Producto del diálogo intersectorial: Presentan ley para simplificar trámites burocráticos

La propuesta fue elaborada con la diputada liberacionista Silvia Hernández, quien preside la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Novena sesión de trabajo Diálogo Multisectorial, Centro Nacional de Convenciones, Heredia. 14 Noviembre 2020. Foto: Roberto Carlos Sánchez @rosanchezphoto

El Poder Ejecutivo, con el propósito de establecer una regulación moderna y flexible, presentó ante el Poder Legislativo la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, que es producto del diálogo ciudadano intersectoral.

La propuesta de reforma a la ley 8220, fue presentada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández y la diputada Silvia Hernández.

Según el Gobierno, esta ley atiende a los acuerdos de la mesa intersectorial en el eje de “Reactivación Económica, Empleo Decente y Combate a la Pobreza”, donde se solicitó al Ejecutivo atender de inmediato “la simplificación de trámites y la agilización de tiempos de respuesta, para impactar positivamente al sector productivo del país”.

La ley propone, a groso modo:

  • Fortalecer la rectoría política y técnica del MEIC, en simplificación y mejora regulatoria.
  • Enfocar la gestión pública en el uso de instrumentos de verificación posterior sobre la revisión documental previa como mecanismo para acelerar trámites, recurriendo al uso de herramientas como la declaración jurada.
  • Fortalecer el uso del Catálogo Nacional de Trámites como instrumento para transparentar y centralizar todos los trámites a los usuarios.
  • Ampliar el alcance del criterio vinculante del MIEC sobre las propuestas de regulación que propongan las entidades públicas, más allá del Gobierno Central (como ocurre actualmente).
  • Facilitar la aplicación efectiva de la ley y el ejercicio de los derechos que tienen los usuarios en su relación con las instituciones, en temas vinculados con la aplicación del silencio positivo.
  • Ajustar el marco sancionatorio por incumplimiento de la ley, el cual pretende aclarar quién comete la falta, clasificando las faltas para la aplicación de las sanciones correspondientes.
  • Lograr que la mejora regulatoria y la simplificación de trámites se convierta en una tarea permanente y una práctica de mejora continua en la gestión pública costarricense, considerando el impacto a sus destinatarios.

“Con el respaldo a esta reforma, reiteramos el compromiso del Poder Ejecutivo de avanzar en la modernización del Estado, eliminando trabas y requisitos innecesarios que afectan la actividad económica del país y lastiman la confianza de las personas en las instituciones públicas”, indicó el presidente Carlos Alvarado Quesada.

Así se expresó la legisladora Hernández:

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