Aunque ya era un secreto a voces y algo muy evidente desde que la Ley de empleo de empleo público se discutía en comisión, los congresistas Paola Vega y Welmer Ramos no solamente han llevado la contraria al mandato de la fracción legislativa, sino que han visto enfrentados varias veces a Paola Vega y Víctor Morales.
Las críticas vienen de los diputados de otras fracciones, que cuestionan el rechazo de Vega y Ramos al proyecto concordado entre las fracciones.
El enfrentamiento de Vega es particularmente contra Enrique Sánchez y Víctor Morales fue evidente en torno a la existencia del tema de empleo público en el plan de gobierno del PAC. Ramos aceptó su existencia, pero no está de acuerdo en la propuesta realizada.
El economista considera que la reforma de Empleo Público no es un plan del Gobierno, sino debería ser una propuesta construida por todas las fracciones legislativas y el texto que está siendo analizado, es una ‘chambonada’.
‘Este proyecto de ley, si bien está estipulado en el programa de Gobierno del PAC, el mismo Partido Acción ciudadana ha dicho que no está de acuerdo ha como se ha formulado (…) Creo que (el texto) se ha formulado de una manera chambona y con una serie de inconstitucionalidades’, dijo.
Incluso Ramos cuestionó que se pretenda ‘meter mano arteramente’ a poderes de la República e instituciones del Estado.
Víctor Morales Mora fue enfático en decir que “el proyecto de ley de empleo público es un proyecto del gobierno de la República, del Partido Acción Ciudadana, respaldado por la fracción del partido Partido Acción Ciudadana y de esto no debe caber la menor duda”. Para Morales la responsabilidad patriótica de todos los partidos es la que se impone. Además, también respaldó el hecho de que la propuesta de ley de empleo público sigue el programa de gobierno del PAC.
Para Vega, ciertamente está incluido el tema en ese plan, “pero no esta reforma de empleo público, prometimos -y la que redactó el plan de gobierno fui yo, don Víctor- una reforma no fiscalista, centrada en la mejora de la calidad del empleo y que no pusiera el riesgo el Estado Social de Derecho, y eso no es lo que estamos haciendo aquí”, declaró en plenario la legisladora.
Vega sostiene que esa propuesta que está hoy en la asamblea sea parte de la oferta programática y los ideales PAC.
Dijo que “sí es una propuesta del Gobierno, pero no del Partido Acción Ciudadana”.
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Luego fue el jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, quien salió a aclarar el porqué la propuesta de unificar el régimen de empleo público sí está en el programa de gobierno de esa agrupación política
Sánchez expresó que “en honor al trabajo de miles de personas partidarias que participan en la construcción de un programa de Gobierno, que son cientos en comisiones que trabajan por cuatro años elaborando y construyendo colectivamente quisiera señalar lo que explícitamente dice la página 123 de nuestro plan de Gobierno…” De esta manera, Sánchez lanza un dardo a la presunción de la legisladora Paola Vega cuando se arrogó la redacción del plan.
Entonces leyó Sánchez estos párrafos que están en la propuesta de Gobierno 2018 del PAC:
“Implementación de una reforma del empleo público basada en la eficiencia y la equidad. Modernizar el empleo público mediante un diálogo sectorial para incentivar la eficiencia y los resultados de la gestión pública. También, corregir las desigualdades salariales y de otros tipos que hay entre regímenes de empleo público”.
“Crear una única ley que regule este tópico, con posibilidad de crear sub-regímenes de empleo público, vía acto administrativo motivado, que permita atender aquellas tareas particulares de la administración
pública”.
“Implementar un sistema de remuneraciones para compensar de forma justa la relaciones entre cargas de trabajo-remuneraciones que existen en la Administración Pública”.
El diputado rojiamarillo indicó que estas propuestas vienen incluso del Ideario Ciudadano planteado en el año 2000 cuando se fundó al PAC.
Esta ley ha enfrentado también dentro del PAC a dos grupos contrarios, unos a favor del empleo global e igualitario para todos los funcionarios y otros en contra, quienes piden que las universidades, municipalidades y hasta el Poder Judicial sean excluidos, principalmente por la separación e independencia de poderes.
Vega, por otra parte, reclamó que los tienen secuestrados con un solo proyecto y que las comisiones deberían ponerse a trabajar en otros proyectos.
Todas las molestias surgieron después de que una moción de la diputada Yorleny León, la 279, incluyera de nuevo a municipalidades y universidades en el régimen de empleo único del proyecto.
Con información de Pulsocr.com