Presidencia anuncia que rebajos en presupuesto afectarán programas sociales a próximo gobierno

¿Por qué los diputados quisieron afectar la recaudación de impuestos al próximo gobierno y en beneficio de quiénes?

Si bien es cierto que el presupuesto aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa logró respetar la regla fiscal en la dirección de corregir el problema fiscal, algunos rebajos afectarán programas sociales importantes.

Presidencia reclamó que esos rebajos afectarán al próximo gobierno en ejercicio a partir de mayo de 2022, cuando sea juramentada la próxima representación ejecutiva y legislativa del país.

“Entre las principales preocupaciones se encuentra la no inclusión de recursos adicionales para el PANI, lo que afectará la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y a los centros de cuido (CIDAIS), así como los fondos para el programa Avancemos y las pensiones del Régimen No contributivo de la CCSS, sobre todo cuando la incorporación de estos recursos se mantenía dentro los límites de la regla fiscal y no implicaba una afectación”, comunicó Presidencia.

El Gobierno destacó también el traslado de ¢21 mil millones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a las municipalidades para la atención de obra pública, así como el recorte del presupuesto asignado a distintos ministerios para brindar más recursos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), según expresaron en Hacienda.

El Ministerio de Haciendo hizo hincapié que los rebajos realizados por los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios y que fueron aprobados por el plenario, también impiden el trabajo de ese ministerio de sistemas de cómputo y otras labores para mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria.

Se trata de una rebaja de ¢6.689 millones que estaría afectando el sistema aduanero TICA (para las declaraciones de aduanas, registro de las importaciones, el registro de las exportaciones, entre otros), la Administración Tributaria Virtual (ATV) necesaria para trámites como inscripción, presentación de declaraciones, facturación electrónica y pago de impuestos;  la transferencia de fondos a las municipalidades, entidades de Gobierno Central y descentralizadas, el pago de salarios de 120 mil personas funcionarias, la transferencia de dineros a las y  los pensionados, el pago de las deducciones de las cuotas patronales a la CCSS, la ejecución presupuestaria del Gobierno, el pago a proveedores, entre otros aspectos.

Todo eso no es poca cosa. ¿Por qué los diputados quisieron afectar la recaudación de impuestos al próximo gobierno y en beneficio de quiénes? Esa es parte del discusión que parece pasar desapercibida en los medios de comunicación y redes sociales.

Según el Gobierno, el proyecto aprobado para 2022, asciende a los ¢11,5 billones, el 52.8% será financiado por medio de ingresos corrientes y de capital y el restante 47.2% proviene de financiamiento externo.

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