México de Sacaba dijo que ese centro había atendido en primera instancia a las víctimas del enfrentamiento.

«Son cinco personas fallecidas todos los que han traído y 67 heridos que han llegado, pero siguen llegando», dijo el médico en un diálogo con familiares de las víctimas y dirigentes cocaleros transmitido en vivo por la radio sindical poco después de las 20:00 hora local (00:00 GMT), en el que informó que varios heridos fueron derivados al hospital Viedma de la ciudad de Cochabamba.

El médico, a quien videos divulgados por los sindicatos cocaleros lo mostraron identificando a los cinco fallecidos, se excusó de confirmar las causas de muerte arguyendo que eso correspondía al forense.

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Al final de la tarde, cuando se divulgaron los primeros reportes de la violencia en Cochabamba, Gualberto Ariste, dirigente de las Federaciones del Trópico de Cochabamba y secretario de comunicación del MAS, dijo a medios locales que «la marcha ha sido atacada con gases y también con armas de fuego, sin provocación de los cocaleros».

La movilización finalmente reprimida formaba parte de protestas dispuestas el Pacto de Unidad, grupo de organizaciones sindicales indígenas campesinas, que entre otras cosas, exigen la renuncia de la presidenta de facto Jeanine Áñez, y comenzaron a ocasionar desabastecimiento de combustibles y alimentos en las urbes.

«Exigimos la renuncia inmediata de la autoproclamada Presidenta interina del Estado, por ser ilegal, inconstitucional y en su autoproclamación haber violado la Constitución y el Reglamento General de la Cámara de Senadores», dijo el Pacto de Unidad en un comunicado.

La Paz, capital política del país, también vivió una tarde de marchas indígenas en el centro, que fueron pacíficas pero que igualmente terminaron dispersadas con gases lacrimógenos por parte de la policía y sin intervención de los militares dispuestos en la ciudad.

En Beni (norte), Oruro (centro) y Potosí (sur) también se registraron enfrentamientos.

​El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) condenó la muerte de los cocaleros.

«Condeno y denuncio ante el mundo que el régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia reprime con balas de las FFAA y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho; ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba», afirmó Morales.

​Morales, exdirigente aymara de los sindicatos cocaleros, dimitió el 10 de noviembre en medio de violentas protestas contra su reelección y tras la petición expresa por parte de la policía y las Fuerzas Armadas luego de un informe de la Organización de los Estados Americanos que muestra irregularidades en las elecciones del 20 de octubre.

Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, expresó su repudio a la represión que ejercieron los cuerpos de seguridad contra los manifestantes.

«Represión desmedida y masacre en Cochabamba, hoy 15 de noviembre. Imágenes fuertes, pero necesarias para denunciar el carácter represor y dictatorial de quienes han asaltado el poder en Bolivia. La Comunidad Internacional debe condenar y actuar para detener esta barbarie», escribió el canciller en su cuenta de la red social Twitter.

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