Presidencia: Solo faltan ‘unas correcciones técnicas’ y Ley de empleo público será realidad

Del mismo criterio es Pilar Garrido, ministra de Planificación, quien aseguró que los problemas de constitucionalidad que presenta la ley son subsanables.

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Según el Gobierno, el pronunciamiento de la Sala Constitucional emitido la noche de ayer, “deja claro que la ley marco de empleo público no contiene ninguna inconstitucionalidad en su tramitación y además avala la fijación del salario único global y las limitaciones a las convenciones colectivas”.

Aunque las inconstitucionalidades por independencia de poderes le fueron advertidas reiteradas veces por varios diputados, académicos y especialistas al Gobierno, este siguió con la intención de sacar el proyecto como fuera posible.

Habrá que hacer algunas correcciones técnicas, para ajustar el texto a lo señalado por la Sala, pero todas son factibles y pronto la ley marco de empleo público será una realidad“, expresó Casa Presidencial en sus redes sociales esta mañana.

Del mismo criterio es Pilar Garrido, ministra de Planificación, quien aseguró que los problemas de constitucionalidad que presenta la ley son subsanables.

La diputada del PAC Paola Vega, quien ha sido férrea opositora a esta ley, llamó la atención de que esas “correcciones técnicas” se refiere a 34 inconstitucionalidades por el fondo, que hablan de un problema más grueso.

Tanto Vega Rodríguez, como el también diputado Welmer Ramos González -precandidato del PAC-, rechazan esta ley y fueron opositores, a pesar de formar parte del partido de Gobierno.

Según Vega Rodríguez, esta ley debe ser desechada para introducir una nueva que elimine los problemas que sus opositores plantearon con claridad desde el principio y se elimine la objeción de conciencia, a la que se oponen varios diputados de centro-izquierda y progresistas.

Tanto Vega, como Ramos presentaron varias consultas a la Sala Constitucional en conjunto con el diputado José María Villalta del Frente Amplio.

El Gobierno, por su parte, pone esperanza en esta ley porque considera que “estos son los elementos centrales para generar un ahorro sustancial, pero sobre todo razonabilidad y justicia en las remuneraciones a lo interno del sector público, así como entre éste y el sector privado”.

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