Presidencia interpone inconstitucionalidad contra ‘interpelación velada’ para que no vuelva a suceder

Aunque el presidente Carlos Alvarado asistió al plenario de la Asamblea Legislativa a responder preguntas de una comisión legislativa sobre el caso de la creación de la UPAD (expediente 21.818), la discusión nacional se dio en torno a la constitucionalidad de esa acción que fue definida como una “interpelación velada” del Poder Legislativo al presidente.

Con excusas de falta de espacio, incluso el pleno de la Asamblea Legislativa acordó suspender la sesión del plenario, así como las agendas de los demás diputados, para que tanto los miembros de la “comisión especial investigadora”, como todos los demás congresistas, pudieran hacer acusaciones y preguntas al mandatario, como terminó sucediendo. Todo el día se dedicó a realizar aquella interpelación y, como era de esperar, se convirtió en un espectáculo mediático sin mayor trascendencia.

La Constitución establece que los ministros de Gobierno son los únicos que pueden ser interpelados de esa manera.

El mismo Departamento de Servicios Técnicos del Congreso recomendó no hacer la interpelación por el roce constitucional, pero los diputados opositores decidieron pasar por encima de dicho informe.

Por esa razón, la actual ministra de la Presidenta, Geannina Dinarte, interpuso ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad para que otro presidente de las República no tenga que enfrentar una interpelación de este tipo que atenta contra la división de poderes.

Según Presidencia se trata de “evitar que a futuro se genere nuevamente una alteración al Estado democrático de Derecho y asegurar que no se produzcan graves dislocaciones de la seguridad jurídica y el sistema costarricense de frenos y contrapesos”.

Según Dinarte, en aquel acto de febrero, se quebrantaron los mandatos constitucionales depositados en los artículos 1º, 9º, 11º, 121 incisos 23) y 24 y 139 de la Constitución Política, así como los principios constitucionales de configuración democrática y republicana del Estado y separación de poderes.

Dejar la situación pasar, según la proponente de la acción, afecta “el adecuado equilibrio de funciones de los Poderes que conforman el modelo republicano costarricense y genera una situación de inseguridad jurídica”.

“Como Ministra de la Presidencia, he jurado hacer cumplir la Constitución Política y las leyes de la República. Ese mandato me obliga a actuar en defensa del texto fundamental como norma suprema del ordenamiento jurídico costarricense”, agregó Dinarte.

El Gobierno defiende que el presidente Alvarado asistió a esa interpelación por transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, pero que “lo anterior no representó de ninguna manera una validación a la interpelación velada que se le hizo“, por eso esta acción se hacen imperativa.

La comisión que investigó la Upad finalmente entregó un informe que no demostró dolo ni delito alguno del presidente Alvarado, pero descubrió algunas actuaciones incorrectas. La Upad era una oficina en Casa Presidencial que buscaba realizar un manejo de la información estadística de las instituciones del estado para generar insumos que faciliten la toma de decisiones políticas. En principio, una idea de avanzada, pero que jurídicamente no se construyó bien.

Muchas de las mentiras sobre la existencia de una oficina de espionaje y otras conjeturas relacionadas finalmente fueron desmentidas, de manera que más bien la interpelación terminó siendo -para algunos analistas- en beneficio del mandatario.