Ottón Solís: “Debemos evitar que las empresas lleguen a la bancarrota”

[responsivevoice_button voice= “Spanish Latin American Male” buttontext=”Pulsa para escuchar la noticia”]

El reconocido economista y político Ottón Solís emitió una serie de recomendaciones para enfrentar la crisis por el Covid-19, en un texto escrito en su red social Facebook.

Le compartimos el artículo:

RECESIÓN Y DEFICIT FISCAL: INEVITABLES

• Prioridad: ayudar a empresas de todos los tamaños y a los sectores más vulnerables

Ottón Solís Fallas. El COVID-19 desafía a la humanidad en muchos frentes. Aparte de la amenaza a la vida misma, la economía mundial experimenta consecuencias severas e inéditas. Con el fin de evitar aglomeraciones atinadamente se ha recomendado evitar salir de la casa, no viajar, no ir a bares, ni restaurantes, etc.

Excepto cuando el teletrabajo y las compras on-line, respectivamente, son posibles (lo cual ojalá se intensifique), esas indicaciones afectan tanto el trabajo en las fábricas y la producción de servicios, como las compras de bienes y servicios. En términos económicos las recomendaciones preventivas en la práctica se traducen en produzca menos y compre menos, lo que es lo mismo que recomendar a unos que reduzcan la oferta y a otros que reduzcan la demanda.

Esto significa que medidas para estimular la economía estarían en contraposición con la recomendación preventiva dirigida a evitar que las personas estén cerca las unas de las otra, pues prácticamente toda actividad productiva y comercial, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, conlleva la generación de grupos y el contacto humano.

Es tan grave e inédita la situación que enfrenta el mundo, que, contrario a todas las otras crisis recesivas, en este caso es un serio error impulsar medidas para mantener la producción o la demanda. Más bien, un indicador de que la prevención esta siendo exitosa es precisamente el grado en que se reduzcan la oferta y la demanda. Si se intenta mantener la actividad en las fábricas y en las empresas que venden servicios, significa, en la mayoría de los casos, que se está atentando contra las recomendaciones preventivas de los expertos en salud pública, dirigidas a evitar el contacto entre personas.

Tengámoslo claro: la principal recomendación proveniente del campo de la salud -distanciamiento social- no es compatible con las recomendaciones de algunos economistas locales y foráneos encaminadas a estimular la economía y a prevenir la recesión.
Por lo anterior, si esta epidemia se combate exitosamente, inexorablemente habrá consecuencias negativas en la producción (exceptuando el sector salud relacionado con el combate al COVID-19 y donde el trabajo o las compras se puedan hacer on-line), en el PIB, el empleo, las remuneraciones, las ganancias de las empresas, el precio de las acciones y los ingresos tributarios de los gobiernos. La inflación no se incrementará. Esto porque si bien es cierto se reduce la oferta también lo hará la demanda. Los nuevos equilibrios en cada mercado se establecerán a niveles similares de precios pero inferiores de producción (tanto la curva de oferta como la de demanda se trasladarán a la izquierda).

Entonces, las decisiones que se tomen para mitigar las consecuencias económicas de la crisis deben estar dirigidas, no a evitar las consecuencias mencionadas en el párrafo anterior, sino a EVITAR QUE ESAS CONSECUENCIAS SEAN PERMANENTES, tal y como se orientan en parte, las decisiones que han venido tomando el Gobierno y la Asamblea Legislativa. Para ello deben impulsarse políticas que creen excepciones, condonaciones y perdones en todo aquello que resulte en incumplimientos en un contexto de menor producción, fuerte caída en las ventas, mayor desempleo y menores ingresos fiscales.

El objetivo central de las medidas inmediatas debe encaminarse a evitar que las empresas sufran una bancarrota.

Es de vital importancia que no desaparezcan, sino que sólo HIBERNEN total o parcialmente, para que rápidamente retomen su actividad productiva cuando se supere la crisis de salud. Por otra parte, las medidas deben mitigar el impacto en los sectores más vulnerables.

Las medidas más efectivas a disposición de los gobiernos para que las empresas -preferiblemente las medianas y pequeñas- enfrenten la situación sin cerrar permanentemente y para prevenir una profundización de la pobreza, son aquellas que involucran al aparato estatal. Por ejemplo, el Estado en Costa Rica controla las contribuciones a la seguridad social, los impuestos, las tarifas por servicios regulados, el presupuesto para atender la pobreza extrema, los seguros de riesgos del trabajo y las tasas de interés de los bancos estatales. Para que las empresas no quiebren y resistan la espera mientras se supera la epidemia y para limitar el incremento en la pobreza, se debe actuar sobre esos rubros. No se trata de posponerlos (excepto quizá para las grandes empresas). Ello sería lo correcto si por alguna razón las pérdidas durante la crisis sean recuperables, lo cual sólo es cierto en una mínima proporción. Si el empresario sabe que la exención es solo una posposición, lo que hará es cerrar de una vez.

La válvula de escape para que esto sea posible es que los Gobiernos asuman estos costos en sus finanzas. O sea, debe aceptarse que el déficit fiscal se incremente no solo porque de manera directa la caída en la actividad económica y la reducción en las tasas de los impuestos implicará una reducción en los ingresos tributarios, sino porque por medio de transferencias -en el caso de Costa Rica- a la CCSS, al AyA, al ICE, al IMAS, al INS y a los bancos estatales, el Gobierno debe balancear las finanzas de estas instituciones para que puedan seguir prestando sus servicios a las empresas y a las familias.

Esto implica prepararse para un déficit fiscal sustancialmente mayor. ¿De cuánto? Dependerá de la magnitud de la ayuda que se dé a las empresas y los sectores socialmente vulnerables.

Para financiarlo debemos recurrir a los bancos multilaterales y a la venta de bonos del Gobierno al Banco Central (emisión monetaria). Ello requiere que esos organismos flexibilicen sus valoraciones y recomendaciones sobre los niveles convenientes del déficit fiscal y la relación deuda/PIB, y que así sea comprendido en nuestro país.

Esta debería ser la política económica a nivel mundial. No veo otra manera de mitigar un empobrecimiento generalizado y una mayor desigualdad. Esto deben comprenderlo los países ricos y los pobres, así como los organismos financieros internacionales. Hoy la Unión Europea ha oficializado esta postura. O modificamos las aspiraciones en materia fiscal sustancialmente o terminaremos, ya sea festinando las recomendaciones para combatir la epidemia o aceptando bancarrotas y desempleos masivos por un largo período, aun después de superada la crisis del COVID-19.

Desde el punto de vista económico vivimos una situación peor que la de la II Guerra Mundial. Enfrentar las aspiraciones imperiales y tiránicas de algunas potencias, generó deterioros sustanciales en las finanzas públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos el déficit fiscal llegó a un 23% del PIB a mitad de la Guerra y en el Reino Unido la deuda pública pasó de un 125% del PIB en 1938, a un 250% en 1945.

Hoy las circunstancias son también extraordinarias, entonces debe aceptarse un déficit fiscal y un endeudamiento público extraordinarios.