Proyecto propone obstáculos a adquisición de obras de arte en edificios del Estado

La reforma establece que la Contraloría General de la República deberá establecer el porcentaje a comprar, de acuerdo con criterios proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.

Un proyecto de reforma a dos leyes de la República pretende poner límites a la adquisición de obras de arte, como murales, esculturas, muebles, lámparas, artesanías y otras, en la construcción de nuevos edificios del Estado costarricense.

La reforma introduce que para adquirir esas obras debe considerarse «la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad» antes de presupuestar ese gasto.

El proyecto, que en su introducción habla del «recorte de gastos superfluos y maximización de recursos» como una de las justificantes, indica que el porcentaje que se destine a la compra de obras de arte, «deberá ser previamente autorizado por la Contraloría General de la República, de acuerdo a la situación fiscal del país y los requerimientos técnicamente justificables para su adquisición».

Según los proponentes, la idea es «mejorar el desempeño del Estado, optimizando los recursos disponibles, racionalizando los gastos a cargo del erario público».

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Consideran que las dos leyes a reformarse «conllevan un espíritu altamente loable en beneficio del enorme y reconocido potencial artístico nacional, que no obstante debe ser regulado para evitar abusos y desproporciones en su aplicación». Por esa razón, facultan a la Contraloría a definir los «criterios técnicos» para la compra del arte.

¿Se puede definir la compra de arte con «criterios técnicos»? En el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, como ejemplo, se pusieron 7 esferas de piedra prestadas por el Museo Nacional, a cambio de ningún gasto para la entidad.

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El proyecto, además, prohíbe a varias instituciones de bien social valerse de la ley 5.176 que establece, desde 1973, la posibilidad de presupuestar esas compras en el Gobierno, con la intención de promover el arte costarricense.

Si esta reforma progresa, según el escrito actual del proyecto, estas instituciones no podrán comprar arte nacional en sus nuevos edificios: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Educación Pública (MEP), Junta de Protección Social (JPS), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

También se reforma la ley 6750 (artículo 7), de mayo de 1982, creada para el incentivo a las bellas artes, con el mismo propósito: que sea la Contraloría General de la República quien decida el porcentaje a destinarse en la compra de arte.

Obra de Alma Fernández. Efectos ilustrativos solamente.

El proyecto fue elevado a plenario el pasado jueves 31 de octubre, pero ante la presencia de mociones de fondo fue devuelto a comisión, donde ahora deberá llevar de nuevo el trámite , y dependerá de la voluntad política para sacarlo adelante o estancarlo.

El proyecto fue firmado por la diputada Shirley Díaz -la misma que mocionó para rebajar 255 millones al Ministerio de Cultura y Juventud- y los diputados José María Villalta, Daniel Ulate, Catalina Montero, Mileidy Alvarado, Harlan Hoepelman, y la proponente: María José Corrales.

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