Los privilegios se jodieron ◘ Voz propia

Ya Costa Rica tiene decidido que no importa la autonomía universitaria, ni la división de poderes, ni cualquier otra razón fundamental del Constituyente, ahora nos toca corregir contra cualquier privilegio.

Se acabó. No hay vuelta de hoja, no se puede más. Costa Rica decidió, indistintamente de la ideología, que no quiere pagar más por nada.

Es un punto de inflexión ineludible.

No se trata de las universidades públicas, se trata de un sentimiento nacional que abarca a todos las entidades del Estado. Por supuesto implica a ese “olimpo” que puede decidir a su favor: el Poder Judicial.

Tengamos claro que en todo el espectro ideológico vamos a encontrar debates a favor y en contra. La mayoría no favorece a las universidades y quiere hacerlo parejo para todos los servidores públicos.

Un sondeo que realizamos aquí en Culturacr.net da fe de ese sentimiento, un 66% eligió la opción de que la Ley de empleo público no excluya a ninguna entidad y se apruebe tal y como está. Un 9% prefiere que solo excluyan universidades y la CCSS. Un 8% sí quiere que excluyan a todas esas entidades: CCSS, universidades y poderes del Estado (incluido el TSE). Y, finalmente, un 8% quiere que no se apruebe la ley del todo. Entre esos tres grupos suman un 25% de personas que apoyan excluir, pero un 66% todo lo contrario. El saldo eligió otras opciones.

La Ley de empleo público no se trata de un proyecto del Gobierno, NO. Se trata de una decisión que pone a la República de Costa Rica a funcionar en su esencia democrática.

La democracia no es solamente una elección cada cuatro año, se trata de que unas fuerzas en el poder lidien por criterios que parecen, según la opinión pública, los que mandan.

Y somos mucho más que la política, todos decimos porque vivimos en una absoluta libertad, que no existe en ningún otro país. Aquí la legalidad es parcial y normalmente ni pronta ni cumplida, porque tenemos muchísimos más derechos que deberes.

Y de todo ese tejido democrático es que se van construyendo determinaciones para esta nación. Aquí es donde nos damos cuenta que las pensiones de lujo, los salarios gigantes y todo aquello que sea abusivo con el Estado NO SE VALE y ya nadie lo quiere más.

Yo he querido defender a las U, a mi alma máter -la UCR-, pero normalmente las vacas sagradas me decepcionaron, fueron los peores profesores y ya eso no puede ir más allá.

¿Desde hace cuándo la UCR habla de las vacas sagradas? Esto no es nuevo. Quienes vivimos la UCR sabemos que ahí se han tejido asuntos corruptos y que rechazamos muchas veces. Es un 0.7% de aristocracia universitaria. Como presidente de una asociación de estudiantes (la de Residencias en 1993), supe lo que era tener que actuar porque las autoridades universitarias no hacían lo correcto, y cuando lo hacían era con parsimonia y burocráticamente.

Ya Costa Rica tiene decidido que no importa la autonomía universitaria, ni la división de poderes, ni cualquier otra razón fundamental del Constituyente, ahora nos toca corregir contra cualquier privilegio. Incluso cuando respetamos la legalidad en sus extremos.

Las convenciones colectivas negociadas hacia la baja en los últimos dos gobiernos han sido evidencias claras. El combate legislativo y ejecutivo contra las pensiones de lujo ha sido claro también en esa orientación.

El Poder Judicial no quiere resolver en esta lucha, es claro que no le conviene, y hasta es descarado, porque tiene mucho poder, el poder final: el poder del Estado de Derecho.

A ratos el Congreso decide legislar contra los privilegios, pero todo finaliza cuando el Poder Judicial (la Corte Suprema de Justicia o la Sala Constitucional) DECIDE. Y cuando decida particularmente sobre pensiones abusivas, sobre esta “Ley de empleo público” y sobre otras materias que controversiales que están en sus manos.

Muchos vamos a defender el presupuesto de las instituciones del Estado que le sirven a los costarricenses pero, incluso si nos duele, no vamos a defender NI MEDIO PRIVILEGIO MÁS, mucho menos cuando no es merecido.

Los artículos de opinión son responsabilidad total de su firmante, no de este medio de comunicación.

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