Los beneficios de la ley de datáfonos bajo amenaza ◘ Voz propia

Por Luis Carlos Olivares*. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, existen actualmente 367 911 microemprendimientos de los hogares en nuestro país, de los cuales 187 020, es decir, el 50,8% se encuentran inscritos ante alguna instancia pública (Ministerio de Hacienda o CCSS). Son unidades productivas que hacen un enorme esfuerzo para participar de la formalidad y que, con independencia de su actividad específica, participa del gran volumen de operaciones económicas que se realiza diariamente en nuestra economía.

El 40% de estas empresas tiene como una condición necesaria para seguir operando, el poder participar de una manera más democrática, con mejores condiciones de acceso a mercados y a mecanismos de facilitación del comercio. Parte de esos mecanismos de facilitación, lo constituyen los medios de pago, como por ejemplo el uso de las tarjetas y similares.

De acuerdo con el estudio para la primera fijación de los topes a las comisiones por el uso de datáfonos del Banco Central de Costa Rica, estas empresas son de los actores económicos más beneficiados por el ajuste a la baja de dichas comisiones, tan es así que el límite máximo de 2.50% (inicial) implica una reducción de 31 600 millones de colones en el costo total del servicio de adquirencia. El ahorro estimado sería absorbido principalmente, hasta en un 80%, por pequeñas y medianas empresas. Lo cual es, a todas luces, un impulso innegable en el camino de la reactivación económica.

Antes de la aprobación de la Ley Nº 9831 del 24 de marzo de 2020, o Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas las comisiones pagadas por pequeños comercios eran el doble y hasta el triple de lo que pagan ahora. Las comisiones rondaban el 4.25% y hasta el 7% en casos específicos, ganancia que iba directamente a los bancos y entidades financieras.

Con la aprobación de la ley, y según un estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, no solamente se produjo un beneficio para las empresas sino también para los consumidores; dicha mejora significó una reducción de un 1% en el costo de la vida, una cifra harto significativa pues equivale a un ahorro superior a los 100 000 millones de colones.

Esta situación, como es esperable, no tiene contentos a los bancos, quienes han visto disminuido su lucro, debido a dicha reforma. Tan es así que, siendo ya tiempo para que el Banco Central determine las nuevas comisiones máximas, las cuales se esperaba fueran, para este momento de 1.75%, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ha incidido para que se retrase la rebaja hasta el año 2024 y ha presentado una solicitud para que la División de Pagos del Banco Central sea retirada del proceso de fijación de comisiones máximas aduciendo que “es juez y parte” en el proceso.

En primer lugar, dichas solicitudes no solo vienen en franco detrimento de la continuidad de los beneficios que está promoviendo la aplicación de la ley, para los consumidores y las pequeñas empresas, sino que, tácitamente, están minando la autoridad de la institución que por ley de la República y por competencia técnica, fue facultada para la realización de tales rebajos.

Esto constituye, no solamente un error técnico desde el punto de vista del procedimiento administrativo, sino un daño considerable para las familias costarricenses, para la dinamización de la demanda interna y para el costo de la vida, lo cual, visto en perspectiva de la actual crisis económica producida por la pandemia en muchos sectores de la economía y de la coyuntura estacional de consumo (navidad y fin de año) resulta aún más gravoso.

La rebaja es necesaria, no solo porque así obliga la aplicación de la ley, sino porque los beneficios innegables, y demostrados, que ha generado la ley, se verán en un limbo a la espera de resolución, poniendo en solfa la esperable reducción de costo de la vida y configurando un duro golpe para el proceso de reactivación económica.

Se antoja totalmente inmoral pretender lucrar en exceso, en medio de condiciones en las que las afectaciones por la pandemia han sido tan profundas para algunos sectores y en medio de un proceso en el que la productividad necesita de empujes vigorosos como este, no maneras subrepticias de conservar beneficios excesivos.

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*Luis Carlos Olivares: Economista y abogado, especialista en Análisis, Formación y Efectividad de las políticas Públicas para el desarrollo, investigador académico y columnista, con cerca de una década de experiencia en el área de investigación de política pública, reforma del Estado y derechos humanos. Ha publicado asiduamente en medios de difusión nacional y a nivel regional artículos académicos en el ámbito de la Economía y el análisis económico del Derecho.