Operadoras de pensiones afirman que gravar FCL ‘hipoteca el futuro de los costarricenses’

La propuesta del Gobierno busca aplicar un impuesto del 7.5% a las rentas y ganancias de capital obtenidas por todos los trabajadores y pensionados que cotizan o han cotizado para los fondos de pensiones…

Posterior a que el Gobierno presentara un proyecto para eliminar las exoneraciones al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones (ACOP) afirmó que la propuesta ‘hipotecaría el futuro de los costarricenses’ y tendría repercusiones directas en los salarios de los trabajadores.

Mediante conferencia de prensa, ACOP manifestó su oposición al expediente N°22.369, ya que resulta “contraproducente para los trabajadores” y además, afectará directamente a los afiliados al ROPC, porque se dirige al mayor componente de este ahorro previsional, que son los rendimientos.

Del mismo modo, consideran que un impuesto a los rendimientos del ROPC afectaría doblemente a los afiliados: en primer lugar porque les reduce el monto que acumularán en el ROPC y, en segundo lugar, porque los restringe a una pensión menor una vez concluida su etapa de cotizantes, porque el saldo remanente en la cuenta individual -que también se invierte- obtendrá lógicamente una menor rentabilidad.

“Normalmente, los fondos de pensiones basados en la capitalización individual, por efecto del interés compuesto, al final de un periodo de acumulación de 35 a 40 años, quedan constituidos en el 20% por aportes y en el 80% por rendimientos.  En el caso de Costa Rica, luego de 40 años, el ROPC de un trabajador habrá acumulado un monto que se compone en 82% de rentabilidades y 18% de aportes. En síntesis: Este impuesto hipoteca el futuro de los asalariados costarricenses”, señalan.

La propuesta del Gobierno busca aplicar un impuesto del 7.5% a las rentas y ganancias de capital obtenidas por todos los trabajadores y pensionados que cotizan o han cotizado para los fondos de pensiones complementarios (ROPC) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), ambos derivados de la Ley de Protección al Trabajador.

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Otros cuestionamientos

Adicionalmente, la ACOP cuestiona que en el contexto actual, aprobar un impuesto de 7,5% a los rendimientos y ganancias de capital al ROPC implicaría una reducción del saldo del 14,4% luego de 40 años de acumulación, y hasta de un 18,4% menos en el monto de la pensión que recibiría cada trabajador.

Además, señalan que lo que “el gobierno pretende captar para las arcas hacendarias hoy, va en detrimento del sistema de pensiones y las arcas estatales mañana”.

“El proyecto 22.369 es un castigo injusto para los trabajadores que permanecen dentro del mercado laboral formalizado, porque aumenta el costo de ser formal y consecuentemente incentiva la informalidad. En consecuencia, llevará a una mayor cantidad de costarricenses a vivir -en el futuro- en condiciones más precarias y en pobreza, lo cual implicará una mayor carga económica para el estado.

Finalmente, precisan que un impuesto a las pensiones complementarias es ‘retroceder 20 años en nuestro sistema de seguridad social, y atentar contra la seguridad económica futura de los trabajadores formales y la de los actuales jubilados’.

“Este proyecto implica un cambio de una política pública beneficiosa por una perjudicial que atenta contra el estímulo al ahorro previsional.Esta afectación al segundo pilar del régimen de pensiones también pondrá mayor presión sobre el régimen básico de pensiones, en especial sobre el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), porque puede reducir la cantidad de cotizantes activos (asegurados) formales, justo en momentos en que se discute una reforma al IVM por parte de la CCSS, que implicaría una nueva reducción de la pensión y el endurecimiento de las condiciones de acceso (…) aprobar este impuesto a las pensiones complementarias es retroceder 20 años en nuestro sistema de seguridad social, y atentar contra la seguridad económica futura de los trabajadores formales y la de los actuales jubilados”.

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