El Frente Amplio propuso un proyecto para crear la Ley Nacional de Voluntariado que “busca garantizar seguridad jurídica a las personas que realizan labores de voluntariado en nuestro país”, según se informó.
La propuesta de ley nace a raíz de que no existe una legislación para esta actividad tan frecuente en el país, de manera que pueda ofrecer seguridad jurídica, pero además mejores condiciones de protección y de trabaja en su desempeño.
Según el diputado Antonio Ortega, proponente del proyecto, existen prohibiciones legales y trabas burocráticas que le impiden a muchos profesionales que desean hacer voluntariado y en ocasiones incluso lo evitan “so pena de sanción, pese a que ofrecen su trabajo de manera gratuita”.
El expediente 23.720 cuenta además con el apoyo del legislador Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).
La ley busca regular eso, de manera que quien quiera ofrecer su trabajo voluntario para organizaciones de bien social no tengan problemas de ningún tipo y más bien sean estimulados a hacerlo para el beneficio de las personas más vulnerables a través de organizaciones sociales, como la misma Cruz Roja.
“Nuestro país no cuenta con una legislación específica sobre voluntariado, pero esto no significa que la sociedad costarricense sea ajena a este tipo de colaboración social, que es de gran impacto y relevancia humanitaria”, asegura Ortega.
El diputado Ortega relata a la brevedad el espíritu de esta ley:
Cómo nace la Ley Nacional de Voluntariado
Según explica esta agrupación política en octubre de 2022 se realizó en nuestro país el primer Congreso de Voluntariado Costarricense, que derivó en la creación del Comité Multisectorial de Voluntariado Costarricense y la Red Estatal Universitaria de Voluntariado Estudiantil.
Antes, en 2018, un grupo de ciudadanos presentó ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa la primera propuesta para crear la Ley Nacional de Voluntariado.
“Siguiendo ese espíritu, la presente propuesta, de ley elaborada desde el despacho del legislador frenteamplista, busca promover y facilitar la participación de la ciudadanía en el voluntariado y ‘…fijar los requisitos que deben reunir los voluntarios y el régimen jurídico de sus relaciones con las entidades de voluntariado (tales como recibir orientación, ser tratadas sin discriminación alguna y estar cubiertas por riesgos de accidentes) y determinar las funciones generales del Estado en el ámbito de sus competencias en materia de voluntariado’ (según reza el proyecto).”