México y Costa Rica: ¿Y la impunidad? ◘ A ritmo de mariachi (26)

Resulta que la corrupción, tenía un hermano gemelo que se resiste y lucha como gato panza arriba: la impunidad. Y luchar contra la impunidad pasa por un poder absolutamente corrupto en la sociedad: el Poder Judicial.

Vistazos al México de hoy (26)

El presidente AMLO no se cansa de repetir, desde muchos años antes de llegar a la presidencia de México, que “el principal problema del país es la corrupción”, y tiene razón. Solo que se quedó corto, según mi opinión. Y esto me lleva por vez primera a establecer aquí una comparación o analogía con el sistema judicial y el panorama costarricense. Veamos.

La lucha contra la corrupción en México, sin duda alguna, tiene una nueva cara desde 2019, cuando una ley transformó la antigua y corrupta procuraduría general de la República (PGR), cuyo titular era de nombramiento del presidente de la República, en la nueva fiscalía general de la República, cuyo titular es nombrado por el Senado de la República, mediante votación calificada (2/3 partes) y escogido de una terna que propone el presidente.

Fue así como el Dr. Alejandro Gertz Manero llegó a la fiscalía general y empezó una ardua y durísima lucha contra la corrupción en México, cargando con muchos lastres del pasado. Para empezar, muchas de las autoridades dentro de la Fiscalía, los mandos medios, son herencia del antiguo régimen y peor aún, muchos de ellos abiertamente sindicados como funcionarios corruptos coludidos con el crimen organizado. Por ejemplo, la periodista Anabel Hernández ha documentado y denunciado que al menos 9 altos funcionarios que rodean al fiscal Gertz, eran cercanos colaboradores y “hombres de confianza” del corrupto exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, hoy preso en Nueva York con acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada, etc.

Entonces, ¿cómo esperar eficiencia y eficacia en las nuevas políticas y acciones del fiscal Gertz si los mandos medios son los que en realidad hacen funcionar “el elefante reumático”, el estado federal, según lo ha definido en múltiples ocasiones el presidente AMLO? Es creíble que la cabeza de la FGR hoy es, según palabras de AMLO, “un hombre honesto” que combate genuinamente al crimen individual y organizado, pero ¿hasta dónde llegan sus directrices?

Y la situación en México es todavía mucho más complicada porque existen delitos del fuero federal y otros del fuero estatal. Es decir, la FGR está limitada al combate de los delitos del fuero federal y, por ejemplo, los asesinatos en general son delitos del fuero común o estatal, aunque ahí tenemos uno de los mayores dolores de cabeza para el presidente te la República. ¿Y qué pasa en los estados? Pues ahí, en general, la procuraduría general del estado es de nombramiento directo del gobernador de ese estado (hay 32 entidades federativas) y usualmente, le garantiza absoluta impunidad e inmunidad al gobernador en todas sus actuaciones que pudieran estar reñidas con la legalidad. ¿Y qué sucede en muchos estados de la federación mexicana? Que muchos de esos gobernadores (todavía) accedieron al poder mediante colusión o alianzas con el crimen organizado, sea el narcotráfico, sea la venta ilegal de combustibles (huachicoleo), sea el tráfico de armas, de personas, etc. etc. La esperanza es que con la elección de 11 gobernadores(as) nuevos de MORENA en junio pasado, esto cambie, pero solo cuando se vean los hechos se puede confirmar. (Continúa abajo…)

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Recién en la conferencia matutina que realiza el presidente AMLO, una periodista de Nayarit denunció que el procurador, ha inventado más de 2.000 delitos de personas a las cuales se les ha encarcelado y despojado de sus propiedades inmuebles (casas, terrenos, etc.) porque el padre del gobernador es un desarrollador inmobiliario que, por esta vía, se ha alzado con cientos de propiedades que ha utilizado para sus desarrollos. Luego, la cantidad de crímenes (asesinatos, secuestros, robos, asaltos, etc.) ha crecido exponencialmente desde que el actual procurador llegó a su cargo, hace 9 años, con un nombramiento casi vitalicio de 12 años. Y lo peor es que el nuevo gobernador recién electo el 6 de junio (candidato de MORENA, partido de gobierno), que hizo campaña diciendo que quitaría al corrupto procurador, ya anunció públicamente que lo mantendrá en su cargo hasta finalizar su periodo de 12 años. La ciudadanía confió en él y ahora aparentemente los traiciona (hay que darle el beneficio de la duda y que quizás, al asumir su cargo, al poco tiempo despida al corrupto procurador).

Como este caso, espeluznante, existen muchos otros en diferentes estados de México, donde el poder del presidente federal, AMLO, así como el brazo justiciero de la fiscalía general no puedan llegar o hacer nada para cambiar las cosas.

Y lo más desolador en todo este panorama, es que las cortes supremas y los tribunales estatales, suelen ser igual de venales y corruptos que el procurador y el gobernador. Es muy frecuente que algún cabecilla del crimen organizado tristemente célebre y reconocido por la prensa, caiga preso y resulte liberado en poco tiempo, mediante el pago de fuertes sumas a una jueza o un juez, como ya se ha documentado públicamente. La diferencia ahora es pequeña, pero va en el camino correcto, es que mediante alguna prensa independiente y las redes sociales (sobre todo YouTube) estos actos de corrupción judicial son denunciados y entonces sí puede actuar la fiscalía general o ya se ven como públicamente reprochables.

No obstante, es opinión general de analistas y comunicadores sociales independientes de los grandes medios tradicionales de prensa, que el puesto de fiscal general le ha quedado grande a Gertz Manero y comúnmente lo llaman “Gertz Florero”, refiriéndose a que un florero solo está de adorno y esa es su función. Es tanta la demanda de justicia en México que la gente exige contundencia en las acciones de la fiscalía general, pero no se ven los frutos a corto plazo.

Entonces, la lucha incesante contra la corrupción por parte del presidente AMLO, puede resultar infructuosa en muchos casos donde “la impunidad procesal” (permítaseme la licencia) hace su aparición y al final los supuestos delincuentes quedan libres y sin castigo, sea por inercia, por defectos procesales o en último término, por corrupción de los jueces.

Como dato escalofriante que nos permite comprender un poco la magnitud del problema, en una encuesta reciente sobre la percepción de corrupción que el pueblo mexicano tiene sus instituciones, en primer lugar, aparece la Policía de Tránsito (la más corrupta) y le sigue de inmediato los jueces del Poder Judicial (70%). Esta realidad, ha sido aceptada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Arturo Zaldívar, quien está comprometido con el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial, según manifestó recientemente en una conferencia de prensa conjunta con el presidente AMLO. Ardua tarea enfrenta.

Sin embargo, tanto batallar y martillear con el tema del combate a la corrupción, ha hecho que el mensaje haya ido calando poco a poco en todas las esferas de la vida institucional y social de México. Incluso AMLO promovió y se aprobó una reforma legal que establece que “la corrupción en la función pública es un delito grave” y no hay excarcelación, igual como se tipificó el delito electoral. De hecho, en 2019 y 2020, según los índices de Transparencia Internacional, México ha venido mejorando de forma sostenida en la percepción de corrupción, según Forbes.

¿Y Costa Rica?

De forma inusual, quisiéramos verter algunas opiniones personales sobre lo que sucede en Costa Rica respecto del tema de la corrupción.

Con todo el destape del caso “Cochinilla”, está muy de moda señalar que hay una gigantesca red de corrupción alrededor de la construcción de obra pública en Costa Rica. Y es cierto. El caso Cochinilla nos ha demostrado que hay todo un “sistema montado” corrupto en la adjudicación y construcción de obra pública desde hace varias décadas, incluso antes de que se creara el CONAVI.

Y eso que no se ha tocado lo que yo considero el mayor escándalo, el mayor asalto al erario cometido en los últimos 30 años, como fue el caso OAS (Oderbrecht) con la fallida construcción de la ruta 1 “San José ̶ San Ramón”. Si ustedes no se acuerdan, les refresco la memoria. Resulta que después de muchos años de haberse adjudicado el contrato a la constructora O.A.S. (una subsidiaria de Oderbrecht), la empresa no pudo reunir la financiación necesaria para iniciar la obra, por tanto, el contrato caducó o perdió vigencia, porque se le otorgaba un plazo determinado para el inicio y finalización de la obra. No obstante, mediante subterfugios legales que la Contraloría General avaló, “el contrato se mantuvo vigente” durante muchos años y la obra no arrancaba.

Llegó un momento en que la presión de la ciudadanía fue muy grande, debido a que las condiciones financieras (peajes) y los alcances de la obra propuesta no eran satisfactorios para las comunidades directamente afectadas/beneficiadas con la ampliación de la ruta 1. Fue tal la presión popular que el gobierno tuvo que desistir de la contratación de O.A.S. y bajó la presión popular con la promesa de que se iba a rescindir el contrato.

No obstante, lo que no se dijo en su momento es que se iba a indemnizar a O.A.S. mediante una suma que resultaría de las negociaciones entre las partes. Esas negociaciones se hicieron de forma secreta en las instalaciones de AmCham y, para sorpresa y escándalo de todos, las actas de esas negociaciones posteriormente fueron incineradas. Fue así como el gobierno de turno le pagó, apresuradamente, U.S.$36 millones a O.A.S. “por los planos de la carretera” (¿recuerdan?) y no se sabe si el 100% fue por ese concepto o bien, se incluía alguna parte a título de “indemnización” por el lucro cesante. Lo más irónico es que esos planos no sirvieron de nada porque la nueva propuesta de ruta 1 incluye más carriles y otra serie de prestaciones no contempladas en esos carísimos papeles inservibles para el MOPT ̶ CONAVI.

Fue así como, a vista y paciencia de todos los costarricense, bien domesticados, el gobierno le regaló la bicoca de ₡17.000.000.000 (diecisiete mil millones) a una empresa que nunca hizo nada y salió de Costa Rica con las maletas llenas de dólares. Empresa que ha sido condenada en muchos países de Latinoamérica y EUA por su costumbre de pagar sobornos millonarios a los jerarcas y políticos de turno para obtener jugosas adjudicaciones de obra pública.

Costa Rica es el único país en Latinoamérica donde Oderbrecht fue contratada para hacer obras y no se ha investigado ese modus operandi del gigante brasileño de la construcción que, de paso, en México ha sido denunciada por pagar sobornos de U.S.$10,5 millones a políticos y funcionarios, para los fines consabidos. La respuesta aquí podría ser que “para eso estaba el exfiscal Chavarría, para asegurarse de que no se investigara ni se condenara a ningún político” importante por delitos contra el erario.

En estos momentos, estamos casi seguros de que una encuesta de opinión pública indicaría que la mayoría de la ciudadanía no creemos que al final del proceso judicial por el caso Cochinilla, los responsables serán castigados con todo el rigor de la ley. Más aún, estamos avisados de que, con la excarcelación bajo fianza de los dos principales cabecillas de Meco y H. Solís, pronto se fugarán del país.

Esa misma encuesta, midiendo la percepción que tenemos sobre el Poder Judicial, arrojará datos muy negativos y señalará la poca o nula confianza que tenemos los costarricenses en nuestro sistema judicial. Sabemos eso sí, que las leyes se aplican con rigor a quienes no tienen dinero, pero son laxas o inaplicables para quienes pueden pagar costosos abogados y tienen influencias políticas de alto nivel.

Y si queremos agravar el panorama de la delincuencia de cuello blanco y la inoperancia del Poder Judicial, sumémosle la clara percepción que ahora tenemos los costarricenses sobre el gravísimo nivel de penetración del poder del narcotráfico en jueces, tribunales y las más altas esferas del Poder Judicial. El caso inaudito provocado por el “cementazo”, que logró derribar a la Sala III de la Corte en pleno (que es nada menos que la Sala de lo penal), es sencillamente delirante, increíble, surrealista, pero aquí no pasó nada. Estamos bien domesticados. Ni siquiera una escuálida manifestación pública realizamos para protestar por el evidente y grosero nivel de corrupción de los más altos jerarcas del sistema judicial, exigiendo la renuncia de la Corte Suprema en pleno.

¿Y quién escoge y nombra los magistrados? La Asamblea Legislativa. ¿Qué podemos esperar entonces? ¡Pues nada! ¡Que siga la fiesta! Los Diputados(as) son tan insensibles e inmunes a la crítica ciudadana, que ni siquiera han adecentado y transparentado el procedimiento para el nombramiento de magistrados y otros jerarcas del estado que son de su competencia, porque realizan votaciones secretas a estas alturas del siglo XXI e incluso se dan el taco de nombrar candidatos(as) que ni siquiera estaban en la lista de elegibles.

No soy pesimista, soy realista. Nuestro aparato estatal está lleno de cochinilla en todas las áreas, en todas las instituciones, en todos los procesos que impliquen manejo del poder y del erario. Y no tenemos esperanza: por lo visto la oposición al PAC que desde 2014 maneja la Asamblea Legislativa a su antojo, no da muestras de cambio ni preocupación alguna. Volverán nuestros políticos como cada 4 años, en el 2022, a darle al pueblo lo que llamaba el general Omar Torrijos “sucesos episódicos de pan y circo, con cada vez menos pan y más circo.”

Al menos la elección del presidente AMLO, con todas las dificultades que hemos señalado, ha significado una verdadera bandera de la ética pública que ondea hoy en el Zócalo de la Ciudad de México. Nosotros, lamentablemente, no vemos la luz en el horizonte y lamentamos que, el partido que abanderó el discurso de la ética pública no ha logrado gobernarnos con la integridad y la transparencia que esperábamos todos los costarricenses, aunque bien sabemos que la corrupción no está ni por asomo, a los escandalosos niveles que alcanzamos en décadas recientes.

¡Hasta la próxima!

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