Otro recurso contra vacunación obligatoria es rechazado por Sala IV

El magistrado Rueda Leal salvó su voto por considerar prematuro resolver la acción de inconstitucionalidad.

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La Sala Constitucional rechazó un nuevo recurso, esta vez una acción de inconstitucionalidad, contra la vacunación obligatoria contra Covid-19 en los funcionarios públicos.

El recurrente alegó violación “a los principios del consentimiento informado, de jerarquía de las normas, de convencionalidad, de reserva de ley, de autodeterminación informativa; y del derecho a la vida y la salud”.

Sin embargo, después del análisis respectivo, la Sala rechazó por el fondo el recurso. Aparte de esos temas indicados, la Sala rechazó de plano la acción, así como una acción de coadyuvancia.

El magistrado Castillo Víquez consignó una nota al margen en este caso por motivos de forma y sin referirse al fondo, y el magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena hacer la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

El rechazo se basó en jurisprudencia de la misma Sala Constitucional: “(…) esta Sala ha reconocido, en primer lugar, la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas (…)”.

La Sala ha insistido reiteradas veces en que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiologia de la CCSS, de conformidad con las potestades otorgadas por la Ley Nacional de Vacunación, tiene potestad para declarar obligatoria la vacunación en casos de pandemia declarada.

“En cuanto a la autodeterminación informativa, el Tribunal destacó que aun cuando la vacunación resulte obligatoria para aquellos casos en que no esté médicamente contraindicada, debe brindarse la información necesaria a la persona, a los efectos de resguardar previamente su vida y salud,  para ello existen otras disposiciones que complementan el decreto impugnado en relación con el deber de brindar la información suficiente y adecuada de previo a la vacunación; así como normativa especial que ordena el resguardo de los datos privados de las personas, la cual debe ser garantizada por organismos públicos o privados”, informó Prensa de la Sala. 

Finalmente, el magistrado Rueda Leal, siguiendo su línea de votación de muchos casos, salvó el voto por considerar que la decisión de rechazar la acción es prematura.

“Según su criterio, de acuerdo con los artículos 78, 79 y 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando una acción carece de una fundamentación adecuada y suficiente, lo que técnicamente procede es prevenir al accionante para que remedie la omisión detectada”, se informó.

El artículo 80 dicta que “si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día. Si no se diere cumplimiento a lo ordenado, el Presidente denegará el trámite de la acción. De esta última resolución podrá pedirse revocatoria dentro de tercero día, en cuyo caso el Presidente elevará el asunto a conocimiento de la Sala para que ésta decida lo que corresponda”.

En varias ocasiones los accionantes de estos recursos no presentan pruebas o una fundamentación insuficiente, principalmente por tratarse de especulaciones sobre una vacuna nueva que, de todas formas, ha sido probada y estudiada ampliamente en el mundo.

El recurso fue interpuesto por un abogado de apellidos Hernández Mussio y fue resuelto por un tribunal compuesto por Fernando Castillo Víquez (magistrado presidente), Paul Rueda Leal, Jorge Araya García; las magistradas suplentes Ana María Picado Brenes, Ileana Sánchez Navarro y Aracelly Pacheco Salazar; y el magistrado suplente Jorge Isaac Solano Aguilar. 

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