¿Por qué el aumento a los ministros y ministras sería ilegal?

Aunque la ministra de Presidencia, Natalia Díaz, dijo que la regla fiscal aplicaba por parejo y no habría excepciones para lograr la contención del gasto público, el nuevo aumento a los ministros y ministras por duplicado sería una excepción, una que puede ser ilegal.

El mismo presidente Rodrigo Chaves había dicho que los ministros y ministras aceptaron el puesto por patriotismo, por amor a Costa Rica, no por afán de enriquecerse de la función pública.

Aumento a los ministros y ministras sería ilegal

El aumento mediante un decreto ejecutivo estaría rompiendo la más elemental lógica de las jerarquías del derecho, porque un decreto no puede estar por encima de una ley de la República, y eso es lo que parece suceder.

El inciso c del artículo 13 de la regla fiscal (capítulo II del título IV) que contiene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (ley 9635) dice con toda claridad, aplicado a todos los servidores públicos:

“No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario”.

El decreto de Chaves Robles no solamente está aumentando el salario base, sino que además lo está haciendo de manera retroactiva, porque estaría aplicando desde el 1 de junio, es decir, desde hace 15 días.

Además, el artículo 42 de capítulo 5 del título III de esta ley establece que: “La remuneración total de aquellos servidores cuya designación sea por elección popular, así como los jerarcas, los titulares subordinados y cualquier otro funcionario del ámbito institucional de aplicación, contemplado en el artículo 26 de la presente ley, no podrá superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, salvo lo indicado en el artículo 41 sobre la remuneración del presidente (subrayados nuestros)”. 

Para comprender mejor, esa regla fiscal establece que si la deuda del estado está entre el 45 y 60% del PIB no habrá aumentos para los funcionarios. Esa regla ha impedido que desde 2020 haya aumentos de salario para los empleados públicos en todos los niveles.

Mucha responsabilidad

El criterio de ilegalidad lo comporten los diputados del Frente Amplio, quienes además dejaron ver que existe una incongruencia política, también el exdiputado Welmer Ramos y varios abogados que conocen bien esa ley y su aplicación.

Ramos González además agregó que no cuestiona el merecimiento o no de ese aumento, porque quienes han estado en una función pública como ministros (él fue ministro de Economía durante la administración Solís Rivera) deben enfrentar decenas de querellas legales en las que el estado no colabora.

Ramos agregó que las cámaras, sindicatos y grupos de interés se dedican a crear acusaciones incluso por cosas absurdas para desprestigiar a los funcionarios que no siguen sus intereses o imposiciones. Todos los gastos legales al respecto debe cubrirlos el jerarca, sin apoyo del estado. Es decir, la responsabilidad es muy fuerte.