Más de 200 mociones demoran proyecto contra huelgas en servicios esenciales

Así lo informó a Culturacr.net el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, quien afirmó que este lunes el proyecto “va a comisión para ver las más de 200 mociones que presentaron los diputados”.

Así lo informó a Culturacr.net el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, quien afirmó que este lunes el proyecto “va a comisión para ver las más de 200 mociones que presentaron los diputados”.

Según la agenda del plenario, el proyecto sería votado este lunes 26 de agosto en primer debate, pero antes debe solventar en la comisión el obstáculo que ha sido interpuesto por los diputados opositores.

En estos días surgió un nuevo proyecto impulsado por Frangie Nicolás, compañera de la fracción verdiblanca del presidente del Congreso, así como del izquierdista José María Villalta y otros 10 diputados, que plantea regular el tema de las huelgas de manera distinta, sin considerar a la salud y la educación como servicios esenciales.

El proyecto original del liberacionista y 30 diputados más, denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, expediente 21049, fue presentado en el 25 de octubre de 2018 como consecuencia de esas huelgas.

Entonces fue firmado por 31 diputados, excluyendo a Nicolás y Vilalta, claro está; sin embargo, 2 de esos 31 diputados ahora están apoyando la nueva propuesta: la evangélica Carmen Chan y el liberacionista Daniel Ulate. El proyecto necesita 38 votos en dos debates para convertirse en Ley de la República, así que su camino aún es incierto.

Estos días trascendió que Nicolás, del PLN y otros diputados proponentes, se reunieron en el Congreso con varios sindicalistas.

¿En qué afecta ese proyecto alternativo presentado al que defiende Benavides? “En todo, es la antítesis de nuestro proyecto”, respondió el presidente del Poder Legislativo a Culturacr.net.

El meollo del asunto es declarar tanto la educación como la salud como servicios esenciales, que estarían prohibidos de la posibilidad de hacer huelgas.

¿En qué afectan estas mociones al proyecto? Según Carlos Ricardo Benavides, “el proyecto tiene vía especial, de acuerdo con el artículo 208 bis del reglamento (de la Asamblea Legislativa), de forma que las mociones en comisión podremos verlas en un plazo máximo de una semana“.

Benavides acepta que desconoce si el interés de estas mociones es retrasar la votación del proyecto. “Todo depende de cuántas mociones de reiteración se presenten en el plenario; ahí se reflejará la intención de demorar el proyecto”, indicó a este medio.

Marcha pide aprobar el proyecto

El próximo domingo 25 de agosto, desde las 10 am, un movimiento de costarricenses marchará para recoger firmas en favor de una carta que esperan enviar a los presidentes de tres poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Electoral.

La carta solicita expresamente “la prohibición de las huelgas en todos los servicios vinculados al disfrute de los derechos a la vida y a la salud de las personas, así como del derecho a la educación de las personas menores de edad”.

También el documento pide a los presidentes “sancionar de manera efectiva y drástica los bloqueos de las vías nacionales”. 

La solicitud se basa en la reflexión de que “el libre tránsito es un derecho fundamental y su violación es inaceptable y debe sancionarse con todos los medios y fuerzas de la institucionalidad democrática y del derecho penal, independientemente de la naturaleza de las personas u organizaciones que recurran a dichas prácticas”.

El año pasado los sindicatos de la educación provocaron notables daños al país con el paro y los bloqueos que duraron hasta final de año. Este 2019 usaron a los estudiantes como recurso para los bloqueos y establecer una huelga subrepticia. Esos hechos han molestado a un sector amplio del país y varios partidos políticos, que lo perciben como un abuso al derecho de huelga, lo que ha impulsado la ley en cuestión.

El proyecto fue dictaminado afirmativamente en comisión el pasado 9 de agosto por los diputados Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Yorleny León Marchena, Enrique Sánchez Carballo, Erick Rodríguez Steller, Nielsen Pérez Pérez, Jorge Luis Fonseca Fonseca, Pedro Muñoz Fonseca, Floria María Segreda Sagot y Zoila Volio Pacheco. El 13 de agosto recibió dictamen negativo de minoría por parte de José María Villalta.

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