PLN quiere quitar regla fiscal a Japdeva

Al parecer también el Poder Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta que impulsa David Gourzong.

El subjefe de fracción por el Partido Liberación Nacional (PLN), David Gourzong, pidió esta mañana en la reunión de jefes de fracción que se impulse un plan de ley para sacar a Japdeva de la aplicación de la regla fiscal.

Gourzong aseguró que el tema se había conversado con el presidente Carlos Alvarado en la sesión especial de Consejo de Gobierno que se realizó esta semana en el cantón central de Limón con motivo de la celebración de la cultura afrocaribeña.

De hecho, Alvarado coincidió con el verdiblanco en el tanto se permita que la Junta Administradora Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) pueda hacer uso de los recursos que le ingresan por concepto del canon que paga la transnacional APM Terminals por su operación en aguas costarricenses.

En ese sentido, Alvarado incluso pidió ayuda a los diputados para que avancen con esta propuesta, por lo que Gourzong presentó el proyecto esta misma semana.

El ejecutivo está de acuerdo, dijo Gourzong, en vista de que se trata de un proyecto para permitir invertir en capital de trabajo en la provincia limonense.

Insistió en que el tema lo ha comentado con Pablo Heriberto Abarca: “Ya tenemos el expediente listo, con el número 22.672”.

Días atrás, Heriberto Abarca había atacado la Ley de salvamento cultural reiterando que esa ley no podía salirse de la regla fiscal de ninguna manera.

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La jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, dijo que coincide en la posibilidad de poner a discusión una norma en este sentido, sin embargo, pidió tiempo para verlo a lo interno con sus compañeros de bancada y con los jerarcas del Ejecutivo.

“Yo necesito un espacio de coordinación, ver los textos con los jerarcas y desde allí, construir una posición”, expresó Guido.

La regla fiscal es un mecanismo que pretende apoyar la disciplina fiscal hacia una senda de sostenibilidad, sin embargo, en Costa Rica se incluyó en la reforma tributaria del 2018 y su aplicación ha generado parálisis de inversión y gestión de trabajo en diferentes instituciones públicas.

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