¿Por qué es muy peligroso eliminar el aporte del estado a los partidos políticos? ◘ Voz propia

Cuando el estado financia otros partidos pequeños o sin recursos de capital, les permite tener voz y participación no comprometida con intereses creados.

En diciembre pasado el Congreso de Costa Rica aprobó una ley para disminuir a más de la mitad la deuda política, es decir, el aporte que el estado otorga a los partidos políticos para participar en las campañas electorales, realizar procesos de capacitación y otros afines.

El proyecto surge con el apoyo casi total de los diputados, con excepción de dos tránsfugas que casi siempre se oponen al consenso -el independiente Erick Rodríguez Steller y Shirley Díaz del PUSC. La ley fue firmada el 20 de enero de 2021 por el presidente Alvarado y aplicará para las elecciones presidenciales de 2022 y las municipales de 2024. Solo 9 partidos debidamente inscritos podrán participar.

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Así las cosas, muchos salieron al ruedo de las redes sociales a vociferar que ese aporte debería eliminarse del todo, no solamente la mitad. Normalmente, esas expresiones populistas no tienen mucho arraigo en un país con tradición demócrata como el nuestro, pero en tiempos de conspiranoicos, noticias falsas y gritones de las redes, ha empezado a calar en la gente. Por eso es preciso volver y explicar por qué eso es contraproducente y nada conveniente para la paz social, política y económica de un país.

Si el estado le quita el aporte a los partidos políticos, quienes decidirán sobre ellos serán los grandes contribuyentes de las campañas, quienes usualmente son grandes financistas o empresarios que, sin duda alguna, se cobrarán el financiamiento “con intereses altos” cuando el partido esté en el poder, ya sea en Cuesta de Moras o en Zapote. Los favores en contrataciones multimillonarias del estado e incluso en grandes corrupciones estarían a la orden del día, como ha sido comprobado en otros países.

Por otra parte, no se le olvide que las bolsas de dinero y los manejos de dineros provenientes del lavado o incluso desde el narcotráfico, siempre son un riesgo inmenso en la política. Esos dineros pronto convierten un país relativamente saludable y pacífico como Costa Rica en un narco estado lamentable, de consecuencias nefastas.

Cuando el estado financia otros partidos pequeños sin recursos de capital, les permite tener voz y participación no comprometida con intereses creados. Es decir, democratiza la participación ciudadana y le da voz a quienes no tienen riqueza.

El Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio, el PIN y otros han podido surgir precisamente por ese aporte que antes solamente estaba destinado al PLN y al PUSC durante la época del bipartidismo. El PAC, por ejemplo, no recibe por norma y por ética grandes contribuciones económicas. Por eso no es extraño que se metiera en problemas con los aportes por trabajo que quiso “monetizar” en la campaña 2014, conocido como la “estafa PAC”. Este partido usó un mecanismo que antes era válido en otros partidos y en el mismo PAC, pero que, de repente, se convirtió en una estafa.

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Eliminar la deuda política podría equivaler a volver al bipartidismo en dos fuerzas que alimentarían siempre intereses corruptos de diversos grupos, algo que ya hemos podido ver en décadas pasadas. Un ejercicio gansteril de la política.

Costa Rica, ciertamente, durante muchos años no ha estado librado de esos manejos mafiosos con la deuda política; todos los partidos han sido denunciados por manejos ilegales en las diferentes campañas. Recientemente, el TSE elevó al a Fiscalía una denuncia por presunta estafa en una campaña del PLM, por ejemplo.

Sin embargo, la proporción de manejos mañosos o negocios espurios con la deuda que se maneja ahora es un problema minúsculo, si se permite que sea el capital privado quien maneje los procesos políticos y democráticos.

Algunos arguyen que la eliminación total de la deuda política significaría un gran ahorro para el estado, porque ese dinero se lo dejan los corruptos de los partidos. Pero, al aceptar que inviertan los corruptos en las campañas -esperando algo a cambio- igualmente los grandes inversores corruptos se dejarán el ahorro realizado. Es decir, el ahorro igualmente se lo quedan las personas que no trabajan con decencia y transparencia política.

Por eso, precisamente, es fundamental garantizar la participación de la pluralidad de sectores, que además permitan el ejercicio decente de la política, o por los menos sirvan de contrapeso a quienes no practican la política con transparencia y para el servicio del país, sino del suyo y de los grupos que representan.

Las disminución del 0.14% al 0.085% del PIB en la deuda política para 2022 y 2024 nos indica que para esos años las campañas políticas serán austeras, de manera que la decisión del electorado costarricense dependerá en mucho de la capacidad de convencimiento de los candidatos, más que del despliegue propagandístico. Y, también, del aporte en trabajo de las personas comprometidas, así como de los grandes contribuyentes a las campañas políticas.

Esa coyuntura será un buen termómetro para medir qué tanto calado logran los partidos que tradicionalmente tienen el respaldo de grandes intereses económicos.

Es mejor que el estado brinde oportunidades de participación a dejar que las oportunidades sean dadas solamente por los poderosos con capital (decentes o no).

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