Les torcieron el brazo. A pesar de la intención de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, y del presidente Rodrigo Chaves, para eliminar la vacunación obligatoria, hoy quedó claro que no pudieron hacerlo, porque la legalidad del país así lo establece y así lo ha reiterado varias veces mediante varias formas, incluso consultas constitucionales.
El secretario técnico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, parte de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, Dr. Roberto Arroba Tijerino, comunicó a la nueva ministra de Salud, Joselyn Chacón, que esa entidad recibió su solicitud para revisar los límites de la obligatoriedad de la vacunación contra Covid-19.
Sin embargo, le dejó claro a la jerarca que, en una reunión extraordinaria tenida el 10 de mayo, la Comisión tomó la decisión de mantener “los términos actuales de la obligatoriedad acordados previamente por esta comisión”.
Arroba le comunicó esta resolución a la ministra Chacón mediante el oficio MS-CNVE-0220-2022, donde además se le indicó que “los miembros de la CNVE discuten los puntos relacionados con esta solicitud; y acuerdan que se procederá a evaluar en la próxima sesión información reciente para revisar y analizar los límites actuales de la obligatoriedad de la vacunación contra covid-19 según el contexto científico y epidemiológico”, según el oficio.
La solicitud de Chacón a esta comisión se basa en el decreto ejecutivo que el presidente Rodrigo Chaves firmó ayer y publicó hoy en la Gaceta, donde se establece que se pedirán a esta comisión las bases científicas que sustentan a la vacunación obligatoria.
“El Poder Ejecutivo solicita a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que mediante estudios técnicos y estadísticos actualizados, indique y recomiende al Poder Ejecutivo cuales funcionarios pueden ser afectados por sanciones de despido ante el incumplimiento de la obligatoriedad que rige en la actualidad. En el mismo sentido insta a realizar estudios técnicos que demuestren el efecto de la obligatoriedad de la vacunación sobre el porcentaje de la población que efectivamente vacunada, incluyendo un análisis de la evidencia internacional”, reza el decreto ejecutivo.