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Una proclama de 117 organizaciones del país solicita al presidente Carlos Alvarado que aplique el veto a la ley que permite la pesca de arrastre en Costa Rica.
La proclama argumenta que esta ley no garantiza el desarrollo sostenible y democrático de nuestras costas, porque solamente beneficia a un pequeño que solamente genera unos 500 empleos mal pagados, pero que perjudica más a cerca de 14.000 trabajadores de la pesca artesanal, de la que dependen miles de familias.