Movimientos civiles y exmagistrados claman por eliminar voto secreto en nombramientos

Movimientos sociales, ex magistrados y la ciudadanía clama por eliminar el secretismo en el nombramiento de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Son miles de personas que se manifiestan en redes sociales y mediante diversas formas para exigir que los diputados modifiquen el reglamento legislativo y eliminen el odioso secretismo en el nombramiento de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

El movimiento se dio como reacción a que 12 diputados intentaron votar a favor de un candidato que no había seguido el proceso de reclutamiento de la Comisión de Nombramientos, lo que indignó a una gran parte de congresistas y, consecuentemente, a los costarricenses.

Los 12 “descarados”

José Gregorio Biglia Peralta fue votado, en secreto -como está establecido- por 12 diputados, que luego se supo serían los de Nueva República (independientes Fabricistas), en contubernio con algunos liberacionistas y socialcristianos.

Pedro Pablo Muñoz, diputado del PUSC, asumió en plenario la responsabilidad de que 3 miembros de su bancada votaron por Biglia, entre ellos se conoce de Erwen Masís, pero los otros dos se mantienen en secreto, aunque se dice en corredores legislativos que serían Aracelly Salas y Óscar Cascante.

Muñoz acusó a Roberto Thompson, María José Corrales y Daniel Ulate, del PLN, de haber apoyado también a Biglia, pero los dos primeros se negaron.

“Le exijo las pruebas de mi voto, yo tengo las fotografías de mis votos, porque como fracción nosotros tomamos un acuerdo”, vociferó Corrales, evidentemente molesta por la acusación, en el plenario ayer jueves.

Sin embargo, los fabricistas han permanecido callados acerca de su voto y siguen manteniendo el secreto ante los costarricenses. No han negado ni aceptado el acto que la diputada Zoila Rosa Volio calificó de esta manera que se quedó en la retina de la gente:

“No sean tan descarados, se los digo así: no sean tan descarados”

Aparentemente, se trata de un grupo de diputados del sector de Occidente de la GAM que se han unido para nombrar un magistrado de la zona, en este caso al juez ramonense propuesto.

Por otra parte, la molestia también se asocia al gasto estatal de tener una Comisión de Nombramientos para que finalmente sus resoluciones sean omitidas arbitrariamente.

Campañas por el voto público

Algunos congresistas defendieron que se haga la reforma al reglamento para hacer el voto público, pero el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, ha pasado por alto las peticiones y no ha existido un acuerdo de las fracciones para actuar en consecuencia.

Este es un ejemplo de una de las campañas. Captura de teléfono.

Benavides exhortó a votar en secreto y, si lo desean, hacer público sus votos. No obstante, solamente el PAC lo ha hecho así.

Por esa razón, varios movimientos sociales han surgido en los últimos días para que los ciudadanos exijan a los diputados por los que votaron para que hagan público su voto. Se pide etiquetar a los diputados en redes sociales y manifestarse pidiendo a todos los congresistas que lo hagan.

Y ya miles de ciudadanos están exigiendo abiertamente mediante campañas y manifestaciones en redes sociales que los diputados, aunque no estén obligados, manifiesten sus votos para informar al pueblo.

Del mismo criterio es el ex magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien ha defendido la necesidad de eliminar el voto secreto durante años:

“De todos los vicios que ha padecido nuestro sistema de nombramientos de magistrados en la Asamblea Legislativa, quizá el más indecente sea la escogencia final de alguien que ni siquiera ha participado en el concurso formalmente tramitado”.

Arroyo es bastante claro en su artículo: “El caso más conspicuo ha sido la designación de quien, no pudiendo certificar limpios antecedentes disciplinarios, evadió el concurso para meterse por la ventana y ocupar la silla de la magistratura, gracias al padrinazgo de quien actúa como dueño de una fracción parlamentaria”.

El ex magistrado se une al grito de miles de costarricenses indignados por esa práctica legislativa que permite la corrupción y el manejo espurio de nombramientos tan importantes como los de magistrados: “Junto a valiosos científicos sociales, algunos medios de prensa e innumerables voces ciudadanas, desde hace años he denunciado estas prácticas indebidas, como una burla que deslegitima y erosiona la credibilidad de los diputados que se prestan para semejantes truculencias”.

“Pero estos procedimientos son también un desalmado asalto al erario nacional. ¿Alguien ha calculado el costo económico de decenas de sesiones de la Comisión de Nombramientos, salarios de diputados y asesores, personal de secretaría, oficinas y equipamientos tecnológicos? Les aseguro que se trata de millones y millones de colones. ¿No se parece esto demasiado a un despilfarro irresponsable, a un uso indebido del dinero de todos los costarricenses, a un claro desvío de fondos públicos? Si todo el tiempo y trabajo de ese desempeño parlamentario se termina tirando por el caño, claro que estamos ante un tema peor que inmoral”, agrega.

Arroyo Gutiérrez plantea que todas esas razones hacen necesario, sin más excusas ni dilaciones que se reforme para que estas votaciones sean públicas. Lea completo el artículo de Arroyo en este enlace.

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