La responsabilidad de la firma del gobernante ◘ Voz propia

Sobre la responsabilidad y lo materialmente imposible en la gobernanza de un país a partir del caso UPAD.

Ministro de la Presidencia Marcelo Prieto, Presidente de la República Carlos Alvarado y Presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, Firma de la Reforma Constitución Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, Casa Presidencial. 22 junio 2020. Foto: Roberto Carlos Sánchez @rosanchezphoto


A raíz de un post de Facebook hace unos días, muchos insisten en que el presidente es responsable por cada firma que estampa y debe asumir todas las consecuencias de esa rúbrica. No es mi afán justificar, ni excusar, ni defender al presidente, pero hay algo fáctico que me preocupa en este caso.

El mismo mandatario en su comparecencia dijo que firma 5.200 documentos legales al año (incluye decretos, leyes de la República, memorandos, directrices, reglamentos y otros similares). Dijo que si se pusiera a leer esa cantidad de documentos y analizarlos tendría que dejar de gobernar, es decir, de hacer todo lo demás. Lógicamente, eso tiene sentido.

Aquí el problema es entonces de quién es la responsabilidad, porque en nuestro tiempo, donde los opositores andan tan preocupados por asignar culpas al contrario (incluyo al PAC), será claro que si el equipo del presidente falla (incluyendo personal técnico de planta que no necesariamente tenga afinidad política o ideológica con el gobernante), entonces la culpa será del presidente. El Departamento Legal de Presidencia, por ejemplo, es equipo técnico de planta permanente con una plaza del Estado, así que si falla no podrá ser despedido por el mandatario si lo compromete porque no es personal de confianza, excepto cuando haya dolo. Por esa razón, los gobiernos deben llevar su propio equipo de asesores y personas cualificado para cuidarle las espaldas al presidente. Ese equipo, sin duda, falló en el caso de la UPAD, pero el jefe no ha querido culparlos.

Algunos dicen, con toda razón, que el presidente debería de leer y analizar por lo menos los documentos más relevantes y, claramente, informarse bien con su equipo sobre cada compromiso que asuma con su firma. Pero, ¿cómo saber que un documento para crear una oficina de 3 personas va a levantar tanto revuelo, como en el caso UPAD? Imagino a los equipos de Crhoy, Extra o Elmundocr revisando con lupa cada decreto que firma Alvarado para encontrarle alguna minucia y armar un nuevo escándalo previo a las elecciones. Es un intríngulis político y gerencial que se las trae.

En todo caso, no quepa duda que tarde o temprano el mayor jerarca del país fallará, o lo hará su equipo, aunque él lo respalde. Y ese fallo será sobre valorado en los medios (porque eso vende también) y el presidente deberá aceptar siempre su responsabilidad y hacer un mea culpa siempre que pueda. En el caso de la UPAD, Carlos Alvarado aceptó en la audiencia ante la comisión del Congreso que el decreto tenía errores y por eso duró solamente 5 días vivo, fue derogado de inmediato. Habló de errores puntuales y de orden técnico, pero muchos prefieren creer que fueron “graves errores de fondo”; en este espacio se da el debate y, como es natural, los opositores quieren con todas ansias culpar al mandatario, y sus defensores justificarlo.

Es decir, tanto tiene la razón quienes exigen responsabilidad por la firma, como el presidente cuando dice que es materialmente imposible para él leer y analizar 5.200 documentos al año. (Continúa abajo…)

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Ahora bien, algunos han querido comparar Crucitas o la Trocha con el caso UPAD y las excusas de los respectivos presidentes en sus momentos, desligándose de lo sucedido. La diferencia es abismal: asunto muy diferente es firmar un decreto para permitir la minería a cielo abierto (prohibida en el país e incluso su rechazo es parte de los programas educativos desde siempre) con el amplio desprecio de la población, o impulsar el gran proyecto de una carretera fronteriza precipitadamente, que darle forma legal a una oficina de 3 personas para el análisis de datos que permitan mejores decisiones en las políticas públicas.

Lo que sí es cierto es que los presidentes deben priorizar y revisar por sí mismos los documentos de mayor trascendencia, porque quiera o no, no puede quitarse de encima la responsabilidad de cada error de su grupo de trabajo.

Mi punto es que dos aprendizajes quedan para un gobierno que se pretenda, no infalible, pero al menos cuidadoso, prudente y transparente: la necesidad de un un equipo muy calificado y establecer un proceso pulcro, correctamente escalonado, que revise desde varios puntos de vista, en un control cruzado, cada documento que firma un presidente. Entiendo que existe en Casa Presidencial, pero evidentemente falló en el caso de la UPAD.

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