Presidente Alvarado defiende tope a pensiones de lujo ante Sala Constitucional

Ese recorte produciría unos ¢12.000 millones que servirían para ayudas sociales mediante el IMAS y para financiar 10.000 pensiones de adultos mayores en condiciones de pobreza.

Ante el riesgo de que la Sala Constitucional decide a favor de un recurso de amparo que buscar traerse abajo la ley que fija un rebajo obligatorio a pensiones de lujo, el presidente Carlos Alvarado envió a este organismo judicial una coadyuvancia pasiva que defiende la argumentación del Ejecutivo para poner el tope.

La ley 9796 (Ley para Rediseñar y Redistribuir los Recursos de la Contribución Solidaria) establece que un cobro de contribuciones solidarias sobre las pensiones mayores a ¢2,2 millones en el caso del Magisterio y el Gobierno, y a ¢2,6 millones en el Poder Judicial.

Sin embargo, el recurso de amparo 20-005878-0007-CO, formulado por agremiados del Régimen del Magisterio Nacional de Pensiones y Jubilaciones, pretende que esta ley no prospere y se sigan dando pensiones de lujo a una importante cantidad de personas, algunas con cargo al presupuesto nacional.

Ese recorte produciría unos ¢12.000 millones que servirían para ayudas sociales mediante el IMAS y para financiar 10.000 pensiones de adultos mayores en condiciones de pobreza.

Esa reforma fue aprobada en noviembre pasado por el Congreso y aunque no fue creada por el Ejecutivo sí recibió el apoyo e impulso en la Asamblea Legislativa.

Según el documento enviar a la vía judicial, “la vigencia de la decisión objeto de esta acción reviste un marcado interés público, pues se refiere al adecuado uso de fondos provenientes de la Hacienda Pública, en una coyuntura de extrema necesidad de un empleo responsable de los escasos recursos públicos”, según reza el documento presentado.

Y subraya que “la salud financiera de los diferentes fondos de pensiones constituye un factor que favorece a la paz social y al respeto de los derechos de las personas, aspectos de importancia capital para la Presidencia de la República”.

El mandatario Alvarado defendió que la norma no contraria los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque esta ley “vino a sanear la necesidad de dotar de sostenibilidad a los regímenes de pensiones especiales por medio de contribuciones solidarias y escalonadas, ya que reestructura los topes de pensión máxima y de la pensión exenta de la contribución especial sobre los regímenes de pensiones especiales”.

“La aprobación y la correspondiente puesta en práctica de la disposición legal cuestionada reflejan una medida de prevención para que dichos sistemas de jubilación puedan continuar cumpliendo su función en beneficio de sus agremiados, generando un esfuerzo adicional en el ya poco flexible Presupuesto de la República”, agregó.

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