Ley para plataformas de transporte: El proyecto olvidado en el Congreso

El texto de ley permanece desde hace menos de un año en las gavetas legislativas, porque el Gobierno, quién lleva el control de la agenda, no lo convoca para ser tramitado.

A menos de un año que termine el periodo legislativo, el proyecto para regularizar plataformas de transporte como Uber, In Driver y Didi, duerme el sueño de los justos, tanto en Casa Presidencial como en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

Un tema que, según ambas partes, es urgente para dar seguridad jurídica a los choferes de plataformas así como al gremio de los taxistas.

A pesar de ello, el texto de ley permanece desde hace menos de un año en las gavetas legislativas, debido a que el Gobierno, quién lleva el control de la agenda, no lo convoca para ser tramitado.

De acuerdo con el presidente de la Comisión legislativa, Roberto Thompson, el Gobierno no tiene un compromiso real con la regulación de plataformas.

‘Nosotros propusimos un proyecto. El Ejecutivo no le da ninguna prioridad . En las sesiones extraordinarias nunca ha sido convocado y nosotros esperamos a que lo convoque para poder entrarle y resolver. Eso está en el sueño de los justos. Entendiendo que no el proyecto no avanza en manos del Ejecutivo, la meta que tenemos es tratar de sacar esa regulación a partir del mes de agosto, que empiezan las sesiones ordinarias. Todos (plataformas y taxis) están de acuerdo en la regulación’, dijo el liberacionista.

Por su parte, el independiente Erick Rodríguez Steller aseguró que el Poder Ejecutivo y algunas fracciones políticas no tienen la voluntad de revivir el proyecto, más ahora con la apertura de los juegos electorales.

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‘Ese proyecto lo dejaron durmiendo. Lamentablemente, lo dejaron morir en la Comisión. El Gobierno está midiendo el costo político para no echarse encima a los taxistas y no hay voluntad para revivirlo. El Ejecutivo tiene muchos problemas con el proyecto de Empleo Público y no va a abrir nuevos flancos, pero también hay que decir que algunas fracciones, que creen que pueden pescar votos, no le quieren entrar. Cuando el legislativo tuvo la agenda, a algunos no se les vio voluntad. Como ya empezaron los juegos políticos, no le quieren entrar ni para atrás ni para adelante’, señaló.

Mientras tanto, el oficialista Luis Ramón Carranza  señaló que el tema de plataformas es una deuda pendiente e insistirían con el Ejecutivo para que convoquen el expediente 21.587.

‘Hay un  montón de proyectos que no han sido convocados. La agenda se ha visto interrumpida por los proyectos de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Uno de esos proyectos es el de Uber (sic) y tenemos que resolverlo ya que es una deuda pendiente. El Ejecutivo no nos da explicaciones, pero como Comision, podemos hacer un llamado al Gobierno para que lo convoquen. Hay que darle un marco jurídico a los taxistas’, dijo

Plataformas y taxis

En agosto del 2020, la plataforma de transporte, Uber, hizo un llamado al Gobierno para que permitiera la discusión del expediente 21.587, ya que ‘en medio de una de las situaciones más difíciles que ha vivido Costa Rica y el mundo, es urgente garantizar la seguridad jurídica de las miles de personas que dependen de los ingresos que se generan a través de aplicaciones’.

“… es urgente que el gobierno permita la discusión del proyecto de ley 21.587, Ley Reguladora de los Servicios de Transporte de Personas por medio de Plataformas Tecnológicas, propuesto por un grupo multipartidario de diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, quienes lograron un consenso histórico, dejando atrás sus banderas partidarias y dando un primer paso para una discusión impostergable”, detallaron en una misiva.

¿Qué dice y dónde quedó el proyecto?

Cabe recordar que el proyecto que presentado por el Poder Ejecutivo fue desechado por los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos

En septiembre de 2019, los legisladores construyeron un texto sustitutivo que contempla, entre varios puntos, una autorización para que los vehículos en la modalidad de taxi que tengan menos de 8 años de antigüedad, requieran solo una revisión técnica vehicular por año.

En el caso de los modelos que superen los ocho años de antigüedad, requerirán una revisión vehicular cada seis meses.

Además, los concesionarios podrán sustituir sus vehículos usados en la modalidad de taxi cuando así lo requieran, siempre que el vehículo que suplanta al anterior, no supere el máximo de antigüedad permitida para la prestación del servicio.

Otro punto considerado es que se establece la autorización para la colocación de mecanismos de publicidad (siempre y cuando no impida la visibilidad de los usuarios y del conductor hacia el exterior) tanto a lo interno como en la parte posterior externa de los taxis y en el caso de la tarifa, fungirá como un precio máximo de referencia.

Por debajo de esa tarifa, el prestatario del servicio y el cliente podrán convenir un precio del servicio.

Finalmente, las empresas que administran estas plataformas pagarán un derecho de registro de 20 salarios base para operar en el territorio nacional, el cual será renovado cada 4 años con un costo adicional de 10 salarios base.

Actualmente, el expediente está en una subcomisión y reposa en el sueño de los justos, según palabras de Thompson, ya que posteriormente, entraron a regir las sesiones extraordinarias, las cuales son llevadas por Casa Presidencial.

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