La semi-esclavitud en el campo es una realidad que ha sido eludida en Costa Rica, pero ¿a quién le importa?

El pensamiento, el esfuerzo y la voluntad políticos, la acción gubernamental y de toda la institucionalidad del Estado costarricense, así como los ciudadanos mismos, han dejado de mirar hacia el campo costarricense, hacia el peón explotado.

Geovanny “Debrús” Jiménez. OPINIÓN. Hoy algunos se sorprenden e incluso expresan desconocimiento por una realidad que viven cientos de miles de personas en las grandes plantaciones. Sin embargo, para quienes hemos estado ahí y lo hemos dicho de manera reiterada, frente a oídos sordos, no hay nada nuevo bajo el inclemente sol de la Zona Norte, del Caribe o de la Zona Sur.

Desde la Huelga Bananera de 1934 hasta el presente prácticamente nada ha cambiado en las zonas donde se realizan cultivos de agricultura extensiva o de grandes plantaciones, en Costa Rica en particular hablamos de las bananeras y las piñeras, principalmente, pero existen otro productos tropicales y ornamentales para la exportación que también trabajan con esquemas de explotación similares.

El punto es claro: estas personas trabajan en un régimen de semi-esclavitud, donde sufren muchas vejaciones, maltratos y desventajas que no han cambiado de 1934 a 1970 o de 1994 hasta hoy, por nombrar cualquier año. Para no alargar mucho el tema, vamos a ser puntuales:

No existe la legislación ni las garantías laborales. En estas plantaciones la práctica de evadir las garantías sociales se aplica con toda frescura, a los ojos de autoridades, políticos, legisladores y ciudadanos. Es vox pópuli para los trabajadores de esas plantaciones que “esa cosa de las garantías sociales es para gente de la Meseta”. El mecanismo es sencillo: antes de que el trabajador cumpla los 3 meses es despedido para no tener que asegurarlo. El trabajador entonces debe seguir su camino a otra plantación donde sucederá lo mismo, y así a lo largo del año trabajan unos meses sí y otros no, según sea la demanda. Como es lógico la pobreza en esas comunidades es el común denominador. Algunos capataces y el personal administrativo es asegurado para mantener el control “de la manada” y reportar trabajadores al sistema de seguridad social del país. Es decir, aparentar.

Es un asunto cultural. La aceptación de ese status quo se da en los mismos trabajadores, quienes nunca han conocido otra oportunidad. Cuando alguien habla de seguridad social es objeto de burlas y desprecios. Uno puede ir a esas comunidades y regresar una o dos décadas después sin que nada haya cambiado, excepto por aquello que invierta el Estado en infraestructura educativa, de salud o vial. Pero las comunidades por sí mismas no crecen y ni siquiera lo piensan, las casas son las mismas década tras década, llenas de polvo y desolación. Y esa situación así conviene a las empresas exportaciones que producen en grandes cantidades, porque pueblos con ambición, educados y conocedores de sus derechos no son convenientes para ser esclavizados en el campo bajo ardientes soles.

El trabajo de los extranjeros. Por supuesto, el uso y abuso de los trabajadores nicaragüenses es una realidad que hoy muchos conocen, pero que siempre ha existido año tras año. El nicaragüense es un trabajador nómada, así como conviene a las plantaciones, llegan por temporadas y luego se van a su país, con algo de dinero para paliar la pobreza que viven en su país. Pero también hay otra realidad: sin esos trabajadores nicaragüenses muchos cultivos no podría plantarse ni cosecharse en el momento oportuno. Es decir, hay una simbiosis donde Costa Rica necesita a esos trabajadores como ellos necesitan el trabajo que se les ofrece. Y, claro, las empresas aprovechan para incluso pagar menos del salario mínimo y menos de lo que pagan a costarricenses.

Las condiciones de salud son pobres. Para nadie es un secreto que muchas de estas empresas operan con agroquímicos como los pesticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas y otros que, aparte de ser perjudiciales para el medio ambiente y las reservas de agua, provocan daños en la salud humana. Hay reiteradas denuncias por despidos a trabajadores que piden mejores condiciones de protección en el manejo de estos químicos, cuyo efecto en muchos casos se desconoce en la causa de varios tipos de cáncer. Pero además existen otras condiciones de contagio de virus y bacterias, así como riesgos de salud ocupacional, que los trabajadores asumen por su propia cuenta todos los días en su trabajo. Las empresas no asumen en muchos casos seguros de protección ni adquieren equipos de protección en trabajos riesgosos. Lo que ha sucedido con el Covid-19 en San Carlos y en estas empresas no es, para nada, una sorpresa, sin consideramos esta realidad.

Una pobre educación. No es casualidad que los peores indicadores de la educación formal pública del MEP nos muestren algunas áreas del Caribe o territorios circundantes a las grandes plantaciones. La deserción de los pubertos que salen de primaria, por ejemplo, son ejemplos de cómo las familias necesitan enviar a sus hijos al trabajo de campo por necesidad. Es cultural que en estos territorios, por lo general, la gente no crea que la educación sea valiosa para mejorar a las personas o su calidad de vida. Conforme en esos sitios el nivel educativo mejore, así serán las oportunidades y alternativas al trabajo duro del campo. Por ejemplo, recientemente un proyecto quiere analizar las posibilidades del turismo en el cantón de Guácimo (contiguo a Pococí), donde hay cientos de estas fincas bananeras, piñeras, de yuca, ornamentales y de otros cultivos.

Más profesionales, menos trabajadores en el campo. Hay una realidad ineludible: mientras más costarricenses se eduquen y quieran ser administradores, tecnólogos, educadores, ingenieros, abogados y otras profesiones, menos personas van quedando para el trabajo de peones agrícolas, de semi-esclavos para esas grandes plantaciones. Y eso ha venido sucediendo en el país y particularmente en los cantones donde se encuentras estas plantaciones. Sin embargo, muchas de esas personas que estudian y prosperan no se quedan en sus comunidades, sino que huyen a los centros urbanos para ejercer. Así, entonces, muchos terrenos se convierten en pueblos fantasmas, sin habitantes, que sirven como cuarterías o proveedores de los trabajadores nicaragüenses, que llegan cada día más. Si no hay ticos que hagan el trabajo vendrán siempre más nicaragüenses. Y es un hecho que los ticos ya no quieren hacer esas labores tan duras ni vivir en el Comala en que se convierten sus pueblos.

Todos esos factores necesariamente consumen vidas en un pantano de conformismo y resignación, que encuentra una salida en el alcoholismo y, recientemente, en las drogas. La ignorancia, pero además la desesperación, en un contexto donde las personas perciben que no son importantes para nadie, construyen trabajadores baratos y esclavizados para los grandes intereses.

Hoy como antes, esta situación no es nueva, ¿pero a quién importa realmente? Ningún Gobierno ha querido, o no ha podido, enterarse de este gran problema y poner el dedo en la yaga. Y existen razones para entender por qué eso sucede así.

Las grandes plantaciones, como piñeras y bananeras, así como frutales en general, son importantes exportadores del país, que permiten tener una balanza comercial de pagos (relación entre exportaciones e importaciones) en equilibrio, pero además generar ingresos al país. Es decir, las exportaciones son vitales para mantener una economía sana. Por esa razón los Gobiernos se han hecho de “la vista gorda” desde siempre, porque todos esos cultivos contribuyen en la activación de la economía y la generación de empleos, aunque dañen el ambiente y exploten a las personas.

Pero es ahí donde está el asunto, se trata de generación de malos empleos y, en la mayoría de casos, de subempleos. Por eso es comprensible que en Costa Rica los indicadores de empleo disminuyan año con año y los de subempleo aumenten. Incluso, gran cantidad del trabajo que generan estas plantaciones funciona bajo la sombra de la ilegalidad y de contratistas -intermediarios- que no reportan los datos reales, o simplemente funcionan al margen de la ley y no reportan nada.

Indudablemente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en estos temas nunca ha cumplido su labor. Ahí es donde ha estado el germen de cultivo para la omisión, la corrupción y la actuación errática de todos los gobiernos que hemos conocido, incluyendo al PLN, al PUSC y, por supuesto, al PAC. Este último partido era el llamado a hacer un cambio, pero es claro que en las zonas rurales la acción ciudadana no existe, y que este partido no se ha interesado en ese tema.

Durante décadas, la Universidad de Costa Rica, así como otras universidades públicas, organizaciones no gubernamentales y algunas entidades del Estado, han realizado investigaciones en las que se ha comprobado esta situación de semi-esclavitud, pero esos trabajos duermen el sueño de los justos en archivos de diversa índole.

Partidos socialistas y progresistas que eran los llamados a tener una visión a favor del trabajador han cambiado su agenda para defender intereses y derechos de organizaciones civiles con más colmillo, estudio y presencia en la sociedad, como la comunidad LGTBi, el feminismo, las poblaciones discapacitadas y otros. Pero, aparte de esas luchas tan valiosas, no han tenido suficiente músculo también para mirar hacia los derechos humanos y económicos de las poblaciones más vulnerables de la sociedad, como los trabajadores del campo. Se tratan de agendas modernas que ya no ven a las personas pobres por todas sus condiciones sociales, sino que privilegian unas sobre otras, como si son hombres o mujeres, por ejemplo.

El pensamiento, el esfuerzo y la voluntad políticas, la acción gubernamental y de toda la institucionalidad del Estado costarricense, así como los ciudadanos, han dejado de mirar hacia el campo costarricense, hacia el peón explotado.

A Cadexco (Cámara de Exportadores de Costa Rica), ni mucho menos a la UCCAEP, les importa operar para la protección de sus trabajadores. El hecho de que la misma presidenta de Cadexco, Laura Bonilla Coto, mostrara rechazo directo a las medidas ejecutadas por el Gobierno para combatir el Covid-19, y que fuera en varias de sus empresas exportadoras de San Carlos donde se encontraran los mayores casos de contagio importados por trabajadores nicaragüenses que ingresaron de manera ilegal, da cuenta clara de eso.

Tampoco los sindicatos operan para defender los derechos de los trabajadores del sector privado en estas fincas. Aunque debe reconocerse que han intentado ingresar y crear sindicatos, lo cierto es que el fuerte de sus luchas opera solamente con los beneficios de los empleados públicos.

Esta es una población que a nadie importa. A nadie. Es más, yo podría estar escribiendo esto para unos cuantos lectores, solamente, la gran mayoría ni siquiera llegarán a este final. Pero debe decirse y siempre queda la esperanza de alguien que quiera y pueda hacer el cambio haya llegado a este lugar, el lugar del olvido en que son sometidos los más débiles de la sociedad, los que ponen el músculo para apenas sobrevivir.

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