El Poder Judicial reclamó en sus redes sociales que el servicio de protección de testigos y otros servicios esenciales en la lucha contra el crimen organizado se verán afectados con los recortes presupuestarios que propone el Ministerio de Hacienda por casi ¢8.000 millones al Poder Judicial.
Crimen organizado a la baja
Pero protección de testigos es solamente uno de los servicios que se verían afectados, defiende el Poder Judicial en varias imágenes que da a conocer en su página de Facebook.
Entre los servicios afectados incluye el pago de trabajos de investigación y operación relacionados con el narcotráfico, secuestros y la trata de personas.
Por otra parte, reclaman que la seguridad del personal y usuarios en las instalaciones de los organismos del Poder Judicial se verá afectada con los recortes que impulsa el Gobierno de Rodrigo Chaves.
La “Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada” recibiría también disminución en su presupuesto que no le permitiría “financiar la operación ordinaria”. (Sigue abajo…)
Asociado a lo anterior, la identificación química de drogas y explosivos no podrá realizarse con la misma eficiencia hasta el momento, lo que genera una afectación más contra el crimen organizado.
Y como si fuera poco, el equipo del laboratorio especializado en ciencias forenses y medicina legal no tendrá mantenimiento preventivo y correctivo durante el 2023, lo que no permite garantizar respaldo a los “datos periciales y garantizar la veracidad de los resultados”.
Otros servicios afectados
Por otra parte, el fideicomiso para la construcción del nuevo edificio de los Tribunales de Justicia en Puntarenas dejará de ser pagado, de manera que no podrán continuar con esa obra de infraestructura para la región del Pacífico Central. Según el Poder Judicial, esta obra tiene un avance cercano al 50% y estaría siendo paralizada o avanzaría mucho más lentamente, con afectación en la protección de lo construido.