La Sala Constitucional rechazó un nuevo recurso, esta vez una acción de inconstitucionalidad, contra la vacunación obligatoria contra Covid-19 en los funcionarios públicos.
El recurrente alegó violación “a los principios del consentimiento informado, de jerarquía de las normas, de convencionalidad, de reserva de ley, de autodeterminación informativa; y del derecho a la vida y la salud”.