Presidente veta parcialmente la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta que procura sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea.

Rodrigo Chaves Robles realiza un veto parcial al Decreto Legislativo 10.381 denominado “Modificación a la Ley Nº7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 1988, para la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea”, por lo que denominan razones de oportunidad y conveniencia.

Según el Gobierno, el Ministerio de Hacienda “dejaría de recaudar 10 mil millones de colones anuales con reforma legislativa a la Ley de Impuesto sobre la Renta”.

El Frente Amplio reaccionó afirmando que hace bien el Gobierno con el veto parcial, porque el proyecto de ley tenía un caballo de Troya para eliminar del pago del impuesto a un grupo de grandes empresas que ya lo venían haciendo sin problemas.

La diputada Daniela Rojas, del PUSC -una de las bancadas que votó favorablemente la ley- afirmó que se trata de un impuesto solapado:

Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, afirma que es un error muy grave del presidente Chaves Robles este veto, porque pone en riesgo la inversión extranjera, de origen europeo, pero además defiende que son los diputados quienes deben decidir sobre el principio de territorialidad:

Fabricio Alvarado, de Nueva República, mencionó que era esperable el veto presidencial, pero no defendió al proyecto:

Afectaciones de la ley

Según el presidente Rodrigo Chaves, “esa reforma implicará una afectación de recursos enormes a la recaudación nacional del Ministerio de Hacienda para beneficiar a pequeños grupos de gente muy acaudalada”.

Para Chaves el veto parcial “para que los diputados puedan reflexionar sobre su decisión y tengan la oportunidad de explicarle al pueblo de Costa Rica por qué toman esa decisión”.

El Gobierno considera que el Decreto Legislativo 10.381 propone, al realizar un cambio en el Artículo 1, párrafo tercero de la Ley N°7092, la eliminación de “la aplicación del principio de territorialidad y fomentará las planificaciones fiscales agresivas o estrategias de evasión fiscal, orientadas a trasladar el patrimonio en otras jurisdicciones con mejores condiciones fiscales”.

“La reforma debilita el sistema tributario nacional al restringir el impuesto sobre las utilidades a los ingresos exclusivamente en el territorio nacional, lo que significa un retroceso legislativo”, afirmó el ministro Nogui Acosta.

Según el Poder Ejecutivo, el estado costarricense “perdería 36 mil millones de colones de ingresos extraterritoriales que están en etapa procesal en vía administrativa (Ministerio de Hacienda) y en vía judicial”.

Afirman que ese monto basta “para que el MEP construya 20 centros educativos, 135 mil nuevas becas de transporte estudiantil, más de 250 mil becas de comedores estudiantiles o más de 70 mil becas de avancemos. O para que el MOPT pueda atender la mitad de los puentes en peor estado de la red vial nacional o cubrir la ampliación del aeropuerto de Liberia”.

Curiosamente, también es una suma similar a lo que el Gobierno le bajó al presupuesto del MEP para este año 2023.