PUSC y fabricistas se unen a discurso empresarial y rechazan acuerdo ambiental de Escazú

Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el bloque tránsfuga fabricista anunciaron su rechazo al Acuerdo de Escazú, tratado regional que promueve la democracia ambiental y ofrece protección específica a los defensores ambientales.

Luego que la  Unión de Cámaras (Uccaep) y la Cámara de la Construcción (CCC) anunciaran su oposición al  tratado, la agrupación mariachi manifestó, a través de redes sociales, su desacuerdo con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, puesto que el acuerdo tiene roces constitucionales y contradicciones con la legislación nacional.

‘Nos preocupa enormemente las implicaciones negativas que el Acuerdo de Escazú generaría al sector productivo y a la generación de empleo, en momentos donde se necesitan acciones concretas para dinamizar la economía. Desde el Primer Poder de la República somos conscientes de la necesidad de cooperar con organismos multilaterales en la búsqueda de acciones que protejan el ambiente, como los que ya dispone nuestro país. Ante la situación socioeconómica que vivimos, tenemos la responsabilidad de garantizar legislación que tenga un impacto positivo en la atracción de inversión, que impulse al sector productivo y genere nuevas fuentes empleo a los costarricenses’, afirman.

Por su parte, el bloque tránsfuga aseguró que el Acuerdo de Escazú no corresponde con los esfuerzos para promover la reactivación económica y porque ‘lesiona al sector productivo costarricense’.

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‘La aprobación del Acuerdo va a traer consecuencias negativas para nuestro país no solo a nivel económico, sino también en el área social, pues es desproporcionado e implica obligaciones que no son sanas para las finanzas y el bienestar general de los costarricenses’.

Y a pesar que consideran que ‘el desarrollo sostenible debe ser parte de la agenda del Congreso’, los conservadoras aseguran que el Acuerdo de Escazú ‘atenta contra la seguridad jurídica de las empresas, es ambiguo y entorpece los procesos de toma de decisiones’.

Acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.

¿Cuál es su principal objetivo?

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

¿De qué manera beneficia?

El Acuerdo tiene como pilares principales:

  • Garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental.
  • Propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones.
  • Favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.

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