Proyecto busca extender plazo para compensar los despidos injustificados

El proyecto de ley llamado “Ley para los salarios caídos”, reformaría al artículo 82 del Código de Trabajo para garantizar el pago de los derechos laborales en los despidos injustificados es la propuesta que presentó a inicios de esta semana la fracción del partido político Frente Amplio.

“Esta iniciativa pretende dar más derechos a las personas trabajadoras. Lo que pretende también es que, en caso de que un trabajador sea despedido sin responsabilidad patronal, a este cuando inicie el proceso judicial, se le reconozca el tiempo de salarios caídos durante el proceso. Esto, sin duda, va a dar una mayor protección a los trabajadores”, expresó la fracción del Frente Amplio.

Despidos injustificados

En caso de un despedido injustificado, la legislación cubre el pago de salario del afectado, (en este caso, la persona trabajadora), solamente durante seis meses desde el inicio del proceso judicial. Sin embargo, se sabe que los plazos pueden durar más de medio año, incluso hasta dos años, por lo que un pago por seis meses es insuficiente y así lo sustenta la fracción frente amplista.

“La redacción actual del artículo 82 del Código de Trabajo no promueve la celeridad ni la justicia pronta en los procesos judiciales, pues a partir del referido límite de seis meses para el pago, tampoco existe ninguna responsabilidad para la parte vencida que atrase el proceso más allá de ese plazo. El límite, arbitrario y falto de respaldo fáctico, se convierte en un incentivo perverso para la vulneración de derechos laborales.”, advierte la justificación del proyecto de ley.

La iniciativa de ley presentada por el Frente Amplio propone que se reforme ese artículo en los casos en que la justicia determine que se dio un despido injustificado y se lea de la siguiente manera: “…el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe del preaviso y el del auxilio de cesantía que le pudieran corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que quede en firme la sentencia condenatoria en contra del patrono, con un tope máximo de veinticuatro meses.”

Según datos del Poder Judicial, en 2019 el tiempo promedio de duración de un caso laboral fue de 15 meses (un total de 6088 expedientes), mientras que el de mayor cuantía duró 18,95 meses (un total de 22.668 casos). 

La situación tendió a mantenerse o al alza en los dos años siguientes, en 2020 los casos que duraron menos en resolverse promediaron 17,2 meses y los que más 18,45; mientras que en 2021 fueron 19,75 y 20,48 meses, respectivamente.

Estos datos solo evidencian que el pago por seis meses se queda corto en relación a la totalidad del caso. Esto sin tomar en cuenta que las sentencias pueden ser apeladas en el mismo Tribunal de Trabajo y también elevarse a la Sala Segunda, donde los plazos podrían duplicarse.

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