Costarricense perseguido: ONU advierte sobre “erosión” del Estado de Derecho en Guatemala
El Estado de Derecho en Guatemala está en crisis previo a las elecciones de medio año, donde candidaturas presidenciales fueron rechazadas por el órgano electoral y se persigue a funcionarios de derecho.
Redacción y Europa Press. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido este jueves de la “erosión” que padece el Estado de Derecho en Guatemala ante el aluvión de “represalias contra funcionarios de justicia”, incluidos aquellos que trabajaron o cooperaron con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que contaba con el respaldo de la ONU.
Turk, que ha alertado de que estos altos cargos siguen siendo objeto de “intimidación, acoso y criminalización”, ha señalado que es “preocupante que se utilicen procedimientos administrativos y penales en aparente represalia contra quienes participan en la investigación y persecución de casos de corrupción o graves violaciones de Derechos Humanos” en el país.
Así, ha señalado que esta semana, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha puesto en marcha acciones legales contra un excomisionado de la CICIG, Francisco Dall’Anese, precisamente en relación con su trabajo en el marco de la comisión.
Dall’Anese fue Fiscal General de Costa Rica, protagonista del histórico arresto del ex presidente Miguel Ángel Rodríguez -entonces Secretario General de la OEA- por supuestos delitos de corrupción.
El ex funcionario costarricense y de la CICIG expresó que en Guatemala “los jueves no son independientes de la política” y planteó la necesidad de hacer una depuración en el sistema de justicia guatemalteco. Dall’Anese explicó que como son nombrados cada 5 años deben ajustarse a los “pedidos” de los políticos, porque de lo contrario pierden su pensión. Además los magistrados son nombrados por el Congreso, lo que significa que “los políticos se reservaron el control del Poder Judicial”, indicó.
“En países donde hay un Estado de Derecho se nombran los jueces de la Corte Suprema por los políticos, pero se quedan en su puesto hasta que mueran, renuncien o se jubilen, y eso les da solidez e independencia”, dijo el 18 de agosto de 2011, en clara alusión al sistema costarricense.
Por esas y otras afirmaciones el ex funcionario de la CICIG ahora enfrenta varias querellas en Guatemala.
Democracia y Estado de Derecho en riesgo
“También me preocupa que candidatos presidenciales, entre otros, como Thelma Cabrera, Jordan Rodas y Roberto Arzú, hayan visto rechazadas sus candidaturas para las elecciones del 25 de junio por la Corte Electoral por motivos aparentemente arbitrarios”, ha puntualizado en un comunicado en el que ha recalcado que se han presentado recursos ante el Supremo.
En este sentido, ha insistido en que el derecho a “participar en asuntos públicos (…) es un derecho humano reconocido internacionalmente” y ha manifestado que el Constitucional, el Supremo y el Tribunal Electoral “deben decidir de manera imparcial en base a los hechos y de conformidad con la ley, sin restricciones ni influencias indebidas”.
Es por eso que ha hecho un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que “garanticen que los jueces y abogados puedan ejercer sus funciones libremente y sin temor a represalias”.
“Un poder judicial independiente es vital para una sociedad democrática”, ha afirmado.
¿Sigue el régimen guatemalteco actual el mismo camino dictatorial que Daniel Ortega en Nicaragua?
