Mujeres por Costa Rica: La educación debe ser un servicio público esencial, continuo y estratégico

El colectivo Mujeres por Costa Rica, desde nuestras diversas ocupaciones como trabajadoras, profesionales e integrantes de la sociedad civil y sobre todo como madres, abuelas y compañeras, hemos analizado con preocupación las consecuencias de las huelgas y paros continuos en la educación pública en los últimos años.

  • Comunicado del grupo “Mujeres por Costa Rica” sobre la educación costarricense.

El colectivo Mujeres por Costa Rica, desde nuestras diversas ocupaciones como trabajadoras, profesionales e integrantes de la sociedad civil y sobre todo como madres, abuelas y compañeras, hemos analizado con preocupación las consecuencias de las huelgas y paros continuos en la educación pública en los últimos años.

El desarrollo histórico de Costa Rica ha sido trazado por la educación como eje fundamental de nuestro bienestar y desarrollo desde 1869 cuando se declaró “la enseñanza primaria de ambos sexos obligatoria, gratuita y costeada por el Estado”.

En Costa Rica, alrededor del 80% de nuestros estudiantes reciben su educación en instituciones públicas. Esos niños, niñas y adolescentes provienen de familias muchas de ellas de escasos recursos, y ven cercenado su derecho a estudiar y a prepararse para un mejor futuro ante las constantes huelgas y paros. Además, ponen en peligro otros programas sociales como por ejemplo la alimentación en los comedores estudiantiles, el pago de becas y el trabajo de miembros de la familia, que deben atender el cuido.

Ante esta disyuntiva, el Colectivo Mujeres por Costa Rica considera que las luchas legítimas por los derechos laborales no pueden poner en riesgo el principio histórico y constitucional de la educación como eje y motor de nuestro desarrollo. Este acuerdo social excepcional debe permanecer, pues nos ha permitido avanzar, pese a las adversidades internas y externas, como país civilista, democrático, generador de alternativas para el desarrollo pleno de las personas y sustentado en la resolución pacífica de los conflictos. No es casual que en este año 2019, el índice de Democracias del Mundo nos ubicara como una de las 19 democracias plenas del planeta, un reconocimiento que solo se asigna a países con larga trayectoria civilista y democrática.

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Bajo el interés también de resguardar el derecho que tiene todo ser humano a la educación y haciendo uso del deber que tenemos las personas adultas de velar por el interés superior de la persona menor, nos pronunciamos sobre la imperiosa necesidad de resguardar y proteger la educación como un servicio público estratégico, esencial, continuo y de calidad, sustentado en lo siguiente:

  1. La educación como derecho humano. Nuestro país ha adquirido ese compromiso al adherirse a diversas declaraciones, convenciones y acuerdos de las Naciones Unidas desde hace ya varias décadas. Esa condición se concreta mediante acciones tales como el acceso universal, el fortalecimiento de la calidad educativa, el respeto a la equidad y a la igualdad, necesarias para el desarrollo pleno de cada estudiante y su adecuada incorporación al mundo del trabajo, la vida en comunidad y al ejercicio de una ciudadanía responsable y con bienestar.
  2. La continuidad del proceso educativo y la no suspensión de lecciones. La educación como derecho humano requiere de procesos educativos continuos y de calidad, acordes con las transformaciones que el país, el mundo del trabajo y los desafíos globales imponen. Hoy más que nunca debemos proteger y privilegiar la educación como nuestro activo más importante para garantizar las condiciones de igualdad y equidad que impidan el incremento de la pobreza.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la importancia de la continuidad del proceso educativo del estudiantado. En ese sentido, la resolución No. 2014-11339 del 11 de julio 2014 relacionada con el ausentismo docente por motivo de capacitaciones, es muy clara al indicar:

“(…) El Ministerio de Educación Pública estaba y está en la obligación de garantizar y tomar las medidas eficaces para que no se interrumpa la continuidad del ciclo educativo por capacitaciones de los docentes. Cómo debe proceder para lograrlo, es un asunto que debe definir el Ministerio (…)

La resolución además reitera el reconocimiento que “…el servicio público de educación no puede ser interrumpido o suspendido si no obedece a razones o justificaciones objetivas y graves como la trasgresión por el educando del régimen disciplinario del centro de enseñanza…”

Mujeres por Costa Rica valida el derecho a la huelga y la lucha por reivindicaciones laborales justas. Aboga para que sean atendidas y resueltas oportunamente. Sin embargo, reconoce que el derecho a una educación de calidad para las personas menores de edad no puede ser vulnerado. Por lo tanto, hace un llamado para que la educación sea considerada como un servicio esencial, indispensable y estratégico.

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